Leopoldo Calderon Muñoz
Expediente 648/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leopoldo Calderon Muñoz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que el auto de siete de junio de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por los promoventes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerandos como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por +++++++++++, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, y otra autoridad. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 648/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta al escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1 , en relación con el diverso 5, fracción II2 , ambos de la Ley de 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". 2 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: Amparo. La hipótesis en cita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando dicha causa derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En este sentido, el artículo 5º de la Ley de Amparo establece quiénes son partes en el juicio de amparo y en su fracción II, refiere como una de ellas a la autoridad responsable. El concepto de autoridad responsable ha sido objeto de diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."3 , definió como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en una ley, lo que dota (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". 3 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Tesis 2a./J. 164/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 1089, Registro: 161133. al ente de la facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; y d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las características en comento no restringen el concepto a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal), puesto que se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales o autónomos, cualquiera que sea su denominación. En este sentido, se consideran "autoridades" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este punto, conviene destacar que el Estado tiene una doble personalidad: la primera, como ente de derecho público, cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Al respecto, la teoría general del derecho clasifica las relaciones jurídicas en tres rubros: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y, para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de derecho público, regulados por mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los cuales destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución. En este contexto, para que una persona de derecho público sea considerada como autoridad, debe ubicarse en una relación de suprasubordinación con el gobernado y, con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo que incluso, encuentra correspondencia con lo dispuesto por el legislador en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, al definir el término "autoridad responsable". Así, a partir del contexto referido con antelación, se obtiene que la omisión que se reclama a las autoridades responsables de dar respuesta al escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, sino únicamente como consecuencia de la relación laboral de la institución pública, como parte del Estado, con la parte quejosa; esto es, deviene de una relación de coordinación. A efecto de esclarecer la afirmación de mérito, resulta conveniente tener en consideración lo siguiente: 1. El dieciocho de agosto de dos mil tres, el quejoso ingresó a laborar al Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, siendo su última adscripción la Dirección de Atención a la Juventud Logística del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, bajo el puesto de auxiliar B administrativo. 2. Desde el mes de enero de dos mil veintidós, ya no recibió el pago quincenal de sus prestaciones, por lo que mediante escrito de veintitrés de febrero del año en curso, solicitó ante las autoridades responsables fuera informada del estado que guarda su situación laboral con la dependencia de referencia y el motivo del impago de sus prestaciones. Conforme a ello, resulta evidente que el acto reclamado dimana de los funcionarios en quienes recae el carácter de empleadores de la parte quejosa, de ahí que no pueda afirmarse que obraron con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual el acto reclamado no pertenece al ejercicio de la función pública. Al respecto, es menester puntualizar que las instituciones públicas, por el solo hecho de la naturaleza formal, no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos, cuando tienen su origen en una relación jurídica con sus trabajadores, en un plano de coordinación, en tanto que la integración de aquellos al ente de la institución pública es lo que genera la relación de coordinación a la que se ha hecho referencia. Así, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se les da la característica de particulares a los mencionados funcionarios, como a quien se le refirió el carácter de responsable, en tanto que pueden ser demandados como tales ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle un acto que podría ser materia de otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de una omisión relacionada con la aclaración de su situación laboral y el impago de sus prestaciones, ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Se insiste, porque lo reclamado por la parte quejosa deriva de la relación laboral entre él y la referida institución pública; es decir, porque a través de la vía constitucional se impugna una actuación que atribuye a su empleador, lo cual es susceptible de someterse a la jurisdicción de la autoridad laboral ordinaria. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia número I.6º.T. J/28 de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN."4 . 4 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o Así como la diversa número III.4º.T. J/3 (10ª) de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN."5 . representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación.". Tesis I.6o.T. J/28 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página: 1956, Registro: 2011343. 5 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera 'autoridad' a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las Sin perjuicio de que con posterioridad pueda hacer valer el medio de defensa que crea conducente ante el Tribunal ordinario que corresponda a efecto de que se le reconozca el grado que solicita o formular la petición que estime conducente ante su empleador. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo.
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