Leonila Guillén Calderón

Expediente 251/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
251/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
13/06/2018

Partes del expediente

  • Leonila Guillén Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee:. Se tiene por a la parte quejosa por no ampliando su demanda. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, respecto a la ampliación de su demanda. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por no ampliando su demanda, por lo que al resolverse el juicio, únicamente se estudiará la constitucionalidad de los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda. Sobreseimiento. Ahora, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar contestación al ocurso presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, por el que solicitaba la autorización para podar un árbol que causa daños a su casa vivienda. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el cuatro de abril del año en curso, dio contestación a la petición de la quejosa a través de dictamen técnico, emitido por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, de esta ciudad, donde se autorizó el derribo del árbol, así como el procedimiento a seguir. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de dar contestación a su escrito de dos de agosto de dos mil diecisiete y como se advierte de las copias certificadas que acompañó al oficio por el que rindió su informe justificado, tal petición fue atendida el cuatro de abril de dos mil dieciocho, con la emisión del dictamen técnico. Sin que pasen inadvertidas las pretensiones de la quejosa en su ocurso presentado ante este órgano jurisdiccional el once de mayo del año en curso, tendientes a desistirse del juicio de garantías en virtud a que la autoridad responsable dio contestación a su petición formulada por escrito de dos de agosto de dos mil diecisiete. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa, en proveídos de dieciocho de abril y catorce de mayo del año en curso. En el primer acuerdo, se le requirió a fin de que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Morelia, con sede en esta ciudad. Mientras que, por el segundo acuerdo, se le requirió a efecto de que compareciera a este órgano jurisdiccional, a ratificar su ocurso por el que se desiste del juicio de garantías. En consecuencia, para dar margen a lo anterior la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Parte quejosa señala domicilio y desiste del juicio. Glósense a los autos los ocursos signados por la quejosa Leonila Guillén Calderón, atento al contenido del primero de ellos, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír notificaciones el que ahí precisa. Luego, en lo que respecta al diverso ocurso presentado por la parte quejosa, a través del cual, en esencia se desiste de la tramitación del presente juicio de garantías, en virtud a que la autoridad señalada como responsable, le dio contestación a la petición que le fue formulada, misma que constituye el acto reclamado. Atento a ello, a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérasele para que dentro del término de tres días, contando a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, comparezca con identificación fehaciente a este tribunal federal, a ratificar el contenido del escrito por el que se desiste del juicio de garantías; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo y se continuará con la tramitación del presente asunto. Tiene apoyo a lo anterior jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2009731, que señala: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal." Así como la diversa la tesis de jurisprudencia 2ª./J.119/2006, publicada en la página 295, de la Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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