Leonor Elodia Acevedo Villaruel
Expediente 72/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2015
Partes del expediente
- Leonor Elodia Acevedo Villaruel
Actuaciones
- Principal
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticuatro de julio de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa ****....consecuencia, con fundamento en el citado numeral y 97, fracción I, inciso a) de la ley en cita, y numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado....
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MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA DE JULIO DE DOS MIL QUINCE Vista la razón de veintisiete de julio del año en curso, realizada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que la quejosa ******************** no pudo ser notificada del auto de veinticuatro de julio del año en curso, en el domicilio que señaló en su escrito de demanda para tal fin; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer la notificación de la citada determinación y de los autos subsecuentes por lista, aún los de carácter personal...
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MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE Agréguese el escrito de cuenta, firmado por la quejosa LEONOR ELODIA ACEVEDO VILLARRUEL, por el cual desahoga la prevención de quince de julio del año en curso, y para tal efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la fecha en la que se hizo sabedora de la existencia del acto aquí reclamado, es el veinticuatro de abril de dos mil quince. Aunado a que de admitir el nuevo acto que pretende introducir la quejosa en su escrito aclaratorio, diverso a los de origen, haría que la litis constitucionalmente planteada variara; en concecuencia, no ha lugar a acordar favorable su admisión. e lo expuesto se concluye que la aclaración de la demanda de amparo, no faculta a la parte quejosa a introducir nuevos actos a lo que ya es materia de la litis. Ahora bien, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de garantías respecto a los actos consistentes en la reserva ordenada en la averiguacion FMIL/MIL-1/T1/00096/15-02, asi como la ilegal notificación de dicha determinación, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de garantías debe considerarse un todo. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, del análisis de la demanda y el escrito que se provee, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de la demanda de amparo, es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: La promovente señala como actos reclamados: El auto de reserva de la averiguación previa FMIL/MIL-1/T1/00096/15-02, mediante auto de uno de abril de dos mil quince. La ilegal notificación por parte de las responsables del mismo auto, en perjuicio de la quejosa. La ejecución del acto reclamado de momento a momento en su contra. Asimismo, en el escrito mediante el cual desahoga la prevención contenida en proveído de quince de julio del año en curso, manifestó bajo protesta de decir verdad, que la fecha en la que se hizo sabedora de la existencia de dicho auto, lo es el veinticuatro de abril de dos mil quince. Bajo ese contexto, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario. De los preceptos anteriormente citados, se advierte que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: 1) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación realizada al quejoso, sobre el acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija el mismo; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17, de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "......
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