Leonor Pérez Lozano
Expediente 189/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Leonor Pérez Lozano
- LEONOR PÉREZ LOZANO y Otros.
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
Tepic, Nayarit, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "...: El quince de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Hugo Benito Becerra Rodríguez, por lo que atañe a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,223.84 (diez mil doscientos veintitrés pesos 84/100 moneda nacional) que pagó por concepto de.pago que cubrió el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió únicamente a las autoridades responsables Director de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acataran y remitieran las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, dicho requerimiento se hizo extensivo al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable precisada en el párrafo que antecede. En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables referidas, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le aplicaran ni en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no fueran modificados. Devolvieran a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $10,223.84 (diez mil doscientos veintitrés pesos 84/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, derecho de inscripción de crédito hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que dicha cantidad a devolver debía encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero de la presente anualidad y registrado con el número de folio 1833 el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, en representación del director general y recaudador de rentas responsables, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el diecinueve de enero de la presente anualidad, realizó una transferencia bancaria a favor del promovente del amparo por la cantidad de $10,251.59 (diez mil doscientos cincuenta y un pesos 59/100 moneda nacional), por concepto de devolución de lo erogado con motivo del acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio más su actualización fiscal respectiva y al efecto remitió la constancia de dicho movimiento bancario. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las citadas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por éstos, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $10,223.84 (diez mil doscientos veintitrés pesos 84/100 moneda nacional), por los conceptos precisados antelativamente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $9,943.84 (nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos 84/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete y el diecinueve de enero de la presente anualidad, las autoridades responsables entregaron a la parte quejosa el numerario citado, por el que pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecisiete al mes de enero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de entre el índice para el mes de diciembre, ambos de la anualidad pasada (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil diecisiete fue de 127.513; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02587. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $10,201.02 (diez mil doscientos un pesos 02/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $257.18 (doscientos cincuenta y siete pesos con dieciocho centavos 01/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que reintegraron al quejoso la cantidad $10,251.59 (diez mil doscientos cincuenta y un pesos 59/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización. No pasa inadvertido que el monto que el director de ingresos y recaudador responsables debían devolver al quejoso era de $10,201.02 (diez mil doscientos un pesos 02/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $10,251.59 (diez mil doscientos cincuenta y un pesos 59/100 moneda nacional), es decir, reintegró un excedente de $50.57 (cincuenta pesos con ciencuenta y siete centavos 57/100 moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría devolverla. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
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