Leopoldo Gómez Cortez

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Leopoldo Gómez Cortez
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Leopoldo Gómez Cortez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa la vista que se le otorgó mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; sin que lo haya hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia de oficio en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitida ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Leopoldo Gómez Cortez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital. ACTO RECLAMADO: "La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el expediente de origen 297/2013." II. Seguida la secuela procesal con fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia definitiva, la cual otorgó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal en los términos siguientes: "Realice las actuaciones necesarias para desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral 297/2013, estas son la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a José Luis Soberanis Sotelo, así como la prueba de informe con cargo al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Zihuatanejo, o en caso de imposibilidad emita la determinación final al respecto." III. Luego, por auto de uno de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia respectiva y en el mismo acuerdo se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el cumplimiento de la sentencia de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió lo siguiente: Mediante oficio 7921/2022 de doce de septiembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto dictado en esa misma fecha, por el cual determinó declarar desierta la prueba de informe con cargo al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Zihuatanejo, toda vez que el oferente de la prueba no proporcionó los elementos necesarios para su desahogo. Asimismo, mediante oficio 7960 de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, anexó copia certificada del auto de diecinueve de enero del año en curso, del que se advierte que dada la incomparecencia del oferente de la prueba, declaró desierta la prueba testimonial con cargo a José Luis Soberanis Sotelo; todo lo anterior, dentro del juicio laboral de origen 297/2013 de su índice. IV. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora, esto es, si bien no desahogó las pruebas testimonial e informe de autoridad precisadas en párrafos precedentes, por causas atribuidas a los oferentes, sí emitió una determinación final con relación a la imposibilidad que tuvo para desahogarlas. V. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. En términos de los artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General señalado, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica; asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio que se provee y córrase traslado con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para lo informa que declaró desierta la prueba de informe ofrecida por la parte actora en el juicio laboral de origen. Con lo anterior, se puede advertir que la responsable cumple de manera parcial la ejecutoria de amparo, esto es, si bien no desahogó la prueba de informe, sí emitió una determinación final con relación a la imposibilidad que tuvo para desahogarla. No obstante lo anterior, se advierte que aún hace falta que informe sobre el desahogo o no de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a ************ En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento total a la sentencia de amparo; esto es: Realice las actuaciones necesarias para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a José Luis Soberanis Sotelo, o en caso de imposibilidad emita una determinación final con respecto a ese medio de convicción. Conforme a lo anterior, se previene a Miriam Cortes Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no cumplir exactamente con lo requerido en párrafos precedentes, se le hará efectiva la multa inserta en el auto de uno de junio de dos mil veintidós. Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del tribunal responsable dado que el mismo al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual atiende el requerimiento de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, para lo cual informa que a la fecha no ha sido devuelto el exhorto y oficio dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, por lo que giró un diverso oficio recordatorio para ello. Con independencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación del presente proveído, continúe informando el estado procesal que guarde el exhorto y oficio dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, o en el caso de contar con el desahogo de la prueba prueba de informe con cargo al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación Zihuatanejo, lo remita dentro del plazo referido. ASÍ TAMBIÉN, Y DENTRO DEL PLAZO ANTERIOMENTE OTORGADO, REMITA LAS CONSTANCIAS DONDE SE ACREDITE QUE SE HIZO EFECTIVA LA MULTA IMPUESTA AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SUBDELEGACIÓN ZIHUATENEJO, GUERRERO. Conforme a lo anterior, se previene a Miriam Cortes Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no cumplir exactamente con lo requerido en párrafos precedentes, se le hará efectiva la multa inserta en el auto de uno de junio de dos mil veintidós. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese.

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