Leopoldo Adan Vazquez Fonseca
Expediente 850/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2017
Partes del expediente
- Leopoldo Adan Vazquez Fonseca
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda (fojas 19 a 24), considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ***., cuyo nombre se omite para proteger su identidad, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juzgado Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Subsecretaría de Educación Federalizada, Departamento de Programas de Escuelas de Tiempo Completo. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 850/2017-3-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".Autos de fecha 23 que obra en la foja 218 y 29 que obra en la foja 221 de Junio de 2017, y oficio de fecha 22 de junio del 2017 que obra en foja 168, dictados en la etapa inicial del juicio controversia del orden familiar, radicado en el expediente 1043/2016 del JUZGADO QUINTO DEL RAMO FAMILIAR del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en donde el juez de primera instancia se negó a imponer medidas de apremio en contra de departamento PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO a cargo de la profesora SHEYLA VELASCO DIAZ quien de igual forma se negó a realizar descuentos por concepto de alimentos provisionales a favor de mi menor hija M.V.G., sin fundar ni motivar sus respectivos actos de autoridad que fueran suficientes para eludir la obligación de tutelar el derecho humano de mi menor hija a recibir alimentos en términos de la fracción novena del artículo 4° constitucional que para mayor abundamiento transcribo literalmente.". Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Expuesto lo anterior, se estima que en contra de la resolución reclamada, procede el recurso de apelación en términos de lo establecido en los artículos 663 , 666 y 671, primer párrafo , en relación con los numerales 740, segundo párrafo , 991 y 992, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, por los siguientes motivos. En efecto, del análisis íntegro de los normativos antes transcritos, se pone de manifiesto que mediante la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar los autos que decretaron improcedente lo peticionado por el quejoso, en el sentido de que se impusiera la multa respectiva a la Coordinadora Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, impide realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, porque al ser apelable la sentencia dictada en un juicio de alimentos, conforme a los artículos 991 y 992, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, es obvio que también son apelables los autos dictados en dicho juicio, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 666, del cuerpo legal en comento; además el artículo 671, de la legislación en comento, prevé que los autos que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación; por lo que es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponer el recurso de apelación contra los acuerdos en los que se declaró improcedente imponer la medida de apremio a la Coordinadora Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, pues a través de dicho medio de impugnación, dicha determinación puede ser revocada o modificada, y al no agotar ese recurso, previo a ocurrir al juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad. Esto, toda vez, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en este caso concreto el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por lo que es evidente que en contra de los actos reclamados por esta vía constitucional, el medio ordinario de defensa especifico, es el recurso de apelación, previsto en los artículos 663, 666 y 671, primer párrafo, en relación con los numerales 740, segundo párrafo, 991 y 992, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". No se soslaya el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 85/2009, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." , estimara, esencialmente, lo que dice ese epígrafe. Sin embargo, se considera que la procedencia del juicio de amparo indirecto surge una vez que se han agotado los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto reclamado concede a favor del solicitante del amparo; los que, como se dijo en el cuerpo de este auto, pueden tener por efecto revocar o modificar las resoluciones que se reclamen. Al caso es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por tanto, el demandado aquí quejoso, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió interponer el recurso de apelación previsto en los artículos 663, 666 y 671, primer párrafo, en relación con los numerales 740, segundo párrafo, 991 y 992, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, y, al no hacerlo así, la acción constitucional intentada es improcedente. Máxime, si el impetrante de la protección federal no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción contemplados en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Se invoca, por su contenido jurídico substancial, el criterio de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, OBLIGATORIEDAD DE AGOTAMIENTO. Aun cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque se infringe la garantía de legalidad en razón de que el acto carece de motivo y fundamentación, pero se impugnan substancialmente violaciones a las leyes ordinarias y sólo indirectamente la de la garantía de legalidad, lo cual pone de manifiesto que al lado de la violación a la Constitución se alegan violaciones al procedimiento del que emana el acto reclamado, por lo que el quejoso estaba obligado a intentar, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario que establece la ley respectiva, pues no hay razón para pretender que por el hecho de que en la demanda se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que mediante éste puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que de estimar procedente el juicio de amparo sin que el afectado cumpla la obligación de agotar los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el arbitrio del quejoso de optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establece.". En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***; y en términos restringidos a ***, de conformidad con el último párrafo del citado numeral, y 24 párrafo segundo de la ley de la materia, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente, proporcionando el número de registro único, o bien el número de cédula profesional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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