Leonor Matías Paz

Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Leonor Matías Paz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por -------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la constancia de notificación relativa al acuerdo de dos de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral J9/48/2018, realizada a la parte aquí quejosa. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en su informe justificado, así como copia certificada de la constancia de notificación relativa al acuerdo de dos de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral J9/48/2018, este juzgador estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente de acuerdo a los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal en cita pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclaman dejan de surtir efectos de manera total e incondicionada. Lo cual ocurre: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto o sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado, es decir, que ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza, cuando ante la existencia o insubsistencia de los actos reclamados, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubieren otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sobre esas bases, debe indicarse que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en esencia reclamó la omisión de la autoridad aquí responsable de acordar el escrito de tres de octubre de dos mil veinte, en el cual le solicitó a la Junta responsable que señalara fecha y hora para que se lleve a cabo la diligencia de embargo en el domicilio de la demandada, que fue señalado por la misma. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y en representación de la Junta así como del Actuario adscrito, consistente en copia certificada del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral J9/48/2018, así como de la constancia de notificación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que ya se acordó el escrito de tres de octubre de dos mil veinte, ya que en acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, se le indicó que: "para salvaguardar la secrecía de dicha diligencia deberá de comparecer personalmente al local de esta Junta para que previa identificación se le designe hora y día para llevar a cabo la diligencia en comento y en consecuencia estar en posibilidades de solicitar mediante oficios el auxilio de la fuerza pública en una hora y día determinada que se fije para la diligencia de embargo.- Lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos 940, 950, 951, 956 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo" Acuerdo que finalmente fue notificado de forma personal al apoderado de la parte actora, aquí quejosa el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la constancia de notificación correspondiente. Documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, En consecuencia, es incuestionable que al haber sido notificado el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable acordó el escrito de tres de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral J9/48/2018, se debe concluir que de manera notoria y manifiesta, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el caso de que a la quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería que la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y en representación de la Junta así como del Actuario adscrito, dicte el acuerdo correspondiente que se reclama en esta instancia; por lo que, si en el presente caso la responsable emitió el acuerdo en el juicio de origen y la notificó a la parte actora, es inconcuso que la omisión reclamada dejó de causar algún agravio a la aquí quejosa, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 103, visible en las páginas 51 y 82 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia publicada con el número 415, publicada en la página 356, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, los efectos del acto reclamado antes precisado quedaron sin efectos dado que se emitió el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, donde acordó el escrito de tres de octubre de dos mil veinte, mismo que fue notificado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a la parte actora dentro del juicio laboral J9/48/2018, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violentados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho, de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues, al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque, de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387 del tomo XVII, marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, se deja insubsistente en razón de la determinación anterior. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por medio de lista y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra surtiendo efectos el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la ley de amparo, para que las partes manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y en representación de la Junta así como del Actuario adscrito, mismo que se recibió en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior y no violar las normas esenciales que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia, previo a su celebración, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de manera virtual de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y en representación de la Junta así como del Actuario adscrito, por medio del cual rinde informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable y anexos que adjunta. Dése nueva cuenta con dicho informe justificado y anexos en la audiencia constitucional. De la misma forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que remite la oficiante de mérito en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, si bien la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, de una revisión de las constancias remitidas, no se advierte que se haya incluido la constancia de notificación del referido acuerdo, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días legalmente computados remita copia certificada, legible y completa la constancia de notificación del acuerdo de dos de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral J9/48/2018, o, en su caso, manifieste su imposibilidad para dar cumplimiento. Se pone a disposición de dicha autoridad responsable, el correo electrónico rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. Para el caso de que la voluminosidad de las constancias que se deseen presentar no permita su digitalización se pueden presentar vía ordinaria. Bajo el apercibimiento que de no desahogar el presente requerimiento dentro del término concedido, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que las multas a que se hace referencia en el presente acuerdo, están fundamentadas en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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