Leonor Aida Vega Gutiérrez

Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
690/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala
  • Leonor Aida Vega Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio y anexo signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 172/2019; en consecuencia, comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad confirmó el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve ...y los puntos resolutivos de la ejecutoria en cita establecen lo siguiente: RESUELVE ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Leonor Aída Vega Gutiérrez, en contra del auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, pronunciado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo 690/2019-VII. Asimismo, se le tiene devolviendo el juicio de amparo 690/2019-VII de este índice; en consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo de estilo. Se ordena archivo. En tal virtud, glósense las constancias devueltas, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. No devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos y billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Devolución de constancias. En ese tenor, devuélvase al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, las copias certificadas del expediente 310/2019 de su índice.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual, acusa recibo del oficio mediante el cual se rindió informe, se remitió el original y copia del recurso de queja interpuesto por Leonor Aida Vega Gutiérrez, así como los autos del juicio en que se actúa y un tomo de pruebas e informa que se admitió a trámite dicho recurso, el cual fue radicado bajo el número 172/2019, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de siete de agosto de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, siete de agosto de dos mil diecinueve. Se acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, comunica el auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Leonor Aída Vega Gutiérrez, por su propio derecho, en los autos del juicio de amparo 690/2019 de su índice, por las razones expuestas. Radicación demanda de amparo En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 690/2019-VII. Acúsese el recibo de estilo. Se desecha demanda de amparo Vista la demanda de amparo que promueve Leonor Aída Vega Gutiérrez, por su propio derecho, contra actos del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama: El auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio oral mercantil 310/2019-II del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, en el que se admitió a trámite la demanda planteada. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio oral mercantil 310/2019-II del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, en el que se admitió a trámite la demanda planteada, no es un acto que afecte materialmente los derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, dicho acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Lo anterior, es así, pues el acto reclamado en el presente juicio consistente en el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio oral mercantil 310/2019-II del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, en el que se admitió a trámite la demanda planteada, es una determinación que sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno señalar los antecedentes respectivos, deducidos de la copia certificada del expediente de origen que remitió la autoridad oficiante, siendo los siguientes: El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, Pablo Vázquez Dorantes, apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, promovió juicio oral mercantil en contra de Leonor Aída Vega Gutiérrez, demanda que se registró con el número 310/2019-II del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala. En auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, por lo que se ordenó emplazar a la parte demandada. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se emplazó a la demandada Leonor Aída Vega Gutiérrez, diligencia que se entendió personalmente con ella, quien incluso firmó el acta respectiva. Mediante escrito recibido el diez de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la demandada Leonor Aída Vega Gutiérrez contestó la demanda instaurada en su contra, habiendo opuesto excepciones y ofrecido pruebas. En proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la demandada referida, contestando la demanda instaurada en su contra, por opuestas las excepciones y por ofrecidas las pruebas; en tal virtud, se ordenó dar vista a la parte actora con el escrito de contestación de demanda para que dentro del plazo de ley manifestara lo que a su derecho conviniera. Por escrito recibido el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la demandada Leonor Aída Vega Gutiérrez promovió demanda de amparo directo en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Mediante ocurso recibido en el juzgado de origen el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, la parte actora desahogó la vista que se le otorgó con el escrito de contestación de demanda. En auto de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se acordaron los dos escritos señalados con anterioridad, respecto al primero de ellos, se ordenó realizar la certificación correspondiente al reverso de la demanda de amparo, emplazar a la parte tercera interesada y rendir el informe justificado correspondiente; por lo que hace al segundo de los citados, se acordó el desahogo de vista realizado por la parte actora respecto del escrito de contestación de demanda. Asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia preliminar. De lo anterior se desprende que, la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, únicamente admitió la demanda de juicio oral mercantil que le fue planteada, y ordenó el trámite correspondiente consistente en emplazar a la parte demandada; por tanto, no genera un acto de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución grave o de efectos exorbitantes que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. No pasa inadvertido que la parte quejosa se duela del auto reclamado bajo el argumento de que el juez responsable inobservó el texto del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, anterior a las reforma determinada en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el que estimó resultaba aplicable considerando que el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, base de la acción, se suscribió el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; por lo que aseveró que no debió admitirse la demanda de juicio oral mercantil, ya que la suerte principal que se le reclamó en el juicio de origen, de $764,345.74 (setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos), resulta inferior a la que establecía el artículo 1339 del mismo cuerpo de normas, conforme al texto del otroro numeral 1390 Bis. Empero, al respecto debe destacarse que el artículo 1390 Bis-17 del Código de Comercio, dispone que en el escrito de contestación de demanda, la parte demandada debe oponer todas las excepciones que considere convenientes, cualquiera que sea su naturaleza, destacándose en el caso específico, la relativa a la improcedencia de la vía, la cual atañe a los presupuestos procesales de la acción. Por lo que se insiste, que el auto combatido sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, no así un acto de imposible reparación, ni que tenga una ejecución grave o de efectos exorbitantes, que hiciera procedente el juicio de amparo bi-instancial. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se ordena formar tomo Por otra parte, se ordena integrar las constancias que remitió la autoridad oficiante, en un tomo por separado respecto del cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Domicilio y autorizados Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Eduardo Mendoza Lima y Florencio Mendoza Papalotzi, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, atento al sentido del presente acuerdo, por única ocasión, notifíquese a la parte quejosa en el domicilio ubicado en calle Yeseros número diez, colonia Loma Bonita en Tlaxcala, Tlaxcala, el contenido del mismo; debiendo requerirla para que en el acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco, lugar donde tiene su residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Oposición de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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