Leonor Hernández Perdomo

Expediente 1247/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1247/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2016

Partes del expediente

  • Leonor Hernández Perdomo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte la Junta responsable ha sido omisa en dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 22, fracción X, del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que, en el término de ocho días, remita copias certificadas del desahogo de las siguientes pruebas: ... Lo anterior, a efecto de que este Juzgador, se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, asimismo con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las documentales que anexa. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ....." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que hizo consistir en: La omisión de resolver el incidente de Litis Consorcio Pasivo Necesario, promovido por la demandada Servicio Especializado Universal de Limpieza Seúl, en audiencia de siete de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 643/2015. De las constancias remitidas por la Junta responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que: El catorce de julio de dos mil dieciséis, se pronunció respecto al incidente de Litis Consorcio Pasivo Necesario, promovido por la demandada Servicio Especializado Universal de Limpieza Seúl, en audiencia de siete de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 643/2015, y; Los días diez, dieciocho y diecinueve de agosto del año en curso, se notificó a las partes en el juicio laboral de origen. Luego entonces, si la peticionaria de amparo reclama la omisión de resolver el incidente de Litis Consorcio Pasivo Necesario, promovido por la demandada Servicio Especializado Universal de Limpieza Seúl, en audiencia de siete de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 643/2015, éste ya se dictó y se notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ...." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Leonor *****, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclama la omisión de dar trámite y acordar lo conducente al Incidente de Litis Consorcio Pasivo Necesario promovido por la demandada Servicio Especializado Universal de Limpieza Seúl, sociedad anónima de capital variable, en audiencia de siete de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 643/2015. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1247/2016-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de la demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo. Sin que este Juzgado desconozca el contenido de la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis con número de registro 2011580, al no advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada. Por lo que se refiere a los terceros interesados, para estar en condiciones de emplazarlos al presente juicio de amparo, con soporte en lo previsto en el arábigo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, se solicita a la Junta señalada como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, informe el nombre y domicilio de la parte demandada en el juicio de origen, indicando si se encuentra emplazada. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados con facultades amplias a las personas que indica, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. De las pruebas. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de amparo constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.

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