Leonor Chávez González y Otros.
Expediente 1297/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonor Chávez González y Otros.
- Leonor Chávez González
Actuaciones
- Principal
Mesa I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de cinco de agosto de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Leonor Chávez González y María Contreras García, transcurrió para la parte promovente del once al diecisiete de este mes y año, sin que lo interpusiera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, y en virtud que se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del referido acuerdo, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del aludido acuerdo, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. ..
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Leonor Chávez González y María Contreras García, contra actos del gerente y presidente de la fundación Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, asociación civil, consistentes en la orden de desocupar el espacio asignado dentro del plantel 13 C.O.B.A.O. (Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, asociación civil), Huautla de Jiménez, donde se encuentran como prestadoras del servicio de cafetería; fórmese expediente con el número 1297/2016, que le corresponde.: Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 1º, párrafo último, de la ley de la materia, dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dice: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos, frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es necesario distinguir si la orden de desocupar el espacio asignado dentro del plantel 13 C.O.B.A.O. (Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, asociación civil), Huautla de Jiménez, donde se encuentran como prestadoras del servicio de cafetería, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone qué autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Los actos reclamados se encuentran directamente relacionados con un contrato celebrado entre particulares, actuando en un plano de igualdad y no de supra a subordinación; por lo que es inconcuso que el juicio de amparo contra el gerente y presidente de la fundación Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, asociación civil, resulta improcedente, toda vez que su actuar no es unilateral, pues no puede inferirse lógicamente que la actuación de tales autoridades en esa medida sea obligatoria. Máxime que en el caso no se advierte que la orden de desocupar el espacio asignado dentro del plantel 13 C.O.B.A.O. (Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca), Huautla de Jiménez, Oaxaca, haya sido violando su garantía de audiencia, pues como se desprende del oficio FCO/PL-13-04/2016-B, que anexan, el gerente de la fundación Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, asociación civil, solicitó a la quejosa estuviera presente el viernes uno de julio a las once horas con cincuenta minutos, a efecto de revisar su contrato, requiriendo la documentación correspondiente; de ahí que no se advierta que los actos provengan de una autoridad, actuando de manera unilateral, con facultad de imperio, soberanía y coacción, sino más bien, su actuación fue como particular. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a las aquí quejosas, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizadas únicamente para tal efecto a las personas que señala, toda vez que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogados ni se encuentra registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-B
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