Leonor Cedeño Ochoa

Expediente 168/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
168/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Leonor Cedeño Ochoa
  • Alberto García Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por Milton Paris Aguirre León, en su carácter de apoderado del quejoso Jacinto Flores Salamanca, visto su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que del mismo se despenden, reservándose el acuerdo correspondiente una vez que este órgano judicial determine sobre si la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo se encuentra o no cumplida.

  2. Principal

    Vista la razón asentada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa, el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 31 a 33), por el motivo que indica. En consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista; así como las subsecuentes aún las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ARELI RAMÍREZ LÓPEZ, respecto de los actos y de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia.

  4. Principal

    En veintidós de febrero de dos mil diecisiete, doy cuenta con el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual, rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias del expediente 2000/2014 de su estadística, de las que se desprende que el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se dictó la resolución en forma de laudo dentro del citado expediente; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Leonor Cedeño Ochoa y Alberto García Gómez acuden a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente 2000/2014, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, aclarando que el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se pronunció el laudo dentro del expediente 2000/2014. Para corroborar lo anterior, la Junta responsable, a través de su presidenta remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 2000/2014 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara el laudo en el expediente 2000/2014 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la junta responsable emitió dicha resolución dentro del juicio de origen. Por consiguiente, se ha restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce de la garantía individual que les había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintidós minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a los quejosos, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese, y personalmente a las partes.

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