Leopoldo Cruz Lopez
Expediente 486/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leopoldo Cruz Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito del quejoso; en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en auto de veinte de agosto del presente año, en el cual se dejaron a su disposición los documentos que anexó a su escrito de demanda, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; y se le tiene como autorizado para recibirlos a la persona que menciona en su ocurso.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Desahogo de prevención. Vista la constancia que antecede, de la que se deprende la comparecencia de la parte quejosa **********, por medio del cual ratifica la firma que calza el escrito registrado con el número 5991, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de julio del presente año y exhibe copias para correr traslado a las partes. Ahora bien, en dicho escrito aclaratorio manifestó la parte quejosa: "[.] 3. Dando cumplimiento al último requerimiento, cierto es que, dichas declaraciones derivan del oficio consistente en el informe de reubicación definitiva, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato." Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda señala como actos reclamados: 1. Informe de Reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato, bajo el número de oficio D.F.************. 2. Acuerdo DH-******* emitido de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 3. Las declaraciones en medios públicos realizados por la Presidente Municipal ********* respecto a la intención de reubicación de los comerciantes del lugar donde tenemos derecho a ejercer el comercio a efecto de influir en el ánimo de la opinión pública en contra de la dignidad del suscrito. 4. Los supuestos dictámenes realizados por las Direcciones de Tránsito y Policía Vial y Protección Civil y Bomberos. 5. El estudio de Viabilidad para la Colocación de Puestos en la Vía Pública realizado por la Dirección de Fiscalización. Señala como antecedentes del acto reclamado: "[.] PRIMERO. El suscrito ejerzo el comercio en la vía pública bajo el giro bisutería y artículos de navidad desde hace 41 años en la ubicación CALLE MORELOS FRENTE AL 115, zona centro de la Ciudad de Celaya, Guanajuato; con un metraje autorizado de 1. 00 mts por 1.50 mts, lo cual acredito con la cédula de Identificación de Comerciante en vía pública con número ****** a nombre de **********. Al día de hoy no me encuentro bajo ningún adeudo u obligación pendiente hacia la autoridad municipal, estando en tiempo y forma con el pago del permiso correspondiente; para ello exhibo el recibo de pago de 15 de julio de 2021 y la constancia de no adeudo de 24 de junio de 2021. SEGUNDO.- La Vigencia de mi permiso abarca el periodo comprendido del 15 de julio de 2020 al 15 de julio de 2021, por lo que ese mismo día, a las nueve de la mañana acudí a las oficinas de la Dirección de Fiscalización a realizar el trámite de refrendo anual para fotocredencializacion para vendedores ambulantes como lo he venido haciendo desde hace 41 cuarenta y un años, tal como lo acredito con las constancia y recibo de pago correspondiente, al momento de iniciar el trámite, de ningún modo se me hizo saber que hubiera alguna CONTRARIEDAD AL RESPECTO; .el tramite lo realice como habitualmente lo hago año con año, por lo que no note ninguna objeción al respecto. TERCERO. Bajo Protesta de decir verdad, en fecha 15 de julio de 2021, sin realizar ningún tipo de procedimiento administrativo ni conceder garantía de audiencia, al caminar sobre la calle Morelos, a la altura de la calzada Independencia, me intercepta un inspector de la Dirección de Fiscalización y me entrega el oficio D.F. ********1 consistente en El Informe De Reubicación Definitiva, de fecha 14 de julio de 2021, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Gto., ***********, el cual me señala que ya no puedo instalarme a trabajar en el lugar autorizado a partir del 16 de julio de 2021 y señalándome que tengo un espacio autorizado distinto al que habitualmente ocupo sin dar documento o razón alguna al respecto. En dicho acto no se me permite realizar ninguna manifestación, exhibir algún documento y negando en todo momento mi garantía de audiencia ni mucho menos me presentan algún otro documento que permita constatar la motivación del acto administrativo que modifica mi esfera jurídica y que hoy me aquejo. [.]". Asimismo en los conceptos de violación señala que desconoce todas las actuaciones que verificó la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato (arábigos 2, 4 y 6 de los actos reclamados), para emitir el oficio de reubicación definitiva de que se duele; mientras que en los conceptos de violación únicamente ataca el aludido oficio de reubicación. De igual forma, en su escrito aclaratorio, manifestó que las declaraciones o daños de que se duele (arábigo 3 de los actos reclamados), las hace derivar del oficio consistente en el informe de reubicación definitiva, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato. En esas condiciones se fija como actos reclamados: El oficio número D.F./********, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, así como las actuaciones que se tomaron en cuenta para su emisión y sus consecuencias. Ahora bien, en el citado oficio la directora de Fiscalización de esta ciudad de Celaya, manifiesta: Precisión de actos que también encuentra apoyo en la jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, se reitera, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de los actos reclamados consistentes en la misiva número D.F./*********, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, a través de la cual la directora de Fiscalización de esta ciudad de Celaya, hizo del conocimiento del accionante de la tutela federal, que derivado de la remodelación en la calle Morelos y los cambios de modalidad en el que se le otorgó el permiso para ejercer el comercio en vía pública 20-0598, perteneciente a la Unión de Comerciantes, derivado de los dictámenes realizados por las Direcciones de Transito y Policía Vial, así como por Protección Civil y Bomberos de esta municipio entre otros, se advierte que la colocación en calle Morelos se ha tornado riesgosa para la ciudadanía, usuarios, trabajadores y comerciantes; por lo que determinó que a partir del dieciséis de julio de la presente anualidad, podrá colocarse en pasaje Juana Vela Poniente entre Democracia y Artemio Venegas. En el anterior oficio se aplicaron disposiciones del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato. De esta manera cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 251 del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato, tal precepto dispone: "Artículo 251. En contra de los actos y resoluciones que dicten las autoridades municipales por la aplicación del presente Reglamento, procederán los medios de impugnación establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato". En esas condiciones, en contra de los actos reclamados, previo a la promoción del presente juicio, debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, o bien, el recurso de inconformidad en sede administrativa. Ello, porque a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de las referidas determinaciones, de conformidad con los artículos 226, 227, 234, 235 y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." "Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa." Ahora de la lectura íntegra de los preceptos trascritos, se advierte la existencia de los medios de impugnación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elección; por tanto, son estos medios de impugnación la alternativa del quejoso para controvertir los actos que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos aquí reclamados, encuadran en tales hipótesis, pues el oficio número D.F./0869/2021, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, suscrito por la directora de Fiscalización de esta ciudad de Celaya, se fundamentó en los artículos 209 y 210 fracciones V, VI, VII, VII, X, XII, XV, XVI, XIX y XXI, del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato; es decir, son impugnables a través de los medios ordinarios de defensa aludidos en parágrafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra de los actos reclamados destacados, el peticionario de amparo debió interponer optativamente, el recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la determinación contenida en el oficio reclamado, se fundamentó en el Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato (foja 16); asimismo, se considera que no solo se reclaman violaciones directas a la constitución, pues del escrito de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que el quejoso cuestiona la interpretación de los fundamentos que se citaron en los oficios reclamados, con lo cual queda de manifiesto que no solo aduce violaciones a la constitución, sino también expresa motivo de disenso de legalidad. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación." Determinación judicial En mérito de lo expuesto, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por ********, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Desahogo de prevención. Vista la constancia que antecede, de la que se deprende la comparecencia de la parte quejosa **********, por medio del cual ratifica la firma que calza el escrito registrado con el número 5991, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de julio del presente año y exhibe copias para correr traslado a las partes. Ahora bien, en dicho escrito aclaratorio manifestó la parte quejosa: "[.] 3. Dando cumplimiento al último requerimiento, cierto es que, dichas declaraciones derivan del oficio consistente en el informe de reubicación definitiva, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato." Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda señala como actos reclamados: 1. Informe de Reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato, bajo el número de oficio D.F.************. 2. Acuerdo DH-******* emitido de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 3. Las declaraciones en medios públicos realizados por la Presidente Municipal ********* respecto a la intención de reubicación de los comerciantes del lugar donde tenemos derecho a ejercer el comercio a efecto de influir en el ánimo de la opinión pública en contra de la dignidad del suscrito. 4. Los supuestos dictámenes realizados por las Direcciones de Tránsito y Policía Vial y Protección Civil y Bomberos. 5. El estudio de Viabilidad para la Colocación de Puestos en la Vía Pública realizado por la Dirección de Fiscalización. Señala como antecedentes del acto reclamado: "[.] PRIMERO. El suscrito ejerzo el comercio en la vía pública bajo el giro bisutería y artículos de navidad desde hace 41 años en la ubicación CALLE MORELOS FRENTE AL 115, zona centro de la Ciudad de Celaya, Guanajuato; con un metraje autorizado de 1. 00 mts por 1.50 mts, lo cual acredito con la cédula de Identificación de Comerciante en vía pública con número ****** a nombre de **********. Al día de hoy no me encuentro bajo ningún adeudo u obligación pendiente hacia la autoridad municipal, estando en tiempo y forma con el pago del permiso correspondiente; para ello exhibo el recibo de pago de 15 de julio de 2021 y la constancia de no adeudo de 24 de junio de 2021. SEGUNDO.- La Vigencia de mi permiso abarca el periodo comprendido del 15 de julio de 2020 al 15 de julio de 2021, por lo que ese mismo día, a las nueve de la mañana acudí a las oficinas de la Dirección de Fiscalización a realizar el trámite de refrendo anual para fotocredencializacion para vendedores ambulantes como lo he venido haciendo desde hace 41 cuarenta y un años, tal como lo acredito con las constancia y recibo de pago correspondiente, al momento de iniciar el trámite, de ningún modo se me hizo saber que hubiera alguna CONTRARIEDAD AL RESPECTO; .el tramite lo realice como habitualmente lo hago año con año, por lo que no note ninguna objeción al respecto. TERCERO. Bajo Protesta de decir verdad, en fecha 15 de julio de 2021, sin realizar ningún tipo de procedimiento administrativo ni conceder garantía de audiencia, al caminar sobre la calle Morelos, a la altura de la calzada Independencia, me intercepta un inspector de la Dirección de Fiscalización y me entrega el oficio D.F. ********1 consistente en El Informe De Reubicación Definitiva, de fecha 14 de julio de 2021, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Gto., ***********, el cual me señala que ya no puedo instalarme a trabajar en el lugar autorizado a partir del 16 de julio de 2021 y señalándome que tengo un espacio autorizado distinto al que habitualmente ocupo sin dar documento o razón alguna al respecto. En dicho acto no se me permite realizar ninguna manifestación, exhibir algún documento y negando en todo momento mi garantía de audiencia ni mucho menos me presentan algún otro documento que permita constatar la motivación del acto administrativo que modifica mi esfera jurídica y que hoy me aquejo. [.]". Asimismo en los conceptos de violación señala que desconoce todas las actuaciones que verificó la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato (arábigos 2, 4 y 6 de los actos reclamados), para emitir el oficio de reubicación definitiva de que se duele; mientras que en los conceptos de violación únicamente ataca el aludido oficio de reubicación. De igual forma, en su escrito aclaratorio, manifestó que las declaraciones o daños de que se duele (arábigo 3 de los actos reclamados), las hace derivar del oficio consistente en el informe de reubicación definitiva, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato. En esas condiciones se fija como actos reclamados: El oficio número D.F./********, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, así como las actuaciones que se tomaron en cuenta para su emisión y sus consecuencias. Ahora bien, en el citado oficio la directora de Fiscalización de esta ciudad de Celaya, manifiesta: Precisión de actos que también encuentra apoyo en la jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, se reitera, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de los actos reclamados consistentes en la misiva número D.F./*********, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, a través de la cual la directora de Fiscalización de esta ciudad de Celaya, hizo del conocimiento del accionante de la tutela federal, que derivado de la remodelación en la calle Morelos y los cambios de modalidad en el que se le otorgó el permiso para ejercer el comercio en vía pública 20-0598, perteneciente a la Unión de Comerciantes, derivado de los dictámenes realizados por las Direcciones de Transito y Policía Vial, así como por Protección Civil y Bomberos de esta municipio entre otros, se advierte que la colocación en calle Morelos se ha tornado riesgosa para la ciudadanía, usuarios, trabajadores y comerciantes; por lo que determinó que a partir del dieciséis de julio de la presente anualidad, podrá colocarse en pasaje Juana Vela Poniente entre Democracia y Artemio Venegas. En el anterior oficio se aplicaron disposiciones del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato. De esta manera cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 251 del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato, tal precepto dispone: "Artículo 251. En contra de los actos y resoluciones que dicten las autoridades municipales por la aplicación del presente Reglamento, procederán los medios de impugnación establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato". En esas condiciones, en contra de los actos reclamados, previo a la promoción del presente juicio, debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, o bien, el recurso de inconformidad en sede administrativa. Ello, porque a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de las referidas determinaciones, de conformidad con los artículos 226, 227, 234, 235 y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." "Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa." Ahora de la lectura íntegra de los preceptos trascritos, se advierte la existencia de los medios de impugnación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elección; por tanto, son estos medios de impugnación la alternativa del quejoso para controvertir los actos que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos aquí reclamados, encuadran en tales hipótesis, pues el oficio número D.F./0869/2021, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, suscrito por la directora de Fiscalización de esta ciudad de Celaya, se fundamentó en los artículos 209 y 210 fracciones V, VI, VII, VII, X, XII, XV, XVI, XIX y XXI, del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato; es decir, son impugnables a través de los medios ordinarios de defensa aludidos en parágrafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra de los actos reclamados destacados, el peticionario de amparo debió interponer optativamente, el recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la determinación contenida en el oficio reclamado, se fundamentó en el Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Guanajuato (foja 16); asimismo, se considera que no solo se reclaman violaciones directas a la constitución, pues del escrito de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que el quejoso cuestiona la interpretación de los fundamentos que se citaron en los oficios reclamados, con lo cual queda de manifiesto que no solo aduce violaciones a la constitución, sino también expresa motivo de disenso de legalidad. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación." Determinación judicial En mérito de lo expuesto, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por ********, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo.
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