Leonor Orfa García Borges

Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 1 actuación registrada, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
47/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Leonor Orfa García Borges

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a doce de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) *************, por su propio derecho; contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali y otra; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 47/2023. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En ese sentido, es obligatorio para este juzgador atender a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De los numerales trascritos y de la jurisprudencia invocada, misma que es obligatoria para este juzgador, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en virtud que dichas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, por lo cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecución de laudo. En ese contexto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, la "omisión de dictar las medidas necesarias" para el pronto y expedito cumplimiento del laudo, dictado en el juicio laboral 1575/2019-4C, esto es, una omisión genérica, sin referirse a un acto concreto dentro del procedimiento de ejecución del laudo, y sin que sea posible abarcar actos subsecuentes al reclamado, así como futuros e inciertos, pues ello contravendría los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo; motivo por el cual es que se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que reza lo siguiente: "Registro digital: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Asimismo, es importante establecer en relación al tema de la "abierta dilación en la etapa de ejecución", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.) que la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia, tal como se lee enseguida: "Registro digital: 2024318 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 12/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, página 1927 Tipo: Jurisprudencia DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." Por otro lado, se precisa que la presente determinación no causa agravio a la parte quejosa, porque se encuentra en posibilidad de presentar una nueva demanda en la que reclame un acto concreto en la etapa de ejecución de laudo. Sin que obste a lo anterior que la parte quejosa señale como diversa autoridad responsable a la parte demandada en el juicio de origen Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en esta ciudad, y en base a ello señale en su demanda de amparo como diverso acto reclamado el incumplimiento del laudo, pues el Máximo Tribunal de la Nación ha determinado que éste no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación respectiva se cuenta con los procedimientos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales y a la igualdad procesal que subyace en ellas, lo que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, y, en el caso concreto, la ley Federal del Trabajo contempla un procedimiento específico para lograr la ejecución de los laudos, de ahí que no sea un obstáculo para desechar la presente demanda de amparo, el incumplimiento al laudo que reclama la parte quejosa de la moral oficial demandada en el juicio de origen. Tiene aplicación al caso por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se pública en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Registro digital: 2016588, del rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por tanto, no resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), emitida por el Pleno de este Circuito, en el cual fundamenta la parte quejosa su señalamiento como autoridad responsable de la parte demandada en el juicio de origen, pues el mismo fue abandonado por dicho Pleno estimarse aplicable la jurisprudencia temática 2a./J. 34/2018 (10a.), que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas transcrita, como se observa de la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2018239 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.XV. J/36 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, página 1527 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia aludida; por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Precedente vertical. En semejantes términos se pronunciaron respectivamente el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en Ciudad de México, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, al resolver los recursos de quejas laborales en los expedientes ********************,******************** y********************. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Autorizados. Se tienen como autorizados en los términos que precisa a las personas que indica. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Acceso a expediente electrónico. No lo solicitó. Notificaciones por vía electrónica. No las solicitó. Correo electrónico y números telefónicos. Ténganse a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y números telefónicos que señala en su escrito inicial de demanda, por lo que se instruye a los actuarios adscritos que tomen nota del mismo para los efectos legales correspondientes. En el claro entendido de que, acorde al citado precepto, los mismos son única y exclusivamente con el fin de facilitar el contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones electrónicas por dichos medios de comunicación privada, toda vez que ello debe solicitarse expresamente y realizarse únicamente desde el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante su firma electrónica certificada (FIREL o FIEL) y nombre de usuario registrado en dicho portal. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por último, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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