Leonor Cardoso López

Expediente 604/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
604/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • Leonor Cardoso López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Parte quejosa se le notifica por medio de lista publicada en estrados del juzgado el auto de fecha veintiocho de julio de dos mil dicisiete, que se da por reproducido, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercero interesada hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la disconforme ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las doce horas con treinta minutos del ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de María del Rocío Puente Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran, escrito inicial de demanda, auto admisorio de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares y Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, residentes en esta ciudad, constancias de notificación. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; asimismo con las pruebas documental, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que ofreció la autoridad responsable Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad al momento de rendir su informe justificado; así como con las diversas pruebas documentales, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa, en su escrito registrado con folio 12319 y con la documental que exhibió la parte tercero interesada en su ocurso registrado con folio 12349. El Juez acuerda: En términos del artículo 119 de la citada ley, se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas de mérito que serán tomadas en consideración al momento de resolver este asunto. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que únicamente el tercero interesado formuló alegatos, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no realizó pedimento. El Juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos del referido tercero, con lo que se da por terminada la presente diligencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 604/2016, promovido por Leonor Cardoso López, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares en esta ciudad, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el ocho de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito por razón de turno, Leonor Cardoso López, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a).- COMO ORDENADORA. LA JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. a).- COMO EJECUTORA. EL C. REPRESENTANTE LEGAL O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO SUR ZONA ACAPULCO.". "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- DE LA ORDENADORA.- El ilegal cumplimiento que se da al auto de fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, así como la ejecución de dieciocho de noviembre del dos mil quince, en la que la sala familiar confirma la sentencia definitiva de diecinueve de noviembre de dos mil trece, dictada en el expediente número 811-3/2008 relativo al juicio especial de alimentos promovido por LEONOR LOPEZ CARDOSO y en representación de mis hijas VIRIDIANA Y ZULEYMA SORAYA de apellidos RUMBO CARDOSO en contra de ADOLFO RUMBO FLORES, debido a que aún la Resolución de la Sala Familiar se encuentra SUBJUDICE, por lo que aún no ha causado ejecutoria, debido a que se encuentra pendiente de resolver el Amparo Directo Interpuesto por la Quejosa en contra de la referida ejecutoria de la sala familiar de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince. Forma parte del acto reclamado, la orden de reducción dada por la responsable a las (sic) ejecutora mediante oficio número 811, de fecha 19 de mayo de 2016, en el que se ordena dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 18 de noviembre de dos mil quince, confirmando la sentencia definitiva de diecinueve de noviembre del dos mil trece, en la que se ordena modificar el descuento, reduciendo del 50% al 30% de la pensión alimenticia, aún y cuando la resolución de la sala familiar dictada en el toca familiar número 155/2015, se encuentra SUBJUDICE. b).- DE LA EJECUTORA.- reclamo el inminente cumplimiento de la orden dada por la responsable a la ejecutora, mediante oficio número 811, de fecha 19 de mayo del año 2016, en el que se ordena dejar sin efecto el descuento establecido por oficio sin número de fecha quince de septiembre de dos mil cinco, para que ahora en adelante solo se aplique el 30% (treinta por ciento) de la pensión alimenticia.". La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO.- Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, previa prevención hecha se admitió a trámite la demanda de amparo misma que se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 604/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a juicio a la parte tercero interesada y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en relación con el diverso 36/2016 que modificó aquél, en virtud de que los actos reclamados, tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente a establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo al análisis integral del escrito de demanda, determinación que se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 192097, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así pues, del análisis tanto de la demanda de amparo, como del escrito aclaratorio de ésta, a fin de resolver de forma congruente y completa la litis, se obtiene que los actos reclamados son: El ilegal cumplimiento dado al auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, así como la ejecución de la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil quince, en la que la Sala Familiar confirma la sentencia definitiva de diecinueve de noviembre de dos mil trece, dictada en el expediente 811-3/2005, relativo al juicio especial de alimentos promovido por la aquí quejosa por sí y, en representación de sus hijas Viridiana y Zuleyma Soraya, ambas de apellidos Rumbo Cardoso, contra Adolfo Rumbo Flores, debido a que dicha resolución aún no ha causado ejecutoria, en virtud de que se encuentra pendiente por resolver el juicio de amparo directo interpuesto por la promovente del amparo. El ilegal oficio 811, girado al representante legal o Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur Zona Acapulco, de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el que se le ordena dejar sin efecto el descuento establecido por diverso comunicado sin número de quince de septiembre de dos mil cinco, para que únicamente se aplique el treinta por ciento (30%) de descuento por pensión alimenticia. El cumplimiento dado a dichas determinaciones y, sus consecuencias jurídicas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, de esta ciudad, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen, sin embargo dicha negativa se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias exhibidas por la juez responsable, consistentes en copias certificadas derivadas del expediente 811-3/2005, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por Leonor Cardoso López y en representación de sus hijas Viridiana y Zuleyma Soraya de apellidos Rumbo Cardoso, en contra de Adolfo Rumbo Flores, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tanto, el acto de aplicación reclamado a dicha autoridad es cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Por razón de técnica, previo al estudio de los conceptos de violación, se procede al análisis oficioso de las causales de improcedencia, el cual se practicará lo hagan valer las partes o no, toda vez que su estudio es preferente y de orden público, según dispone el numeral 62 de la ley de la materia, así como la jurisprudencia que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, cobra vigencia el motivo de improcedencia señalado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I, del numeral 1º, y fracción II, del diverso dispositivo 5º (aplicado en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo vigente, atento a los argumentos siguientes. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En efecto, la quejosa en el presente juicio de amparo, señaló como autoridad responsable al Representante Legal o Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur Zona Acapulco, de quien reclamó el cumplimiento de la orden de reducción dada por la responsable, mediante oficio número 811, de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el que se ordena dejar sin efecto el descuento establecido por oficio sin número de quince de septiembre de dos mil cinco, para que en adelante sólo se le aplique el 30% (treinta por ciento) de la pensión alimenticia, sin embargo, este juzgador aprecia que tales conductas, no pueden considerarse actos de autoridad. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que al tenor de dicha legislación, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que era autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emitiera actos unilaterales a través de los cuales creara, modificara o extinguiera por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se concluía que autoridad es todo aquel ente que ejercía facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituían una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Entonces, las bases para distinguir un acto de autoridad de aquel que no lo era, se encontraban en la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; lo que significa, la necesidad de examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no bastaba que la quejosa la señalara como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis I.13o.A.29 K, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible a foja 1620, del Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto, se transcriben: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Sin embargo, con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del siguiente día de que ello aconteció, en sus artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, el legislador abandonó la postura contenida en la legislación abrogada, en el sentido de que el juicio de garantías era improcedente contra actos de particulares, y ahora contempla la posibilidad de que tales conductas puedan ser objeto de tutela constitucional; sin embargo, ello lo condicionó a que se realizaran actos equivalentes a los de la autoridad; es decir, que al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; el particular viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así las cosas, es factible afirmar que si bien la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio constitucional, no obstante que en algunos casos se trataba de funcionarios públicos, entidades paraestatales o de seguridad social; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, por ejemplo, que el particular realice el acto reclamado en ejercicio de alguna facultad que la ley expresamente le otorgue, con lo que provoque la afectación reseñada en la fracción I del artículo 1 de la Ley de Amparo. En el presente caso, de lo narrado por la parte quejosa se advierte que el Representante Legal y/o Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur Zona Acapulco, sólo tienen el carácter de patrón del acreedor alimentario dentro del juicio especial de alimentos 118-3/2005 y, que por ende, la autoridad judicial le dirigió la comunicación reclamada para que procedieran a hacer el descuento en la proporción que ahí determinó, y el Representante Legal y/o Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur Zona Acapulco, es únicamente quien se encarga entre otras facultades, la de realizar actos de administración en materia laboral; de ahí que, la falta de cumplimiento a lo anterior no puede ubicarse dentro de los parámetros a que se refieren los numerales invocados, habida cuenta que dichas entidades designadas como responsable, no lo hacen dotadas de facultades y atribuciones por las normas legales, ni mucho menos su cumplimiento crea, extingue o modifica situación jurídica alguna en forma unilateral u obligatoria en perjuicio de la solicitante del amparo, pues su actuar se encuentra vinculado a acatar un mandato judicial, y la omisión de pago está sometida a la jurisdicción de la autoridad judicial, quien le requirió en su carácter de empleador. Al respecto, debe tenerse presente por analogía, la jurisprudencia VII.2o.C.J/28 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 168203, tomo XXIX, enero de 2009, página 2360, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Por lo expuesto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, de la propia ley, por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo únicamente por lo que a esta autoridad se refiere y por el acto que se le reclama, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio relativo a los conceptos de violación. Al no advertirse oficiosamente la actualización de diversa causal de improcedencia, procede el estudio de los conceptos de violación, los que no se transcribirán de acuerdo con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Son infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa. Resulta oportuno traer a colación el contenido del artículo 368 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que establece: "Artículo 368.- Declaración judicial de que la sentencia ha causado ejecutoria. Sólo se requerirá declaración judicial de que han causado ejecutoria, respecto de las sentencias de primera instancia que sean apelables. Procede la declaración en los siguientes casos: I. Cuando las sentencias hayan sido consentidas expresamente por las partes; II. Cuando, notificadas en forma, no son recurridas dentro del término señalado por la Ley; y III. Cuando se interpuso recurso que no se continuó en la forma y términos legales o cuando quien lo interpuso se desistió. La declaración la hará el juzgador de oficio o a petición de parte en el caso de la fracción I. En el caso de la fracción II, la declaración se hará a petición de parte, excepto en el caso de divorcio voluntario en que la declaración se hará de oficio. En los casos de la fracción III, la declaración la hará el Tribunal o el juzgador al resolver sobre la deserción o desistimiento del recurso. El auto que declara que la sentencia ha causado o no ejecutoria es recurrible en queja. En los demás casos, las sentencias causarán ejecutoria por ministerio de ley, sin necesidad de declaración expresa que lo indique, una vez que no estén sujetas a impugnación.". Del precepto se advierte que hay dos formas en el que las sentencias causan ejecutoria: Por Declaración Judicial Por Ministerio de Ley. De la misma manera establece que únicamente las sentencias de primera instancia requerirán declaración judicial de que han causado ejecutoria, y en los demás casos causarán ejecutoria por Ministerio de Ley. Debido a lo cual contrario a lo que refiere la parte quejosa, la sentencia emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero dentro del toca familiar 155/2015, causó ejecutoria por Ministerio de Ley, sin tener que esperar una declaratoria judicial, por tanto, no asiste razón a la impetrante del amparo cuando dice que la sentencia dictada por la Sala Familiar se entraba subjudice, dado que no había causado ejecutoria, pues como se adelantó; las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria por ministerio de ley. Resulta aplicable, la tesis I.6o.C.9 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 406, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA. CAUSAN ESTADO LAS, POR MINISTERIO DE LEY. Cuando una sentencia del Tribunal de alzada confirma en el recurso de apelación, la definitiva, emitida por el juez de primer grado, no se requiere la declaración expresa en el sentido de que aquélla causó ejecutoria, toda vez que los fallos dictados en segunda instancia, causan estado por ministerio de ley, de conformidad con la fracción II, del artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.". Así, al quedar firme la resolución pronunciada por la autoridad responsable, ésta se encontraba en posibilidad de ejecutar su fallo, lo que originó que girara el oficio 811, de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, al Representante Legal o Jefe del Departamento de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur Zona Acapulco, para que dejara sin efecto el descuento ordenado por oficio sin número de quince de septiembre de dos mil cinco, y en adelante sólo se le aplicara el 30% (treinta por ciento) de descuento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias al deudor alimentario, aquí tercero interesado Adolfo Rombo Flores. Por otra parte, son infundadas las aseveraciones que realiza la quejosa, atenientes a que la resolución de la sala familiar se encontraba subjudice, al encontrarse pendiente de resolver un juicio de amparo directo interpuesto por la propia Leonor Cardoso López, pues sus argumentos se encuentran desvirtuados con las constancias que la autoridad responsable remitió a este órgano de control constitucional mediante oficio 471, de las cuales se advierte que por sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en el Amparo Directo Civil 03/2016, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a la aquí quejosa Leonor Cardoso López, respecto del acto que hizo consistir en la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil quince, emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, dentro del toca familiar 155/2015, documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por tanto, resulta claro que a la data en la que la juez responsable dictó el proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que aquí se reclama donde ordenó que sólo se aplicara el 30% (treinta por ciento) de descuento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias al deudor alimentista Adolfo Rumbo Flores, ya había sido resuelto el juicio de amparo directo interpuesto por la quejosa, de suerte que si al momento de emitirse el acto reclamado, ya se había resuelto el amparo, entonces, contrario a lo que aduce la quejosa, no había impedimento legal para la emisión del oficio, máxime que de las constancias de autos se advierte que en el amparo directo de marras no se solicitó la suspensión de la sentencia reclamada. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar a Leonor Cardoso López, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Lo anterior, no obstante de que en el juicio de origen se ventilen derechos de menores, por los cuales opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, prevista en el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, sin embargo, el presente juicio amparo, se promovió por Leonor Cardoso López, por propio derecho y no en representación de su menor hija, motivo por el cual no es dable suplir dicha deficiencia, pues no se ubica en alguno de los supuestos que para suplir la queja deficiente enumera el referido artículo. SEXTO. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SÉPTIMO. Finalmente se hace constar que la parte quejosa en este juicio constitucional no se opuso a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Leonor Cardoso López, contra el acto de la autoridad y por los motivos que se indican en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Leonor Cardoso López, contra los actos de la autoridad, que quedaron precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así resuelve y firma José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de María del Rocío Puente Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. NOTA: esta hoja corresponde a la resolución dictada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo 604/2016. Conste.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el tercero interesado Adolfo Rumbo Flores; en atención a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte, para los efectos legales a que haya lugar; sin que proceda proveer de conformidad lo que solicita, toda vez que los alcances de la resolución interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en la que se otorgó la medida cautelar solicitada, no son que el órgano público para el que presta sus servicios le restituya cantidad alguna. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en el precepto 278 del invocado código, expídanse a su costa las copias que indica, haciéndole saber que puede acudir para el fotocopiado y recepción de ella en cualquier día hábil, previa firma que se deje en autos para constancia. Se autoriza a las personas que designa para recibirlas.

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