Leopoldo Gil Sánchez

Expediente 1769/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1769/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Leopoldo Gil Sánchez
  • Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1769/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito del quejoso LEOPOLDO GIL SÁNCHEZ, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo originaria de este asunto. En atención al desistimiento que realiza, para que este Juzgado esté en condiciones de proveer lo conducente, requiérase a la parte impetrante de amparo para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Tribunal en días y horas hábiles debidamente identificado a ratificar el escrito que se provee en relación al desistimiento; en la inteligencia que de no hacerlo así, se le tendrá por desinteresado al respecto y se proseguirá con la substanciación del presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Agosto de dos mil seis, página 295, Novena Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO". Se faculta al Actuario de la adscripción, para que en caso de que entienda la diligencia personalmente con LEOPOLDO GIL SÁNCHEZ, le requiera en ese momento la ratificación del escrito de desistimiento. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.MIDM*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en los autos del recurso de queja penal 353/2018, a través de la cual dicho Tribunal de Alzada resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente de la recepción del testimonio de la ejecutoria de mérito, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, se provee: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En un hecho notorio la circular número 32 publicada en el boletín judicial de tres de abril de dos mil diecinueve, que contiene el acuerdo emitido por los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de marzo pasado, por el que se modifica la distritación en materia penal tradicional, se extinguió el Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial y se modificó la denominación y competencia, de los Juzgados Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial y Mixtos de Primera Instancia del Segundo y Tercer Distritos Judiciales; siendo así que en acatamiento al artículo 5 del citado acuerdo, que entró en vigor el once de abril del presente año, a partir de la citada fecha, el Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, con competencia en todo el territorio del Estado de Morelos; por ende, se tiene como autoridad responsable sustituta a ésta última, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por MARIO ALBERTO TAMAYO GARCÍA, quien se ostenta como defensor particular de LEOPOLDO GIL SÁNCHEZ, contra actos del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL PROMOVENTE DE AMPARO. Tomando en consideración que el promovente manifestó tener el carácter de defensor particular del quejoso, en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 14 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUEZ ÚNICO EN MATERIA PENAL TRADICIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita la certificación correspondiente, de la que se advierta el carácter de MARIO ALBERTO TAMAYO GARCÍA como defensor particular del quejoso dentro de la causa penal 96/2017-3; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del término concedido o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 en relación al 236 de la Ley de amparo. Sin perjuicio de acordar lo conducente respecto a la personería del promovente de amparo, hasta en tanto la responsable remita las constancias solicitadas o informe sobre el tratamiento dado a la solicitud efectuada por la parte quejosa. En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada y se ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público que haya intervenido en causa penal 96/2017-3 del índice del juez responsable, y en términos del inciso c), de la citada fracción y numeral, le asiste el carácter de tercero interesado a la víctima del delito por el cual se instruyó contra el quejoso la causa penal de origen. En ese sentido, por conducto del JUEZ ÚNICO EN MATERIA PENAL TRADICIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS, emplácese al presente juicio de amparo al Agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa penal 96/2017-3; en el entendido de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, deberá remitir a este Juzgado las constancias con las que se acredite el emplazamiento en comento. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese oficio al JUEZ ÚNICO EN MATERIA PENAL TRADICIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de tres días que serán computados legalmente, proporcione en sobre cerrado el nombre y domicilio actual y correcto (particular o procesal) de la víctima que obre dentro del causa penal 96/2017-3. Por otra parte, dentro del mismo término se requiere a la autoridad responsable a efecto de que informe la existencia de diversos juicios de amparo relacionados con el presente. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja y quedó registrado con el número 353/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Arturo

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