Leonor García Reyes

Expediente 1945/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1945/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Leonor García Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. Ahora bien, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por..., regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de amparo 1945/2018-VI-B. ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: -La negativa a realizar la cancelación de inscripción de adjudicación de bienes por herencia testamentaria o intestamentaria a favor de..., asi como la suspensión del tramite numero 313975 DESECHAMIENTO. Al respecto, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo que a la letra dice: "El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; El acto reclamado carezca de fundamentación; Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Que el quejoso tenga el carácter de tercero extraño al procedimiento. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado, como establecen los artículos 8.1, 8.32 y 8.34 del código civil del Estado de México, que a la letra dicen: "Articulo 8.1.- Mediante el Registro Público de la Propiedad se da publicidad a los actos jurídicos para que surtan efectos contra terceros. El Registro Público de la Propiedad tiene como finalidad dar certeza y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, así como las demás finalidades previstas en este Código, en la Ley Registral y en el Reglamento. La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador del derecho y en su publicidad que opera partir de su inscripción o anotación registral, por lo tanto, el Registrador realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos que se le presenten. Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que sólo podrá suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción que señala el artículo 8.32. Artículo 8.32.- Previo a la inscripción, el Registrador calificará extrínsecamente el documento presentado dentro del plazo señalado en el artículo anterior. La calificación registra! consistirá en verificar únicamente que: I. El documento presentado sea de los que deben inscribirse o anotarse; II. El documento satisfaga los requisitos de forma establecidos en la ley que lo rige como necesarios para su validez; III. En el documento conste acreditada la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes que el acto consignado requiera, en su caso. Cuando por cualquier circunstancia alguno de los titulares registrales varíe su nombre, denominación o razón social, procederá la inscripción cuando así se hubiere hecho constar ante Notario Público; IV. Exista identidad entre el bien previamente inscrito y el descrito en el título. No habrá falta de identidad cuando no coincida la descripción en uno o algunos de los datos, si de los demás elementos comparados se desprende dicha identidad; V. No haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro, conforme a lo previsto por el artículo8.30; VI. Esté fijada la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado; VII. En el acto consignado en el instrumento se observe el tracto sucesivo en los términos del artículo 8.29; VIII. El documento cumpla con los requisitos que deba llenar de acuerdo con el Código, la Ley Registral u otras leyes aplicables, como indispensables para su inscripción; y IX. No haya operado el cierre de registro, por mandamiento judicial o administrativo. Verificado lo anterior, el Registrador deberá realizar la anotación o inscripción dentro del plazo mencionado en el artículo anterior. Los Registradores no podrán exigir otros datos, requisitos e información que la necesaria para el llenado del Formato Precodificado. Artículo 8.34.- La calificación del Registrador podrá recurrirse por el solicitante del servicio o cualquier interesado, ante el Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Si éste confirma la calificación, cualquiera de ellos podrá reclamarla en juicio. Si mediante sentencia ejecutoriada se resuelve que el documento fue mal calificado e indebidamente rechazado y se ordena que se registre, la inscripción se practicará de inmediato y surtirá sus efectos desde que por primera vez se presentó el documento, debiéndose tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 8.23 al 8.28 inclusive." Ahora bien, en contra del acto reclamado, la parte quejosa, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley Registral para el Estado de México, que establecen: "Artículo 104. El solicitante del servicio podrá interponer el recurso de inconformidad, contra la calificación del registrador que suspenda o deniegue la inscripción, anotación, cancelación o liberación de resguardo". Artículo 105. El recurso de inconformidad se sustanciara ante el Director General en la forma y términos previstos por el articulo siguiente, quien ordenara que se practique la anotación preventiva a que se refiere el articulo 8.54 fraccion, del Código. Ahora bien, cual dicha tramitación del citado recurso, si la resolución de este, no resulta favorable, deberá de agotar el juicio contencioso administrativo, el cual es regido por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, conforme al artículo 229 que establece: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; (Reformado mediante decreto número 367 de la "LVIII" Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 18 de diciembre del 2014.) V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; (Reformada mediante decreto número 197 de la "LVIII" Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 22 de enero de 2014.) (Reformado mediante decreto número 367 de la "LVIII" Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 18 de diciembre del 2014.) VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; (Reformada mediante decreto número 335 de la "LVII" Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 30 de agosto de 2011; Reformada mediante decreto número 197 de la "LVIII" Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 22 de enero de 2014.) (Reformado mediante decreto número 367 de la "LVIII" Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 18 de diciembre del 2014.) VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; (Reformada mediante decreto número 197 de la "LVIII" Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 22 de enero de 2014.) XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales. (Adicionada mediante decreto número 197 de la "LVIII" Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 22 de enero de 2014" Lo anterior es así, en virtud de que existe jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. La jurisprudencia de referencia se encuentra publicada con el número PC.II.A. J/3 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, registro 2010436, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL...". Asimismo es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 60/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, de junio de dos mil trece, Tomo 1, página 933, con número de registro 2003858, que a la letra dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO....". Por consiguiente, en virtud de que el quejoso reclama un acto de carácter administrativo que atribuye a una autoridad local de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió interponer el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 104 y 105 del Ley Registral para el Estado de México; o en su caso, agotar de manera directa, pero obligatoria el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, del propio ordenamiento local. En consecuencia, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tienen como domicilio para recibir citas y notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este juzgado. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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