Leopoldo Domínguez Burgos

Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
753/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Leopoldo Domínguez Burgos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IX... Toda vez que feneció el plazo que prevé el artículo 86 con relación al 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. De conformidad con los capítulos cuarto, artículo 14 y octavo artículo 21 inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción. Asimismo, en términos del capítulo octavo, artículo 21 inciso c), del multicitado acuerdo general el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar se negó. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, remítanse ambos expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De conformidad con el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general en cita el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    IX... Agréguese sin mayor proveído la razón actuarial que antecede, a través de la cual el fedatario judicial de la adscripción señala los impedimentos que tuvo para localizar a los terceros interesados, toda vez que en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    IX... se tiene a las autoridades responsables rindiendo informe con justificación. Ahora, de las constancias que acompañan -a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley invocada-, se advierte la actualización de la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, con relación a la fracción XXI del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo... En principio es pertinente señalar que la citada fracción XXI establece la denominada cesación de efectos del acto reclamado que significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. De la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, a efecto de dilucidar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que el quejoso reclamó del Juez Quinto Familiar de Cuautitlán, Estado de México, el acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente 697/2021, en el que ordenó una pensión alimenticia a favor del menor con iniciales A.L.D.R (cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar su privacidad) y Carmen Rangel Portugal, consistente en dos Unidades de Medida y Actualización diarias vigentes, la cual debía exhibir de manera mensual. Luego, de las documentales relatadas, se advierte que en acuerdo de diecisiete de este mes y año, se dio por terminado el juicio de origen, en virtud que no compareció la actora a la audiencia de avenencia, por lo que se dejaron insubsistentes las medidas provisionales adoptadas en ese procedimiento, incluida la pensión provisional decretada en el auto de catorce de mayo pasado, dando por concluido dicho procedimiento. Por tanto, es evidente que la pensión provisional decretada en el auto reclamado en esta instancia, ha quedado insubsistente, por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sobre esa base y por las razones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    IX... Se admite a trámite la demanda de amparo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Requiérase a las partes para que en el momento de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano federal. Se apercibe a la impetrante que en caso de que las autoridades que indica no puedan ser notificadas con la denominación que refiere, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Dése la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se fija día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.

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