Leonor Briones Patiño
Expediente 337/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leonor Briones Patiño
- Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal en la Región Centro del Estado de Sinaloa. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en tal virtud, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente si es de valor jurídico pero no de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que el duplicado del incidente de suspensión está en la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes citado, por tanto, es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el plazo de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. Finalmente, remítanse al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal en la Región Centro del Estado de Sinaloa las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte QUEJOSA LEONOR BRIONES PATIÑO TERCERO INTERESADO ARTURO RAMÍREZ AMADO ASESOR JURÍDICO PÚBLICO VICTIMAL TRÁMITE. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Leonor Briones Patiño solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Centro del Estado de Sinaloa. SEGUNDO. Admisión. Por auto de uno de abril del año en curso, este Juzgado de Distrito admitió la demanda, ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, emplazar a los terceros interesados y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo en virtud que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado y autoridad responsable. De la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Centro del Estado de Sinaloa: El auto de vinculación a proceso dictado el diez de marzo de dos mil veintidós en la continuación de la audiencia inicial, dentro de la causa penal 1376/2019, por el hecho que la ley penal califica homicidio calificado por retribución en grado de tentativa. TERCERO. Acto cierto. Es cierto el acto reclamado a la Juez responsable pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 17); lo que está corroborado con las constancias y los discos compactos de audio y video que allegó la autoridad jurisdiccional responsable, en la que está la determinación reclamada. CUARTO. Estudio de fondo. Los hechos atribuidos a la quejosa consisten en que aproximadamente a las siete treinta horas del catorce de abril del año dos mil diecinueve, Juan Diego García Gallegos llegó hasta el lugar donde se encontraba la víctima Arturo Ramírez Amado, ubicado en calle Eustaquio Buelna, entre Francisco Zarco y Domingo Rubí, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, Sinaloa, sitio en el que se encontraba en compañía del menor de iniciales J.E.B.G., Miguel Alavés Pacheco, Enrique Valenzuela García, Iker Iván Richard López y su hermano Raúl Ramírez Amado; posteriormente, García Gallegos le dijo a la víctima "hey, hijo de tu puta madre, vamos con la señora Leonor Briones Patiño"; por lo que Arturo Ramírez Amado y el menor se fueron detrás de Juan Diego García Gallegos; llegaron frente a las oficinas de la imputada Leonor Briones Patiño, la cual al tenerlo ante la vista le dijo a la víctima "tu siempre estás chingando y me patinas el carro aquí enfrente", a lo que Arturo Ramírez Amado contestó "tu haces lo mismo"; luego, la imputada le dijo "tu siempre estás chingue y chingue, pero ahora sí, te voy a matar"; después, dicha persona se dirigió a Juan Diego García Gallegos y le dijo "tu lo vas a matar, porque para eso ya te pagué"; entonces, la víctima le dijo a la imputada "estás loca"; momentos después, Arturo Ramírez Amado y el menor de iniciales J.E.B.G. se regresaron a la calle donde estaban, frente a su negocio, lugar donde los esperaba Miguel Alavés Pacheco; posteriormente, Arturo Ramírez Amado se puso a platicar con Alavés Pacheco, el menor se retiró como unos ocho metros de distancia, precisamente al negocio de la víctima; unos diez minutos después Juan Diego García Gallegos se acercó a Arturo Ramírez Amado y solo dijo "qué pasó", posteriormente sacó un arma de fuego tipo pistola escuadra y le disparó primero a los pies, la víctima brincó hacia atrás, luego aquél le apuntó con la pistola en la cabeza y le disparó; por instinto, Arturo Ramírez Amado se agachó, pero aun así logró lesionarlo en la cabeza, parte fronto temporal izquierda; una vez lesionada dicha persona, el agresor se retiró del lugar corriendo. Contra la vinculación a proceso, la quejosa sostiene lo siguiente: Se le vinculó a proceso contraviniendo el artículo 14 Constitucional, párrafo segundo, en lo relativo a la exacta aplicación de la ley penal, toda vez que no existe algún dato de prueba que haga suponer su participación dolosa en los hechos que se le atribuyen, tampoco se acredita que hubiese realizado algún pago o retribución a la persona que cometiera el ilícito en contra de la hoy víctima. En todo caso, se debió emitir auto de no vinculación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin perjuicio que se continuara con las investigaciones a fin de acreditar o no si existía alguna relación, contrato, acuerdo verbal o retribución, para así poder determinar si realmente tuvo autoría intelectual o no en los hechos. A la fecha del dictado del auto de vinculación reclamado, no se reunían los requisitos de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, actualizándose incluso la fracción IV de dicho numeral, en correlación con el artículo 26, fracción II, del Código Penal del Estado de Sinaloa. No se actualiza el supuesto establecido en el numeral 139, fracción II, del Código Penal del Estado de Sinaloa, esto es, que el homicidio que se le atribuye se hubiese ejecutado por retribución dada o prometida, dado que los datos con los que se contaba al momento de la audiencia de vinculación a proceso no se acredita que hubiese otorgado alguna retribución o promesa a Juan Diego García Gallegos. No se menciona cómo llevó a cabo la conducta que se le atribuye, pues no existen las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que hagan suponer que realizó pago o realizara alguna promesa de pago. Tampoco se establece cuánto fue lo que le atribuyen, esto es, le pagó al autor material, ni tampoco cuándo le entrego el dinero o en qué lugar lo hizo. El Juez responsable no explicó cómo se acredita el elemento del tipo penal consistente en que la imputada realizó pago o retribución a Juan Diego García Gallegos, pues al aplicarle o encuadrarle por analogía (semejanza entre dos cosas distintas) como son el decir que realizó el pago y acreditar que se realizara, no motivó dicho encuadramiento jurídico con las circunstancias que acrediten esa supuesta retribución dada. Esos conceptos de violación resultan infundados, por las siguientes razones: El Fiscal no expuso que en determinado tiempo, lugar o circunstancias la aquí quejosa realizó el pago a la persona que pretendió privar de la vida a la víctima, sino solo que ésta y el testigo menor de edad mencionaron que ante su presencia la imputada dio la orden al activo de privar de la vida al pasivo, dado que ya había pagado; esto es, lo que la víctima y testigo escucharon es que la imputada aseveró que previamente había pagado al autor material para que privara de la vida a la víctima, en eso se basó tal extremo, motivo por el cual no era necesario se aportaran datos en torno a circunstancias de modo, tiempo y lugar del pago realizado, como tampoco para acreditar el pago en sí. En diverso concepto de violación, la quejosa sostiene que el auto de vinculación reclamado, no está debidamente fundado ni motivado. En el auto de vinculación a proceso, en esencia el Juez responsable señaló: Vinculaba a proceso a la imputada en términos del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El delito de homicidio por retribución dada en grado de tentativa, en agravio de la vida de Arturo Ramírez Amado, está previsto en los artículos 133 y 139, fracción II, en relación con los numerales 16 y 87 del Código Penal. De los antecedentes de investigación, tocante a la fracción III del artículo 316, se deprenden datos de prueba que establecen el hecho materia de la imputación. Existen datos razonables, indicios razonables como lo son, la declaración de la víctima Arturo Ramírez Amado, la declaración del menor de J.E.B.G., así como la declaración de Miguel Alavés Pacheco. La razonabilidad no está con los testigos ofrecidos por la imputada, en razón que fueron poco claros, existe disparidad en sus declaraciones en relación a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Los datos están sustentados por lo mencionado por la víctima Arturo Ramírez Amado, en el sentido que le llamó el Kan Kan para que fuera con la imputada Leonor Briones Patiño y que en ese lugar la imputada le dijo al Kan Kan que ya le había pagado para que lo matara. Ese señalamiento no era aislado, sino que concatenaba con lo expuesto por el menor de iniciales J.E.B.G., en la carpeta de investigación y después con lo declarado ante ese juzgado. Existen indicios razonables que permiten suponer el evento con los datos referidos. También existía razonabilidad en lo expuesto por la imputada, en el sentido que en el lugar de los hechos, esto es, cuando llegó con ella Arturo Ramírez Amado, ahí estaba el Kan Kan, aunque no refiere que le haya dicho algo a esa persona. Como se advierte, contrario a lo sustentado en la demanda de amparo, la responsable fundó y motivó su resolución en la parte que aquí compete, porque estudió las razones por las cuales se encuentran satisfechos los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso; además que valoró razonadamente los datos de prueba que consideró pertinentes para el caso concreto, a fin de determinar la vinculación a proceso. Este Órgano de Control Constitucional coincide con esa determinación, pues los datos de prueba, particularmente la versión de Arturo Ramírez Amado, concatenada con lo narrado por el menor de iniciales J.E.B.G., revelan que la imputada, aquí quejosa, otorgó retribución a Juan Diego García Gallegos, a efecto que privara de la vida al citado Arturo Ramírez Amado, lo cual no aconteció por causas ajenas a la voluntad del citado García Gallegos, al brindársele atención médica oportuna a la víctima, que lo que constituye hecho que los artículos 16, 133 y 139 del Código Penal para el Estado de Sinaloa califica delictivo. Por tanto, son infundados los conceptos de violación donde se asegura que no existen datos de prueba de los cuales se desprendan esos extremos. En otro motivo de disenso, la quejosa refiere que no se actualiza la fracción I del artículo 18 del Código Penal del Estado de Sinaloa, pues no existen datos que establezcan que acordó o preparó la realización del delito por el que se le acusa. Sostiene que no existe dato de prueba que establezca que existió entre la imputada y el supuesto agresor, un reparto del dominio del hecho, en la etapa de su realización (co-dominio funcional del hecho), pues su supuesta participación fue concatenada con el testimonio del menor de iniciales J.E.B.G. Es inoperante el anterior concepto de violación, por lo siguiente. Fue acertado que el Juez de Control determinara la probable participación de la quejosa en los hechos que dieron origen en la causa penal de la que emana el acto reclamado, en virtud que de la declaración de la víctima Arturo Ramírez Amado, así como del menor de iniciales J.E.B.G., se advierte que la imputada, aquí quejosa, otorgó retribución a Juan Diego García Gallegos, a efecto que privara de la vida al citado Arturo Ramírez Amado, según el propio dicho de la imputada. Esa es la participación de la aquí quejosa en el hecho investigado, no en el reparto de tareas en la ejecución del acto material tendente a privar de la vida al pasivo, de ahí que no haya necesidad de aportar datos en torno al codominio funcional del hecho, pues no se está ante coautoría material, sino de autor intelectual o instigador. En diverso concepto de violación, la quejosa aduce que la autoridad responsable transgredió el principio de presunción de inocencia que constitucionalmente debía operar en su favor. En ese contexto, contrario a lo alegado, existen datos de prueba que desvirtúan la presunción de inocencia que opera a favor de la quejosa, por lo que tocaba a ésta justificar su postura ya que no basta su sola negativa en la participación en los hechos investigados pues admitirla como válida y por sí misma suficiente sería desnaturalizar la fase procesal en que se encuentra la causa penal de origen ya que para el dictado del auto de vinculación no se requiere de pruebas plenas, sino datos de convicción de los cuales se desprendan la probable participación del imputado, situación que en el caso aconteció. Máxime que, como lo señaló el juez de instancia, en el caso no se determinó que la aquí amparista sea penalmente responsable, sino sólo que existen datos, que hacen probable su participación en los hechos investigados. En diverso motivo de inconformidad, la quejosa refiere que en el peor de los casos, se debió vincular a proceso por un delito diverso y menos grave, pues la autoridad responsable lejos de vincularla a proceso por los hechos que se mencionan, pudo también ordenar o resolver vincularla a proceso en el sentido de que se modificara el tipo penal en estudio, pues si bien es cierto de los datos de prueba que obraban en ese momento dentro de la carpeta de investigación se desprende un hecho en el cual se lesionó a la víctima Arturo Ramírez Amado, también es cierto que ese pudo haber sido el delito por el cual se le debía haber vinculado a proceso. El juzgador responsable, al vincularla a proceso, motivó su resolución basándose y dando por hecho que la imputada conocía el hecho de querer privar de la vida a la víctima, así como también asume que tenía la voluntad de que así se llevara a cabo, pasando por alto los dichos y argumentos de su defensa, en el sentido de que la persona que lesionó a la víctima, esto es, Juan Diego García Gallegos, tenía la supuesta intención de privarlo de la vida, cuando puede advertirse que esta persona realizó dos disparos, el primero de ellos al piso y según refirieron los testigos, que al momento de realizar el segundo disparo éste se realizó en un momento en que la víctima reaccionó y se agachó, ocasionando con ello que el agresor le disparara sin saber si tenía la voluntad o no de lesionarlo en la cabeza. El Juez de Control presupone y da por hecho que la intención del autor material del delito era privar de la vida a la víctima, cuando en todo caso, su intensión pudo ser la de lesionarlo y no privarlo de la vida, pudiendo operar un delito diverso como lo es el de lesiones dolosas, tal y como su defensa argumentó. Los anteriores conceptos de violación son infundados e inoperantes por lo siguiente. Son infundados, virtud que en la resolución reclamada, el Juez responsable adujo que la resolución de cometer el delito se exteriorizó ejecutando los actos que deben producir un resultado, que el efectuar un disparo en la cabeza de una persona, son los actos idóneos tendientes a producir la privación de la vida, que cuando se dispara a alguna persona en la cabeza, es porque se le quiere matar, eso lo indica la propia lógica y cualquier persona, sin ser perito, puede entender que disparar en la cabeza no lleva una intención de lesionar. Asimismo, el juez responsable expresó que si el resultado no aconteció, no fue porque la persona no haya disparado más, sino porque el agresor se retiró, pensando que había logrado su cometido, asimismo, en razón que se le brindó atención médica oportuna a la víctima. En efecto, como lo estimó el Juez responsable, están los datos de prueba derivados de la declaración de la víctima y del menor de edad, en el sentido que ante su presencia la imputada ordenó al Kan Kan privar de la vida al pasivo, al fin de cuentas ya le había pagado; ese es indicio de la intención de causar la muerte; aunado al dato que se desprende que le apuntó a la cabeza y le disparó, sin que los declarantes afirmaran que la bala pegó en la cabeza porque la víctima se agachó, pues fueron categóricos al señalar que le apuntó a la cabeza, lo que revela la intención delictiva, lo cual constituye otro indicio de pretender privar de la vida al pasivo. Ante ello, al apuntar con la pistola a la cabeza de la víctima, al caer esta al piso, el sentido común indica que, todo hacía indicar que el victimario logró su cometido, por lo que no era necesario continuara con los disparos, como correctamente lo decidió el Juez de Control. En otro concepto de violación, la amparista aduce que el juez de control no valoró de manera libre y lógica los argumentos vertidos por la imputada y por su defensa, mucho menos tomó en consideración los datos de prueba que fueron desahogados en la audiencia inicial. Contrario a lo que expone la quejosa, el Juez de Control se pronunció en relación a los datos de prueba que se ofrecieron a su favor, pero determinó que la razonabilidad no estaba con esos testimonios, virtud que quedó poco claro lo que señalaron, toda vez que existía disparidad en cuanto a sus dichos, referentes a las personas que se encontraban presentes en el lugar y día de los hechos. Lo cual es correcto, pues los hijos de la imputada no fueron coincidentes en la proximidad de uno de ellos con aquélla y de la empleada de la taquilla, pues Osvaldo Rafael Apodaca Briones dijo que siempre estuvo a un metro de su madre, en tanto Jonathan Omar Apodaca Briones aseguró que él ni su hermano se aproximaron; asimismo, Jonathan Omar Apodaca Briones no advirtió la presencia de la empleada y de la persona que acompañaba a la víctima, al asegurar que solo estaba su madre y Arturo Ramírez Amado; por ello lo infundado del relativo concepto de violación. En diverso motivo de inconformidad, la quejosa refiere que el Juez responsable pasó por alto diversas contradicciones entre el testigo menor de edad de iniciales J.E.B.G. y los diversos testigos que declararon dentro de la investigación, principalmente, con Miguel Álvarez Pacheco y Raúl Ramírez Amado. Luego, sobre tales aspectos no se suscitó especial controversia ante el juez de instancia y, ante ello, éste no tuvo oportunidad de pronunciarse. De ahí que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse por cuanto hace a las contradicciones que plantea en su demanda de amparo al no haberse sometido su análisis ante el Juez de Control. Por otra parte, respecto al diverso concepto de violación, en que la quejosa aduce que el testimonio del menor de iniciales J.E.B.G., es el único que aporta datos incriminatorios en su contra, sin que haya otro dato de prueba que corrobore lo manifestado por éste, dicho concepto es infundado, toda vez que como se expuso en párrafos que anteceden, el juez responsable señaló que además de ese dato de prueba, existen otros, particularmente la versión de Arturo Ramírez Amado, los cuales son coincidentes al sostener que la imputada ordenó al Kan Kan privar de la vida a la víctima, pues ya le había pagado para que lo hiciera; de tal manera, la versión del menor está robustecida con la declaración de la propia víctima; de ahí lo infundado del relativo concepto de violación. En otro aspecto, la quejosa refiere que la autoridad responsable le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 Constitucional, párrafo segundo, y considera que la aplicación del numeral en cita constituye inexacta aplicación de la ley penal, que la privan de su libertad de manera infundada e indebidamente motivada, contraviniendo los artículos 14, 16 y 19, párrafo segundo, Constitucionales. Es infundado el concepto de violación. Se afirma lo anterior, pues el ilícito por el que se dictó auto de vinculación a la quejosa se encuentra previsto en el artículo 19 Constitucional, el cual en la parte que interesa, dispone: [.] .El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. [.] Por otra parte, los artículos 165 y 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. [.] 167. Causas de procedencia [.] El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] Como se observa, tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el de homicidio doloso y delitos cometidos con medios violentos como armas, entre otros supuestos, por el cual le fue dictado auto de vinculación a la promovente del amparo. De ahí que se considere acertado la imposición de dicha medida cautelar a la promovente del amparo por estar contemplado de esa manera en la citada legislación. Por lo demás, en los aspectos no cuestionados por el quejoso, este Órgano de Control Constitucional no advierte irregularidad en el acto reclamado que amerite suplir la ausencia de conceptos de violación y resolver conforme los intereses de aquél; por lo que este juzgado de amparo hace propias y remite a esas consideraciones del juzgador de instancia. Sin que sea necesario externar objetivamente el análisis pormenorizado que llevó a este Órgano de Control Constitucional a considerar legal el pronunciamiento del acto reclamado, al no poder variarlos aun para llegar a la misma conclusión pues, de hacerlo, en alguna forma agravaría la situación del inculpado, al alterar la litis y contrariar la finalidad perseguida por la queja deficiente, lo cual resulta ocioso. Esta consideración tiene apoyo en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 40/97, publicada en la página doscientos veinticuatro, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. En efecto, en la ejecutoria de la cual emanó la anterior jurisprudencia, la Primera Sala de ese Alto Tribunal del país señaló que, so pretexto de suplir la queja deficiente no se pueden variar los fundamentos de la resolución recurrida cuando se llega a la misma conclusión que el juzgador de grado menor, pues de hacerlo se agravaría la situación del recurrente, se alteraría la litis, lo que contrariaría la finalidad perseguida por la queja deficiente. Así, al tratarse de la institución de la suplencia de la queja, las anteriores consideraciones son aplicables al juicio de amparo, por tratarse de la misma institución jurídica contenida en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; con base en lo cual, este Órgano de Control Constitucional hace propias y remite a las consideraciones del acto reclamado. Lo anterior, porque con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público son hasta esta etapa procesal suficientes para estimar acreditados los hechos atribuidos al quejoso, así como su probable intervención y, por ello, suficientes para el dictado del acto reclamado. Al respecto es de invocar la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 07 de julio de 2017 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, donde sostiene: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. En las condiciones anotadas, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Leonor Briones Patiño. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dos de junio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se desprende que el veintiséis de mayo del año en curso se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Arturo Ramírez Amado, por lo que se está en espera del emplazamiento del referido tercero interesado. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Omar López Palafox, Secretario que autoriza y da fe
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso Leonor Briones Patiño, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintiocho de abril del año en curso y señala un nuevo domicilio del tercero interesado Arturo Ramírez Amado, en la negociación denominada "el charro negro" el cual se encuentra ubicado en calle Eustaquio Buelna entre las calles Francisco Zarco y Domingo Rubí en la sindicatura de Villa Benito Juárez en la ciudad de Navolato, Sinaloa. Túrnense los autos al actuario adscrito a fin de que se constituya en el domicilio ante mencionado, a fin de emplazarlo a juicio; para lo cual le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de emplazamiento señale domicilio procesal en esta ciudad. O, en su caso, dentro del mismo plazo proporcione usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de manera expresa solicite la recepción de notificaciones vía electrónica para autorizarlas y habilitar la consulta del expediente electrónico. Deberá apercibirla que de omitir proporcionar usuario o no señalar domicilio procesal en esta ciudad, dentro del plazo establecido, las notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista. Notifíquese y personalmente al tercero interesado Arturo Ramírez Amado. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.
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