Leopoldo Carvajal Muñoz

Expediente 865/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
865/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Leopoldo Carvajal Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el veintitrés de septiembre del año en curso en el recurso de inconformidad 20/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese copia certificada de la misma al expediente en que se actúa para los efectos legales procedentes Ahora, tomando en consideración que en dicha sentencia se declaró infundado el recurso de inconformidad 20/2021 interpuesto en contra de la determinación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto y que de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, ya que este asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por Laura García Saavedra, en su carácter de albacea provisional de la Sucesión a bienes de Leopoldo Carvajal Muñoz, quejosa en el presente asunto, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 20/2021. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para lo efectos legales a que haya lugar. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 156 y 157), siendo que a la primera se le tuvo por desahogada mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno (fojas 166 y167), y a la segunda en proveído de veinticinco del mismo mes y año (fojas 170 y 171), expresando la primera su inconformidad con el cumplimiento al fallo constitucional y, la segunda su petición de tener por cumplida la ejecutoria de amparo y el archivo correspondiente. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de mayo de dos mil veinte este órgano colegiado concedió a Laura García Saavedra, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Leopoldo Carvajal Muñoz la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".para que la junta responsable: 1) Deje insubsistente el laudo reclamado. 2) Emita otro en el que: a. Reitere su determinación de tener por acreditada la excepción de prescripción opuesta por la demandada Operadora de Servicios La Hasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la acción de nulidad del convenio de dos de enero de dos mil ocho; así como aquélla en la que consideró que el actor renunció al puesto que desempeñaba en esa empresa en la fecha antes citada. b. Deje firme la absolución de los demandados físicos Joaquín Fernando Ricaño Arenas y Federico Martínez Niño de Rivera. c. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que las pruebas ofrecidas por el actor en el punto VII de su escrito de ofrecimiento, cuentan con eficacia probatoria y, con base en ello, con libertad de jurisdicción determine si las mismas son o no idóneas para acreditar la existencia de la relación laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda, S.A. de C.V., hoy La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., y en consecuencia, resuelva lo que corresponda en cuanto al despido que el accionante atribuyó a esa enjuiciada." (fojas 89 vuelta y 90). I. Mediante resolución de dos de febrero de dos mil veintiuno, la Presidencia de este Tribunal Colegiado, determinó que la responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo siguiente: "III. Ahora bien, uno de los efectos de la concesión fue para que la junta determinara que las pruebas ofrecidas por el actor en el punto VII de su escrito de ofrecimiento, cuentan con eficacia probatoria y, con libertad de jurisdicción, determinara si las mismas son o no idóneas para acreditar la existencia de la relación laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda, S.A. de C.V., hoy La Hacienda, S.A.P.I. de C.V. En el nuevo laudo, al analizar tal punto controvertido, la responsable consideró lo siguiente: "Entrando en materia de concesión de amparo número 865/2019, esta autoridad laboral, procede a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito; así entonces, esta autoridad laboral, toma en cuenta que si bien es cierto, que la parte actora ofreció como punto VII, la documental consistente en quince reportes semanales de gastos del actor, que le eran cubiertos por la empresa La Hacienda, S.A. de C.V., que obran a fojas: 568 a 582, de los autos; que al haberse exhibido en original, con firmas autógrafas del trabajador y de Salvador Padilla Ruiz Peinado, persona a la que el accionante atribuyó el despido, pues adujo que el mismo, como director comercial de la empresa La Hacienda S.A. de C.V., el día tres de enero de dos mil ocho, le informó que estaba despedido; a este respecto se toma en cuenta que como ya se dijo con anterioridad, adquieren pleno valor probatorio; también lo es, que la moral demandada: Operadora de Servicios La Hasa, S.A de C.V., ofreció las documentales consistentes en el escrito de renuncia de fecha: 02 de enero de 2008; y acta de fecha: 02 de enero de 2008, levantada ante la Junta Especial No. 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; y convenio de esa misma fecha; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo; documentales de las cuales se desprende que el actor renunció voluntariamente, así como que se dio por pagado de las prestaciones a las que tuvo derecho por lo que la moral Operadora de Servicios La Hasa, S.A de C.V., le pagó al actor la cantidad de $105,485.77 mediante cheque número 0002880 de fecha 02 de enero de 2008, a su orden y con cargo a BBVA BANCOMER S.A., fecha en la cual se dio por terminada la relación laboral que los unía, incluyendo a las empresas: La Hacienda, S.A. de C.V. y La Hacienda, S.A.P.I. de C.V. Esto último queda acreditado con la manifestación vertida por la parte actora: Leopoldo Carbajal Muñoz en escrito de fecha: 26 de mayo de 2011, en donde señala: "En razón de que el suscrito, por convenio verbal con los señores Federico Martínez Niño de Rivera y Joaquín Fernando Ricaño Arenas, quienes invariablemente se ostentaron como representantes legales de las empresas antes referidas, y también de la empresa La Hacienda, S.A. de C.V., quien actualmente y por razones que desconozco cambió de razón social por La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., me determinaron que para esta última seguiría prestando mis servicios con posterioridad al convenio cuya nulidad demando, motivo por el cual de dicha moral reclamo la reinstalación en los términos precisados en los puntos 1 y 2 del capítulo de prestaciones..." (foja 127). De donde se sigue, que se dio por terminada la relación laboral que unía a las empresa: La Hacienda, S.A. de C.V., y La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., con el actor Leopoldo Carbajal Muñoz, de no ser así, por qué motivo celebró convenio verbal con los señores Federico Martínez Niño de Rivera y Joaquín Fernando Ricaño Arenas, seguiría prestando sus servicios con posterioridad al convenio cuya nulidad demanda. Por otra parte, la empresa La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., niega la relación de trabajo, (foja 480) de los autos; por tanto, la carga de la prueba se le revierte a la parte actora; quien no aporta ningún elemento de prueba idóneo tendiente a demostrar: que celebró convenio verbal con los señores Federico Martínez Niño de Rivera y Joaquín Fernando Ricaño Arenas, para continuar trabajando con las empresas: La Hacienda, S.A. de C.V., hoy La Hacienda, S.A.P.I. de C.V. Así, en conclusión, la parte actora con ninguna de sus probanzas acredita la relación laboral con las empresas La Hacienda, S.A. de C.V., y La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., por ende, a las mismas no les depara perjuicio la presente resolución. (foja 112 frente y vuelta). Como se ve, una vez que la responsable determinó que las documentales identificadas con el número romano VII ofrecidas por el actor consistentes en quince reportes semanales de gastos del trabajador tienen eficacia, expuso que: a) La patronal ofreció el escrito de renuncia de dos de enero de dos mil ocho, y el acta de la misma fecha, levantada ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. b) De esos documentos se advierte que el actor renunció voluntariamente a la relación laboral que lo unía con Operadora de Servicios La Hasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, La Hacienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como La Hacienda, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y se dio por pagado de las prestaciones a que tuvo derecho derivadas de dicho trabajo, para lo cual se le hizo entrega del cheque número 0002880 a cargo de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, por la cantidad de ciento cinco mil pesos cuatrocientos ochenta y cinco pesos, setenta y siete centavos ($105,485.77) c) En el escrito de veintiséis de mayo de dos mil once, el actor manifestó que una vez concluido el vínculo laboral que lo unía con las empresas señaladas, Federico Martínez Niño de Rivera y Joaquín Fernando Ricaño Arenas, quienes se ostentaron como apoderados de aquéllas, le manifestaron que seguiría prestando sus servicios para La Hacienda, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. d) Con tal manifestación, el actor sostuvo que celebró un convenio verbal con dichas personas, por medio del cual se pactó que continuaría laborando con posterioridad al convenio cuya nulidad reclama. La patronal negó la existencia de esa relación de trabajo, por lo que la carga de la prueba para acreditar ese extremo corresponde al accionante. Los medios de convicción que éste ofreció no son aptos para demostrar que celebró un convenio verbal Federico Martínez Niño de Rivera y Joaquín Fernando Ricaño Arenas, para que continuara laborando para La Hacienda, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Lo anterior pone de manifiesto que la junta incurrió en defecto al cumplir el fallo constitucional, pues aunque determinó que los quince reportes semanales que el accionante aportó al sumario tienen valor probatorio, lo cierto es que no realizó un pronunciamiento especifico respecto a si tales medios de convicción son aptos o no para demostrar la existencia de la relación laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda, S.A. de C.V., hoy La Hacienda, S.A.P.I. de C.V. Cabe precisar que al contestar la demanda, tal empresa negó ese vínculo de trabajo, por lo que en caso de que se determine la existencia del mismo, ello traerá como consecuencia procesal que se tengan por admitidos los hechos base de la acción. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente el laudo de treinta de septiembre de dos mil veinte y dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de doce de mayo de dos mil veinte, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a Laura García Saavedra, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Leopoldo Carvajal Muñoz." (fojas 130 a 134). II. En resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente de este órgano colegiado determinó que, por segunda ocasión, la responsable no cumplió cabalmente el fallo constitucional, por los motivos que enseguida se exponen: "Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo de treinta de septiembre de dos mil veinte y nuevamente ordenó turnar los autos al auxiliar de su adscripción para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 142). El ocho de febrero de dos mil veintiuno dictó un nuevo laudo en el que: a. Reiteró su determinación de tener por acreditada la excepción de prescripción opuesta por la demandada Operadora de Servicios La Hasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la acción de nulidad del convenio de dos de enero de dos mil ocho; así como aquélla en la que consideró que el actor renunció al puesto que desempeñaba en esa empresa en la fecha antes citada (fojas 150 y 151). b. Dejó firme la absolución de los demandados físicos Joaquín Fernando Ricaño Arenas y Federico Martínez Niño de Rivera (fojas 151 vuelta y 152). c. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, respecto de las pruebas ofrecidas por el actor en el punto VII de su escrito de pruebas, en el nuevo laudo, al analizar tal punto controvertido, la responsable determinó lo siguiente: "VII.- La documental privada consistente en el reporte semanal de gastos del trabajador, cubiertos por la empresa La Hacienda S.A. de C.V. (foja 568 a la 582), mismas que son materia del cumplimiento del oficio 139/2021 suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en la ciudad de Apizaco Tlaxcala, y a la ejecutoria 865/2019, las cuales a decir del concesionario del amparo, cuentan con eficacia probatoria; empero, otorga a esta autoridad laboral libertad jurisdicción, para determinar si las mismas son idóneas para acreditar la relación laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda S.A. de C.V. hoy La Hacienda S.A.P.I. de C.V., y resolver lo que corresponde en cuanto al despido que el accionante atribuyó a esa enjuiciada. Al respecto, esta autoridad laboral precisa que con las mismas no se acredita el vínculo laboral con dicha moral; esto en virtud de las consideraciones que se detallan en seguida. La declaración de confeso ficto del actor respecto de la prueba confesional ofrecida por las demandadas La Hacienda S.A. de C.V. y La Hacienda S.A.P.I. de C.V., ya que éste no compareció a absolver las posiciones que le fueron formuladas por dichas demandadas; respecto de la segunda moral citada, tenemos que le formuló como posiciones (foja 683) las siguientes: 1.- Que el absolvente en ningún momento celebró contrato individual de trabajo con la articulante. 2.- Que entre el absolvente y la articulante jamás existió relación laboral alguna, ni mucho menos vínculo legal o contractual alguno. 3.- Que el absolvente en ningún momento sostuvo relación laboral alguna con la articulante. 4.- Que el absolvente el día 3 de enero del año 2008, se abstuvo de celebrar contrato individual de trabajo alguno con la articulante. Respecto de la prueba confesional ofrecida por la demandada La Hacienda S.A. de C.V., quien le formuló las posiciones siguientes (foja 685): 1.- Que el absolvente en ningún momento celebró contrato individual de trabajo con la articulante 2.- Que entre el absolverte y la articulante jamás existió relación laboral alguna, ni mucho menos vínculo legal o contractual alguno. 3.- Que el absolvente en ningún momento sostuvo relación laboral alguna con la articulante. 4.- Que el absolvente en ningún momento devengó salario alguno de la articulante. Y dada la incomparecencia del actor a dichas diligencias, esta autoridad laboral lo declaró confeso ficto de las mismas (fojas 684 y 688). De igual forma, tenemos que el resultado de la prueba de inspección que ofreció La Hacienda S.A. de C.V., con el fin de acreditar por el periodo del 2 de enero del año 2007 al 2 de enero del año 2008 lo siguiente: a) Que de las nóminas y/o recibos de pago de salario a inspeccionarse se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en las mismas es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. b) Que de los comprobantes de pago de aportaciones al SAR a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en los mismos es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. c) Que de los comprobantes de pago de aportaciones al INFONAVIT a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en las mismas es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. d) Que de las cédulas de autodeterminación de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos ante el IMSS a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en las mismas es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. e) Que de las cédulas de auto determinación de cuotas aportaciones y amortizaciones de créditos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen de las mismas, son distintas al nombre de Salvador Padilla Ruiz Peinado. Resulta que la fedataria que la llevó a cabo (fojas 623 y 624), señaló en cuanto a los incisos del a) al e), que en las nóminas y/o recibos de pago de salarios, de aportaciones al SAR, al INFONAVIT y de las cédulas de autodeterminación de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos ante el IMSS, en ninguno de sus contenidos se desprende el nombre de Leopoldo Carvajal Muñoz ni el de Salvador Padilla Ruiz Peinado por ende, dicho resultado no beneficia al actor para acreditar el vínculo laboral que aduce con dichas empresas. A lo anterior se adminicula la documental ofrecida por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la Hoja de Certificación de Vigencia de Derechos a nombre del actor (foja 598), de la cual se desprenden, entre otros datos, el nombre del actor Carvajal Muñoz Leopoldo, su número de seguridad social 1190 62 0228 5, y entre los patrones que lo afiliaron al régimen de la seguridad social que imparte dicho instituto, se encuentra en primer lugar Operadora de Servicios La Hasa, S.A. de C.V., señalando como fecha de alta el 19/03/1990 y como fecha de baja el 03/01/2008, cotizando con dicho patrón 929 semanas; no apareciendo en el contenido de la misma la razón social de las empresas La Hacienda S.A. de C.V. y La Hacienda S.A.P.I. de C.V., como patrones que lo hubieran dado de alta ante dicho régimen de seguridad social; documental que tiene valor probatorio pleno, ya que la misma sólo fue objetada por el actor en cuanto a su alcance y valor probatorio, mas no en cuanto a su autenticidad de contenido y firma. Por todo lo anterior, resulta que el actor no acredita en forma alguna con dichas documentales (reporte semanal de gastos), el vínculo laboral entre él y la empresa La Hacienda S.A.P.I. de C.V.". De lo anterior se desprende que la responsable nuevamente incurrió en defecto en el cumplimiento del fallo protector. En efecto, como de aprecia de la transcripción que antecede, si bien la junta determinó que los quince reportes semanales de gastos que el extinto accionante aportó al sumario tienen valor probatorio y, además, agregó que con los mismos no se demostró la relación laboral del de cujus con la empresa La Hacienda, S.A. de C.V., hoy La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., lo cierto es que no expuso ningún razonamiento para arribar a esa conclusión, esto es, para considerar esas documentales no fueron idóneas para demostrar tal vínculo de trabajo. Se estima lo anterior, porque para restar eficacia a dichos reportes de gastos que exhibió la parte actora, la responsable se sustentó únicamente en el resultado tanto de las confesionales ofrecidas a cargo del extinto trabajador por las empresas La Hacienda, S.A. de C.V. y La Hacienda, S.A.P.I. de C.V., (en las que se le declaró confeso fictamente), como de la inspección judicial que ofreció La Hacienda, S.A. de C.V., así como en la documental que exhibió el enjuiciado Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la hoja de certificación de vigencia de derechos del fallecido trabajador. Sin embargo, como se dijo, no expuso consideración alguna para concluir que los reportes de gastos semanales de que se trata, no eran idóneos para demostrar el vínculo laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda, S.A. de C.V., hoy La Hacienda, S.A.P.I. de C.V. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente el laudo de ocho de febrero de dos mil veintiuno y dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de doce de mayo de dos mil veinte, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a Laura García Saavedra, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Leopoldo Carvajal Muñoz. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 258, del ordenamiento legal en cita." III. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte (sic) y ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 189). El nueve de abril de dos mil veintiuno, pronunció otro fallo (con el que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada -foja 202-, siendo que a la primera de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve -foja 212-, manifestando su inconformidad en contra de la resolución por la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo); y en el que: a. Reiteró su determinación de tener por acreditada la excepción de prescripción opuesta por la demandada Operadora de Servicios La Hasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la acción de nulidad del convenio de dos de enero de dos mil ocho; así como aquélla en la que consideró que el actor renunció al puesto que desempeñaba en esa empresa en la fecha antes citada (fojas 196 vuelta y 197). b. Dejó firme la absolución de los demandados físicos Joaquín Fernando Ricaño Arenas y Federico Martínez Niño de Rivera (fojas 197 vuelta y 198). c. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, respecto de las pruebas ofrecidas por el actor en el punto VII de su escrito de pruebas, en el nuevo laudo, al analizar tal punto controvertido, la responsable determinó lo siguiente: "VII.- La documental privada consistente en el reporte semanal de gastos del trabajador, cubiertos por la empresa La Hacienda S.A. de C.V. (foja 568 a la 582), mismas que son materia del cumplimiento del oficio 139/2021 suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en la ciudad de Apizaco Tlaxcala, y a la ejecutoria 865/2019, las cuales a decir del concesionario del amparo, cuentan con eficacia probatoria; empero, otorga a esta autoridad laboral libertad jurisdicción, para determinar si las mismas son idóneas para acreditar la relación laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda S.A. de C.V. hoy La Hacienda S.A.P.I. de C.V., y resolver lo que corresponde en cuanto al despido que el accionante atribuyó a esa enjuiciada. Al respecto, esta autoridad laboral precisa que con las mismas no se acredita el vínculo laboral con dicha moral; esto en virtud de las consideraciones que se detallan en seguida. La declaración de confeso ficto del actor respecto de la prueba confesional ofrecida por las demandadas La Hacienda S.A. de C.V. y La Hacienda S.A.P.I. de C.V., ya que éste no compareció a absolver las posiciones que le fueron formuladas por dichas demandadas; respecto de la segunda moral citada, tenemos que le formuló como posiciones (foja 683) las siguientes: 1.- Que el absolvente en ningún momento celebró contrato individual de trabajo con la articulante. 2.- Que entre el absolvente y la articulante jamás existió relación laboral alguna, ni mucho menos vínculo legal o contractual alguno. 3.- Que el absolvente en ningún momento sostuvo relación laboral alguna con la articulante. 4.- Que el absolvente el día 3 de enero del año 2008, se abstuvo de celebrar contrato individual de trabajo alguno con la articulante. Respecto de la prueba confesional ofrecida por la demandada La Hacienda S.A. de C.V., quien le formuló las posiciones siguientes (foja 685): 1.- Que el absolvente en ningún momento celebró contrato individual de trabajo con la articulante 2.- Que entre el absolverte y la articulante jamás existió relación laboral alguna, ni mucho menos vínculo legal o contractual alguno. 3.- Que el absolvente en ningún momento sostuvo relación laboral alguna con la articulante. 4.- Que el absolvente en ningún momento devengó salario alguno de la articulante. Y dada la incomparecencia del actor a dichas diligencias, esta autoridad laboral lo declaró confeso ficto de las mismas (fojas 684 y 688). De igual forma, tenemos que el resultado de la prueba de inspección que ofreció La Hacienda S.A. de C.V., con el fin de acreditar por el periodo del 2 de enero del año 2007 al 2 de enero del año 2008 lo siguiente: a) Que de las nóminas y/o recibos de pago de salario a inspeccionarse se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en las mismas es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. b) Que de los comprobantes de pago de aportaciones al SAR a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en los mismos es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. c) Que de los comprobantes de pago de aportaciones al INFONAVIT a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en las mismas es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. d) Que de las cédulas de autodeterminación de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos ante el IMSS a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen en las mismas es distinto al de Leopoldo Carvajal Muñoz. e) Que de las cédulas de auto determinación de cuotas aportaciones y amortizaciones de créditos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a inspeccionar se desprende que el nombre de todos y cada uno de los trabajadores que aparecen de las mismas, son distintas al nombre de Salvador Padilla Ruiz Peinado. Resulta que la fedataria que la llevó a cabo (fojas 623 y 624), señaló en cuanto a los incisos del a) al e), que en las nóminas y/o recibos de pago de salarios, de aportaciones al SAR, al INFONAVIT y de las cédulas de autodeterminación de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos ante el IMSS, en ninguno de sus contenidos se desprende el nombre de Leopoldo Carvajal Muñoz ni el de Salvador Padilla Ruiz Peinado por ende, dicho resultado no beneficia al actor para acreditar el vínculo laboral que aduce con dichas empresas. A lo anterior se adminicula la documental ofrecida por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la Hoja de Certificación de Vigencia de Derechos a nombre del actor (foja 598), de la cual se desprenden, entre otros datos, el nombre del actor Carvajal Muñoz Leopoldo, su número de seguridad social 1190 62 0228 5, y entre los patrones que lo afiliaron al régimen de la seguridad social que imparte dicho instituto, se encuentra en primer lugar Operadora de Servicios La Hasa, S.A. de C.V., señalando como fecha de alta el 19/03/1990 y como fecha de baja el 03/01/2008, cotizando con dicho patrón 929 semanas; no apareciendo en el contenido de la misma la razón social de las empresas La Hacienda S.A. de C.V. y La Hacienda S.A.P.I. de C.V., como patrones que lo hubieran dado de alta ante dicho régimen de seguridad social; documental que tiene valor probatorio pleno, ya que la misma sólo fue objetada por el actor en cuanto a su alcance y valor probatorio, mas no en cuanto a su autenticidad de contenido y firma. Ahora bien, en cumplimiento al oficio 1983/2021 y para mayor claridad se precisa lo siguiente: Consta de autos que la demandada La Hacienda S.A. de C.V., al producir su correspondiente contestación a la demanda, negó la existencia de la relación laboral y vínculo contractual con el actor Leopoldo Carvajal Muñoz, por lo que la carga de la prueba y fatiga procesal correspondieron a éste último para acreditar los elementos de su acción. En ese orden de ideas, de las pruebas ofrecidas por el actor Leopoldo Carvajal Muñoz, se aprecia que le fue decretada la deserción ante su falta de comparecencia y como consecuencia no acreditó la carga procesal probatoria, tal como se ha precisado en líneas anteriores. Por lo que hace a los quince reportes semanales de gastos, de su análisis minucioso y exhaustivo no se desprende que tengan el carácter de recibos de pago de salario, y como consecuencia no reúnen los elementos de la relación laboral establecidos por la Jurisprudencia firme, como lo son dependencia, subordinación y pago de salario, pues del examen de las documentales en referencia se desprende la existencia de supuestos gastos que como su denominación lo indica es distinto al elemento tipificativo del salario. Para mayor ilustración se puntualiza que una relación laboral es aquella relación contractual entre una empresa o persona llamada empleador y una persona natural llamada trabajador o empleado, mediante la cual el trabajador pone a disposición del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada, a cambio de una remuneración. Una relación laboral se caracteriza porque el trabajador está sometido al poder de subordinación constante de parte de la empresa o persona que lo contrata, de manera tal que la empresa contratante tiene la facultad de impartir órdenes que el trabajador está obligado a cumplir, siempre y cuando las órdenes se ajusten a la ley y a lo pactado en el contrato de trabajo, sea verbal o escrito. La relación laboral es la misma relación de trabajo, que puede darse en presencia de un contrato formal, o un contrato informal pactado verbalmente. Una relación laboral se configura en el momento en que se presentan tres elementos inconfundibles que según el artículo 20 del código sustantivo del trabajo son los siguientes: Subordinación. Remuneración. Prestación personal del servicio. La presencia de estos tres elementos hace suponer que la relación de trabajo es laboral, sin considerar el nombre que las partes le hayan dado al contrato que la vincula. Para que una relación laboral se configure como tal, no hacen falta solemnidades especiales, sino que basta con que se presenten los tres elementos mencionados para que la ley la reconozca como tal, de suerte que no es necesario que medie un contrato de trabajo escrito o verbal, ni siquiera un contrato de servicios, basta con que en la realidad se puedan identificar los tres elementos ya mencionados. La relación laboral está mucho más allá del contrato de trabajo, puesto que la ausencia o existencia de éste, en nada afecta la relación laboral. El contrato de trabajo es un formalismo en el cual se pactan ciertas condiciones pero que en ningún momento afectan la relación laboral, toda vez que ésta se da por sí misma como consecuencia de la existencia de una realidad en la que se configuren los tres elementos previamente mencionados. No obstante lo anterior, del examen de las probanzas ofrecidas por La Hacienda S.A. de C.V., especialmente del resultado de la prueba de inspección, quedó plenamente demostrado que Salvador Padilla Ruiz Peinado no tuvo el carácter de trabajador de dicha empresa y como consecuencia en origen de una presunción legal jamás pudo tener el carácter de Gerente de La Hacienda S.A. de C.V., idéntica situación por lo que hace al actor Leopoldo Carvajal Muñoz, que quedó demostrado jamás tuvo el carácter de trabajador de la demandada en referencia, luego entonces tales documentales carecen de valor probatorio alguno para beneficiar al actor laboral para tener por acreditado el vínculo laboral que señaló, sin pasar desapercibido que al haber sido declarado confeso ficto en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por La Hacienda S.A. de C.V., dicha probanza adminiculada con el resultado de la prueba de inspección y restantes probanzas que obran en autos como lo es la hoja de certificación de vigencia de derechos exhibida por el IMSS, referente al actor laboral y el convenio que éste último celebró con la moral Operadora de Servicios La Hasa, se concluye que el actor no probó su acción pues en ejercicio, esto es, no acredita con probanza alguna el vínculo contractual con La Hacienda S.A. de C.V., ni con la empresa La Hacienda, S.A.P.I. de C.V. Por todo lo anterior, resulta que el actor no acredita en forma alguna con dichas documentales (reporte semanal de gastos), el vínculo laboral entre él y la empresa La Hacienda S.A. de C.V. ni con la empresa La Hacienda S.A.P.I. de C.V.". IV. En relación con la determinación que antecede, Laura García Saavedra, en su carácter de albacea provisional de la aquí quejosa sucesión a bienes de Leopoldo Carvajal Muñoz, señala que no puede estimarse cumplida la ejecutoria de amparo, pues la responsable al valorar los 15 reportes semanales de gastos del extinto trabajador, de manera inadmisible, considera que no tienen el carácter de recibos de pago de salario y, por ende, que no resultaron idóneos para demostrar el vínculo laboral entre la patronal y el de cujus. Al respecto, la referida persona expone, en lo conducente, lo siguiente: "Siendo pertinente destacar que el tribunal laboral en franco desacato a lo ordenado por este H. Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo y a la ejecutoria que pretende dar cumplimiento en diversas ocasiones lo ha hecho de manera defectuosa, ignorando la causa o motivo que tenga para ello, si es de índole afectivo o económico, pues mediante escritos de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte y veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se contestaron las vistas ordenadas por este H. Tribunal Colegiado y en las cuales a la responsable se le ha tenido por no cumplido el fallo protector, por lo que reitero es evidente su interés patronal y nuevamente en el laudo de fecha nueve de abril del presente año, la autoridad del trabajo muestra su parcialidad hacia la patronal, pues aun cuando dice que en cumplimiento al oficio 1983/2021 y para mayor claridad precisa lo siguiente: esencialmente que la demandada La Hacienda, S.A. de C.V., y la Hacienda Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable al producir su contestación a la demanda negaron la existencia de la relación laboral y vínculo laboral con el difunto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz, y consecuentemente la carga de la prueba y fatiga procesal corresponde a éste último (lo que es ajustado a derecho), sólo que al valorar los 15 reportes semanales de gastos del trabajador extinto, de manera inadmisible dice que no tienen el carácter de recibos de pago de salario y si bien es cierto que dice se desprende la existencia de supuestos gastos es incorrecto, porque no fueron "supuestos" sino reales; además de que dichas documentales como este H. Tribunal lo estableció tienen el carácter de prueba plena, por lo que contrario a lo que afirma la responsable implícitamente y de manera tácita se debe presumir la existencia de la relación de trabajo con las documentales en cita, pues se infiere que sólo a un trabajador se le paguen gastos semanales, máxime que la autoridad del trabajo conforme a los principios generales que rigen el derecho laboral de que los laudos se deben dictar a verdad sabida, a buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia (lo que establecen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo), resulta inconcuso que la valoración de la responsable es ilegal y contraria a dichos principios, aún más conforme al artículo 18 de la ley laboral federal en la interpretación de las normas del trabajo se tomaran en consideración las finalidades señaladas en los artículos 2° y 3 de dicho ordenamiento legal y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, por lo que en la especie si la autoridad tuviera alguna duda respecto de que si con las referidas documentales no se acreditara fehacientemente la relación laboral entre el trabajador y la empresa demandada su interpretación deberá ser conforme a la más favorable al trabajador. Lo que insisto la autoridad del trabajo olvida y por el contrario aplica la suplencia de la queja en favor de la parte patronal. Esto es así pues la autoridad laboral deja de analizar que conforme al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo de ninguna forma o manera establece que para que exista relación laboral debe haber subordinación, remuneración y prestación personal de servicios, ya que dicho dispositivo legal textualmente dice: "Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario en el presente caso el trabajador citado con antelación acreditó encontrarse subordinado a las empresas La Hacienda, S.A. de C.V., y la Hacienda Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, pues se encontraba obligado a realizar ventas para dichas empresas y que como contraprestación se le cubrían los gastos semanales que se acreditaron con las documentales multicitadas, es decir se le asignó una compensación económica, que aun cuando se le denomine "reporte de gastos semanales" en verdad se trata de la retribución que se le pagaba por su trabajo; por consiguiente toda vez que se justificaron estos extremos la autoridad del trabajo debe concluir que la relación real que existió entre las partes fue de trabajo y no como incorrectamente lo determina en el laudo de referencia. Tratando de justificar su proceder la autoridad laboral introduce hechos que no son materia de la controversia del trabajo, ya que hace referencia a una prueba de inspección ofrecida por dicha empresa y que según su dicho queda demostrado que Salvador Padilla Ruiz Peinado, no tuvo el carácter de trabajador y contrario a derecho sigue valorando documentales ajenas a la controversia laboral como es el informe del seguro social y testimonial, en suma, resulta evidente que la autoridad responsable, resolvió de manera ilegal y repitiendo el acto reclamado, respecto de la valoración de las pruebas documentales ofertadas en el apartado VII de la parte actora (laboral) de lo anterior deriva el indebido cumplimiento que realiza la autoridad responsable, al multicitado fallo protector y por ende esta autoridad de amparo no debe tener por cumplida la sentencia ejecutoriada, máxime que resulta ser una obligación que la Ley de Amparo en su artículo 192, le impone a sus señorías, mismo que establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede entera y cabalmente cumplida, la sentencia ejecutoriada en que se haya concedido la protección federal, como es el caso que nos ocupa, reiterando que resulta claro que la autoridad responsable, es contumaz; al negarse a dar cumplimiento a la ya citada ejecutoria. Sus señorías deben tomar en consideración mis anteriores argumentos jurídicos al resolver, respecto del cumplimiento mencionado, en la especie cobra aplicación la jurisprudencia: V. Los anteriores argumentos son inatendibles. Ello es así, porque en la ejecutoria de amparo se resolvió que la responsable considerara que las pruebas ofrecidas por el actor el punto VII de su escrito de ofrecimiento (15 reportes semanales de gastos), cuentan con eficacia probatoria, y con base en ello se le otorgó libertad de jurisdicción para que las analizara, a fin de determinar si eran o no idóneas para acreditar la relación laboral entre el extinto trabajador Leopoldo Carvajal Muñoz y La Hacienda S.A. de C.V. y La Hacienda S.A.P.I. de C.V.- Por tanto, dados los términos en que se formulan las manifestaciones de la inconforme, es inconcuso que con ellas tiende a controvertir las razones que en que se sustentó la responsable para considerar que tales pruebas fueron insuficientes para acreditar el citado vínculo de trabajo, esto es, están dirigidas a combatir una determinación que tomó la responsable con libertad de jurisdicción. De ahí que las manifestaciones que ahora realiza la promovente no pueden ser analizadas en la presente resolución, sino en otra vía. Lo anterior, si se toma en consideración que el análisis que este órgano colegiado hace del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tiene por objeto examinar si la responsable observó lo estrictamente determinado en el fallo protector, debiendo para ello realizar todos y cada uno de los actos que constituyen la materia de la protección constitucional; y no así, que a través de tal análisis se estudien los fundamentos y motivos de las determinaciones respecto de las cuales la responsable conservó libertad de jurisdicción, como son las que refiere la inconforme en sus argumentos, porque son más bien materia de otro juicio de amparo; razón por la que los mismos devienen inatendibles. En este sentido, se concluye que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, así como a Operadora de Servicios la Hasa y la Hacienda, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, así como la Hacienda, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Joaquín Fernando Ricaño Arenas y Federico Martínez Niño de Rivera, y por oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la quejosa; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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