Leonor del Socorro Dixon González

Expediente 1072/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1072/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Leonor del Socorro Dixon González
  • Kevin Javier Ortega Malla

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el Oficio 32054/2023, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el original del juicio de amparo 1072/2023 e informa que aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. En tales condiciones, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante diverso acuerdo, se reservó proveer respecto a la promoción con registro interno 13018 hasta en tanto se tuviera conocimiento si se aceptaba la competencia planteada en este asunto, lo que ya aconteció como se desprende en el párrafo anterior. Por tanto, remítase dicha promoción de inmediato vía interconexión al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, para los efectos legales a que haya lugar; dejándose copia simple de tal documento en el presente cuaderno de antecedentes. En tales circunstancias, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente juicio como asunto total y efinitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las restantes partes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, presentada en línea por...fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1072/2023-IV, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tales circunstancias, se provee respecto de la presente demanda, en los siguientes términos: De lo anterior, se colige que en el caso, los actos reclamados susceptibles de ser suspendidos de manera oficiosa, son la detención, presentación, privación de la libertad e incomunicación de la que los quejosos han sido objeto, sin que hayan cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fueron llamados a juicio, ni emplazados, y sin la menor provocación o justificación han sido privados de su libertad; deportación, expulsión o repatriación, así como el posible traslado a otra Estación Migratoria. Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1° de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1° de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los directos quejosos (extranjeros), es de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación de los mismos; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Por su parte, los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen lo siguiente: De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación con el ingreso, permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sean objeto de detención fuera de procedimiento, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Por otra parte, los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, a la letra dicen: De donde se deduce, que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional; sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así, analizado lo expuesto por la persona que promueve en nombre de los directos quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, relativos a la detención fuera de procedimiento judicial, para el efecto de que cesen de inmediato; lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que a la parte quejosa se le impute la comisión de algún delito, sea puesta a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Del mismo modo, deberá cesar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). De igual manera, se concede la medida cautelar, para que, mientras los directos quejosos estén alojados en alguna estancia migratoria se les garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración. Ello, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos de los directos quejosos, y dado que en el presente asunto se trata de personas extranjeras, su detención no es un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino un acto de naturaleza administrativa regulada por la Ley de Migración que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional, de ahí que de conformidad con el artículo 106 del citado ordenamiento en ninguna circunstancia se podrá establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, o reclusión. Asimismo, no se pierde de vista que la finalidad del alojamiento temporal de los extranjeros que no acreditan su situación migratoria es con la intención de regularizar su estancia en el país o la asistencia para su retorno; por lo que su detención no implica la comisión de alguna conducta antijurídica, pues de ser así, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a dar a conocer la filiación del extranjero que se está sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con una orden de presentación, aprehensión o vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables, lo cual se encuentra previsto en los artículos 99, 100 y 103 de la Ley de Migración. Asimismo, para el caso de que los directos quejosos se encuentren a disposición de algún Agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentren a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sean puestos a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deban ser privados de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedarán a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlos, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a la autoridad a donde los directos quejosos estén privados de su libertad o hayan sido trasladados para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar a los directos quejosos a abandonar territorio nacional por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se ejecuten y los quejosos 1) (quienes refiere son nacionales de Nicaragua); queden en el lugar donde se encuentren, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En otro orden, del alojamiento reclamado procede señalar que en caso de que éste derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano en este momento; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que los quejosos sean puestos en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede para el caso de que los quejosos estén sujetos a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas, contadas a partir de que ingresaron en la estación, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque están materialmente detenidos, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, se precisa que la presentación de la parte quejosa en caso de encontrarse en situación migratoria irregular, no podrá exceder de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición y una vez cumplidas no podrán ser retenidos. En el entendido, que las autoridades migratorias deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas (alojados) en la estación migratoria de referencia con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sean tratados con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarles condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. En la inteligencia, que la suspensión de plano otorgada no implica que los directos quejosos deambulen o transiten de manera libre por el territorio nacional, sino únicamente es para efecto de que, en su caso, se les permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, en libertad. En adición a lo anterior, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinden a los directos quejosos agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentran a su disposición, lo que implica que les den acceso a un baño para su aseo personal y necesidades fisiológicas, así como un lugar para dormir; y se les permita la asistencia técnica de un abogado, en términos del artículo 70 de la Ley de Migración; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física y en atención a la condición de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse dada su calidad de inmigrantes; todo ello hasta en tanto transcurra el plazo de las 36 horas anteriormente precisado. De igual forma, las autoridades responsables deberán tomar las medidas necesarias y realizar los trámites conducentes para salvaguardar su integridad física y la vida de los directos quejosos, lo que incluye primigeniamente conocer cuál es el estado de salud, por lo que quedan bajo su más estricta responsabilidad las medidas que tome en acatamiento de la medida cautelar. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria de los directos quejosos, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar a los quejosos a otro lugar u obligarlos a abandonar materialmente el territorio nacional. Se precisa a las responsables que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables mediante oficio urgente con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acaten la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad; quienes además deberán informar a este Juzgado el cumplimiento de dicha medida dentro del término de veinticuatro horas. Apercibidas que de no cumplir lo que aquí se ordena, incurrirán en los delitos previstos en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, en el caso de que no obedezcan el auto de suspensión debidamente notificados, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Con independencia de todo lo anteriormente expuesto, de la demanda de amparo origen del presente juicio, se advierte que los directos quejosos abordaron un vuelo nacional de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con destino a la Ciudad de Tijuana, Baja California, en donde pudieron ser detenidos por agentes de migración ya que en los antecedentes del acto reclamado se lee que quienes los esperaban les comentaron que había extranjeros detenidos en el filtro migratorio de nacionalidad extranjera con las características de los directos quejosos. Asimismo, de dicha demanda de amparo se advierte que de manera medular los directos quejosos señalan como actos reclamados su detención en el aeropuerto de Tijuana, Baja California y la incomunicación de las que son víctimas los quejosos, lo cual es dable afirmar dado que señalaron como acto reclamado el que se encuentran detenidos, retenidos, bajo custodia, encarcelados o como las responsables quieran denominar su condición legal en la citada estación migratoria. En ese tenor, quien esto suscribe estima que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. Y, en caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución, debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. Así, en el caso particular, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, como se indicó, los actos reclamados se constriñen en la detención, presentación y privación de la libertad de la que los quejosos han sido objeto en la Estación Migratoria localizada en Tijuana, Baja California sin que hayan cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fueron llamados a juicio, ni emplazados, y sin la menor provocación o justificación han sido privados de su libertad; deportación, expulsión o repatriación y el posible traslado a otra Estación Migratoria, por lo que la detención de los directos quejosos se continúa ejecutando en el lugar en donde éstos se encuentran alojados. Por tanto, debe decirse que los actos reclamados en este expediente, tienen efectos positivos, los cuales se están ejecutando en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que resulta incuestionable que los actos reclamados en la demanda tienen ejecución material en dicha ciudad, pues fue ahí en donde se llevó a cabo su detención y se está ejecutando su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en dicha ciudad, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en esa circunscripción territorial, conforme con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Con independencia de lo expuesto, es importante destacar que ni la detención ni el lugar en donde se lleva a cabo su alojamiento, se verifica dentro de la jurisdicción de este juzgado. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados tuvieron ejecución material en esa ciudad.

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