Leopoldo Cordova Villalobos
Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Leopoldo Cordova Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el arábigo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió un legajo de constancias, en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Por recibido el oficio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual envía testimonio de la resolución que CONFIRMÓ la interlocutoria en la que se negó la suspensión definitiva, así como el cuaderno original del presente incidente; de lo que el suscrito queda enterado. Sin acusar recibo atento a lo expresado por el oferente y glósese el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo e infórmese a las autoridades responsables para su conocimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 427/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales y la presuncional en su aspecto humano, mismas que se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló, por su parte el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, invocó la improcedencia del juicio, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 427/2022, promovido por ... contra actos del Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las mencionadas autoridades, alegando violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Ley Fundamental. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, el suscrito admitió la demanda de amparo, otorgándole intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes justificados y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que la representante social no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un juzgado del orden común con sede en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso se ostenta como tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario ... del índice del Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, y reclama la falta de llamamiento y todos los actos tendientes a ejecutar la sentencia dictada en el controvertido natural, respecto del inmueble ubicado en ... . TERCERO. Informe Justificado. El Juez responsable aceptó la existencia del acto, lo que se robustece con las constancias que se remitieron; las que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, negó la existencia, empero en su calidad de ejecutora su actuar está condicionado a lo que determine la autoridad ordenadora, de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es una cuestión de orden público y estudio preferente que debe analizar el juzgador, aún de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, pues el promovente carece de interés jurídico, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En la especie, el quejoso aduce tener derechos sobre el inmueble denominado ...; y al efecto exhibe una pieza documental certificada en que consta inserto el contrato de donación donde se aprecia que adquirió la propiedad de dicho inmueble; sin embargo, en este caso dicha constancia es insuficiente para acreditar su interés jurídico respecto de los actos reclamados. Y es así, pues del informe justificado y constancias del juicio del procedimiento natural, se aprecia que el inmueble que pretende defender el quejoso es distinto al que es objeto del juicio ordinario civil de origen, como se destaca en la precisión del acto reclamado; ya que el inmueble sobre el que se constituyó la hipoteca es el ubicado en ... . Empero, el contrato exhibido por el quejoso ampara indiciariamente la propiedad de 55.47 metros cuadrados del inmueble denominado ...; lo cual difiere en el número de lote de aquel que es materia del proceso de origen y en el nombre del fraccionamiento. De ahí que si el quejoso reclama actuaciones que derivan del juicio especial hipotecario ... del índice del Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México; y solicita el amparo y protección de la justicia federal para no ser desposeído de un inmueble distinto al que constituye la materia del litigio, entonces se colige que su interés jurídico no se acredita, precisamente por la discrepancia entre lo que pretende tutelar y lo que constituye el objeto de los actos de autoridad. Lo anterior es así, porque esta diferencia entre lo pretendido por el quejoso y lo que aparece como materia del proceso natural, genera que no pueda aseverarse que sean sus derechos los que efectivamente están en juego con motivo de los actos de autoridad, precisamente por la falta de identidad entre los bienes controvertidos. Esto es, aunque se partiera de que los actos son ciertos dado que el proceso de origen formalmente existe, materialmente no provoca una incidencia negativa en contra de los bienes del quejoso, pues es diferente al que tutela el contrato que se trae al presente juicio, y lo que se pretende ejecutarse ante la autoridad. Al respecto, se cita el criterio jurisprudencial VI.3o.J./2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, tomo III, de febrero de 1996, página 327, en materia civil, registro 203341, cuyo contenido es: "POSESION, IDENTIFICACION DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACION. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías." También se invoca la tesis VIII.2o.14 C, de la novena época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de diciembre de 1995, página 555, en materia civil, con registro 203637, cuyo rubro y texto es: "PROPIEDAD Y POSESION DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACION CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa." Por tanto, el quejoso pretende defender un inmueble distinto al que es materia de la litis en el controvertido natural, es decir, intenta acreditar su interés jurídico para la tramitación del juicio constitucional y su protección a partir de derechos sustantivos diversos a los que se dilucidan en el controvertido natural. Sin que sea impedimento para resolver de esta manera que el accionante exhibiera el contrato modificatorio de donación, pues, dicha constancia es un documento privado, el cual para tener eficacia plena, debe tener fecha cierta, y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Asimismo, en dicho contrato modificatorio continua la imprecisión respecto del inmueble materia de la litis, debido a que versó sobre el número de lote setenta y dos, mientras que en el del juicio de origen es el sesenta y dos, con relación a la dirección citada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con residencia en esta ciudad con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de los actos que se reclaman. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 427/2022, promovido por ... contra actos del Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese el escrito electrónico de ... apoderado de la tercera interesada (personalidad que se reconoce, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerla reconocida ante la autoridad responsable); en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio. Por lo que hace al correo electrónico y número de teléfono que refiere, únicamente serán considerados para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General en cita. En otro orden, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado para consulta del expediente y notificaciones por esa vía. Atento a lo anterior, no se tiene señalado el domicilio que refiere. Se tienen por autorizadas a las personas que indica para los efectos que refiere, (con excepción de la entrega de valores). Por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE.
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