Leonor Oliva Bañuelos Ramos

Expediente 398/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
398/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Leonor Oliva Bañuelos Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    I. Estado procesal Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. I. Desechamiento Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de quien reclama la resolución de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 22502/14-12-01-3-OT de su índice; este juzgador federal advierte que el juicio constitucional es improcedente y, por tanto, debe desecharse conforme a las razones siguientes. Del artículo 113 de la Ley de Amparo , se desprende la facultad del juez de distrito de desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con el criterio siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de trece de noviembre de dos mil dieciocho, relativa al recurso de queja interpuesto contra la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (demandado) dio cumplimiento a la sentencia de nulidad emitida en el juicio de origen, se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no lesiona -directa o indirectamente- la esfera jurídica de la quejosa en tanto le fue favorable al declarar no cumplida la sentencia de nulidad y requerir nuevamente su cumplimiento. Para corroborar la afirmación que antecede, conviene traer a colación el contenido del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". El interés jurídico a que aluden la disposiciones normativas referidas consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este sentido, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 Constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley . Es aplicable el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".". En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. En el caso concreto, de los antecedentes narrados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se desprende que el cinco de enero de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo 22502/14-12-01-3-OT, del índice de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio SP/21-00579/14 de seis de marzo de dos mil catorce, emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, que en cumplimiento a la sentencia de nulidad, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala emitió una nueva resolución el trece de septiembre de dos mil dieciséis (oficio SP/DPSH-3256/2016); determinación que la quejosa recurrió mediante queja. Dicho medio de defensa fue resuelto por la la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en el sentido de decláralo infundado y de oficio tener por no cumplida la sentencia definitiva, por lo que declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio de trece de septiembre de dos mil dieciséis y requirió al demandado el cumplimiento de la sentencia; resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada pues, con independencia de los motivos que hubiera tenido la autoridad responsable para determinar que la sentencia de nulidad no se encontraba cumplida, lo cierto es que la interlocutoria reclamada no puede afectar el interés jurídico de la parte quejosa, debido a que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH-3256/2016 de trece de septiembre de dos mil dieciséis y se requirió a la autoridad demandada la emisión de un nuevo acto administrativo, por lo que la promovente se ubica en la misma situación jurídica adquirida a través de la sentencia de nulidad obtenida en el juicio de origen. En consecuencia, si la interlocutoria reclamada tuvo por no cumplida la sentencia de nulidad, dejó insubsistente el acto emitido para cumplimentarla y ordenó requerir a la autoridad demandada para que emitiera una nueva, resulta favorable a los intereses de la parte quejosa, por lo que no afecta su interés jurídico, dado que las violaciones que pudiera contener, hasta este momento, no trascienden a su esfera jurídica, precisamente por haber concluido que la sentencia de nulidad no está cumplida. Es aplicable, por analogía, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA. SI SE ORDENA EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, Y ÉSTE CONCLUYE CON SENTENCIA QUE ABSUELVE DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS, LA QUEJOSA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS CON MOTIVO DE SU CANCELACIÓN ULTERIOR." . Asimismo, conviene destacar que la interlocutoria reclamada, al concluir que la sentencia de nulidad dictada en el juicio contencioso administrativo de origen no se encuentra cumplida, dejar insubsistente aquella dictada para cumplimentarla y requerir la emisión de una nueva, no puede considerarse como la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, que de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se define como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En consecuencia, también se actualiza la diversa causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Al respecto, existe el siguiente criterio jurisprudencial. "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Así, la interlocutoria reclamada de trece de noviembre de dos mil dieciocho, que tuvo por no cumplida la sentencia de nulidad dictada en el juicio contencioso administrativo de origen, no se trata de la última resolución dictada en esa etapa, sino que es un acto tendente a lograr el eficaz cumplimiento, sin que se actualice alguna hipótesis de excepción que lo haga procedente. Lo anterior es así, pues lo resuelto en dicha interlocutoria no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada en ese juicio contencioso administrativo, tampoco resuelve en definitiva una excepción sustancial o perentoria, ni obstaculiza de manera total el cumplimiento de la sentencia de nulidad obtenida por la parte quejosa, si se pondera que dejó insubsistente el acto emitido para cumplimentarla y ordenó la emisión de uno nuevo. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación.". "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo establece que sólo pueden impugnarse en amparo indirecto las últimas resoluciones que se dicten en los procedimientos de ejecución de sentencia y que tratándose de remates, sólo la que los apruebe o desapruebe puede impugnarse, también es verdad que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo una interpretación meramente literal el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Precisamente tomando en cuenta ese fin, el no permitir que sea impugnable la negativa de continuar con los procedimientos de remate, específicamente, el no señalar fecha para la audiencia correspondiente, lo que puede provocarse es el efecto contrario, porque se deja fuera del control constitucional cualquier auto que podría ilegalmente no seguir con la ejecución de la sentencia. Así, debe concluirse que atendiendo al propio fin de la norma, cuando el Juez se niega a señalar fecha para la audiencia de remate, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin que sea necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, pues si no se permite el control constitucional sobre esas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Esta interpretación es la que más se apega a los fines a los que obliga el artículo 17 constitucional en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la ejecución de esas resoluciones, y si no se permite la procedencia del amparo, se permitiría que nunca se llegara a la ejecución.". En las anotadas condiciones, se estima el juicio de amparo es improcedente, ya que la resolución reclamada no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, aunado a que no se trata de la última resolución dictada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, ni se actualiza alguna hipótesis de excepción que lo haga procedente. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 305/2017 en sesión de cuatro de abril de dos mil dieciocho. II. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. III. Autorizado Se tienen como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Bertha Orozco Gutiérrez, Levi Méndez Rojas y Jaqueline Amador Bonilla, quienes tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Se habilitan días y horas inhábiles Se faculta a los actuarios judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. V. Digitalización Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. VI. Transparencia Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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