Leonor Leticia Ramirez Belganza

Expediente 1103/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1103/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Leonor Leticia Ramirez Belganza

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V.- Vista la certificación de cuenta, y en cumplimiento a lo establecido en la circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio a partir del estado procesal que guardaba. Causa estado. Precisado lo anterior, del estado de autos se advierte se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a) de la propia Ley, contra el auto de once de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Al tratarse de un asunto totalmente concluido; se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; once de diciembre de dos mil veinte. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de Citibanamex sociedad anónima de capital variable, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 1103/2020-V-2, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Procedencia. Atento a su contenido, este Juzgado Federal procede a su estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: ? El recibo finiquito de fecha trece de noviembre de dos mil veinte, derivado de la póliza CITMX0062246673, en el cual se realizó una valuación de ajuste de daños por $54,894.00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos), con un deducible de 50,000,00 (cincuenta mil pesos). Dichos actos se los atribuye al Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex) y Chubb seguros México, sociedad anónima de capital variable. En ese orden de ideas, se considera que con relación al acto que se reclama en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.[.]". El primero de los artículos transcritos, en la fracción apuntada, dispone que el juicio de garantías debe ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas constitucionales o las contenidas en la Ley de Amparo no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, la segunda de las disposiciones trascritas establece que el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes, actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución General de la República, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Sustenta a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, visible en la página 39, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS: Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del Estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. En la especie, como ya se dijo, la promovente del amparo señaló como acto reclamado el recibo finiquito de fecha trece de noviembre de dos mil veinte, derivado de la póliza CITMX0062246673, en el cual se realizó una valuación de ajuste de daños por $54,894.00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos), con un deducible de 50,000,00 (cincuenta mil pesos). Resulta aplicable por identidad de razón la tesis I.9o.C.18 K (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018 Tomo III, Décima Época, visible en la página 2863, del contenido literal siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia" Se estima lo anterior, pues las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del contrato de póliza CITMX0062246673 celebrado entra la aquí quejosa y Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex) y Chubb seguros México, sociedad anónima de capital variable, deben decidirse mediante la promoción de un juicio de naturaleza mercantil, en tanto que en ese supuesto, solo se ven afectados intereses de particulares. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por********* al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS POR LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, por así haberlo solicitado. JUICIO EN LINEA. Ahora, tomando en consideración la emergencia sanitaria que asola el país y las potenciales dificultades para acceder a las herramientas análogas necesarias para impulsar el procedimiento del juicio en que se actúa, se exhorta a las partes que de ser posible continúen con la tramitación de este mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico heriberto.rivera.rios@correo.cjf.gob.mx así como al número telefónico 3317474207. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    EN ESTA MISMA DATA, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PARTE QUEJOSA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

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