Leonides Trujillo Tenorio

Expediente 1908/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1908/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Leonides Trujillo Tenorio

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto de sobreseimiento fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria en vías de cumplimiento. El Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada de las constancias del expediente 484/2020, que se relatan a continuación: a. Auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, del cual se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, en el incidente de guardia y custodia compartida. Ordenó girar oficio al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, a fin de que designe: Una trabajadora social que realice un estudio socioeconómico a Emmanuel Barrales Solís [quejoso] y Pamela Villalva Córdova [tercera interesada]. Un psicólogo que lleve a cabo una valoración psicológica a los menores A.E.B.V. y A.B.V. y a sus progenitores. Requirió a la parte actora [tercera interesada], para que en el término de tres días exhiba fotografías de cuerpo entero de los menores, a fin de valorar el estado físico en que se encuentran. Fijó el "nueve de enero de dos mil veintidós" (sic), para que se escuche a los menores involucrados; por tanto, requirió a Pamela Villalva Córdova para que los presente en la fecha señalada y ordenó girar oficio al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, a fin de que designe un perito en psicología que esté presente en el desarrollo de la diligencia. Requirió a la citada progenitora para que en el término de tres días exhiba certificado médico de los infantes, a efecto de que se tenga conocimiento de su estado de salud. En aras de privilegiar a los menores, ordenó a Emmanuel Barrales Solís y Pamela Villalva Córdova, que tomen terapia a fin de que reconcilien sus diferencias, por lo cual se les requirió para que en el término de tres días informen el nombre del profesional que estará llevando su terapia; lo anterior, en el entendido de que cada uno deberá tratar de forma individual sus problemas personales para que, si las condiciones lo permiten, con posterioridad se tomen las terapias conjuntamente. b. Auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por el que la Jueza responsable precisó que la fecha prevista para desahogar la diligencia en que se escuchará a los menores involucrados, corresponde al nueve de enero de dos mil veintitrés. c. Las constancias de notificación a las partes y al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, respecto de los acuerdos que anteceden. Atento a lo anterior, por lo que respecta a la documental descrita en el inciso a), no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en auto del cinco de diciembre de dos mil veintidós, se tomó conocimiento de su contenido y se acordó lo conducente. Por otra parte, en relación a las documentales mencionadas en los incisos b) y c), se toma conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente: Si el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, ya designó: Una trabajadora social que realice un estudio socioeconómico a Emmanuel Barrales Solís y Pamela Villalva Córdova. Un psicólogo que lleve a cabo una valoración psicológica a los menores A.E.B.V. y A.B.V. y a sus progenitores. Un perito en psicología que esté presente en el desarrollo de la diligencia en que se escuchará a los menores involucrados, prevista para al nueve de enero de dos mil veintitrés. Si la parte actora ya exhibió las fotografías de cuerpo entero de los menores involucrados, así como sus certificados médicos. Si Emmanuel Barrales Solís y Pamela Villalva Córdova, ya informaron el nombre del profesional que estará llevando su terapia. Lo anterior, en relación al expediente 484/2020, de su índice. Apercibimiento. Se apercibe al Juez responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós.  Se requiere cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que las autoridades responsables no han informado el cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante encontrarse debidamente notificadas del auto de siete de noviembre actual, tal como se advierte de los acuses de recibo que obran agregados en autos. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es procedente requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos precisados en la sentencia de amparo, y en la resolución interlocutoria de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.  Efectos de la concesión. Es necesario recalcar, que el presente juicio el amparo se concedió para que la autoridad responsable: 153. Al tenor de las consideraciones expuestas, se concluye que para determinar la remoción o, separación o baja del cargo público que desempeñaba el quejoso como Agente de Tránsito adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, no se tramitó y resolvió previamente un procedimiento administrativo, lo procedente es calificar de injustificada la remoción y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. 154. En atención a lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; b) Cubrir las prestaciones relativas a los servicios de salud del solicitante del amparo, así como de sus coasegurados, a cargo de la dependencia o institución de salubridad correspondiente, hasta en tanto se le cubran la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. c) Asimismo, si la legislación aplicable establece la conservación de derechos a recibir los servicios de salud, dicho beneficio comenzará a aplicarse a partir de que se haga la liquidación correspondiente. d) Ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado, destituido o removido de manera injustificada. 155. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio, incluso las referidas a los servicios de salud.  Interlocutoria de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. 1. "Establecido lo anterior y calculadas en lo individual la indemnización constitucional y las demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que las autoridades responsables, en principio, deberían pagar a favor de la parte quejosa Iván Avendaño Guevara, la cantidad de $421,436.6 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos treinta y seis pesos 06/100 moneda nacional), integrada por los siguientes conceptos: Indemnización constitucional (Tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio) $28,911.24 Demás prestaciones (salario base, prima vacacional y aguinaldo). Del 16 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2021 $392,525.36 Total: $421,436.6 2. No obstante lo anterior, dado que el quejoso [como él mismo lo manifestó por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno], recibió un cheque por la cantidad de $23,364.05 (veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro pesos 05/100), ésta deberá descontarse de la cantidad calculada. 3. Así, se tiene que de la cantidad de $421,436.6 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos treinta y seis pesos 06/100 moneda nacional), menos la diversa entregada al quejoso mediante cheque, esto es, $23,364.05 (veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro pesos 05/100), resulta finalmente en $398,072.55 (trescientos noventa y ocho mil setenta y dos pesos 55/100). 4. En el entendido de que corresponde al empleador realizar las deducciones que, por concepto de obligaciones tributarias, deban retenerse, toda vez que tales cuestiones no son susceptibles de analizarse en el presente incidente de liquidación de la sentencia de amparo . 5. En estas condiciones, se declara fundado el presente incidente de liquidación de sentencia; por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia interlocutoria y en el plazo de quince días, paguen al quejoso Iván Avendaño Guevara, la cantidad de $398,072.55 (trescientos noventa y ocho mil setenta y dos pesos 55/100), por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. 6. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Por tanto, requiérase nuevamente a la Presidenta, Secretario, Director de Seguridad Pública, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito, Director de Recursos Humanos y del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, todos del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Apercibimiento. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento.  Se requiere cumplimiento a superior jerárquico. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables para que les requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibidas que, de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización . Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y mediante las siguientes direcciones de correo electrónico.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil veintidós. Imposibilidad jurídica para cumplir sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte quejosa desahogó la vista otorgada mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: VII. DECISIÓN 67. Por lo tanto, en virtud de la inconstitucionalidad del artículo 14, fracción XI, inciso f, punto 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jose Chiapa, Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los siguientes efectos: Se desincorpore de la esfera jurídica de la sociedad quejosa, hasta en tanto permanezca vigente, el artículo 14, fracción XI, inciso f, punto 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jose Chiapa, Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado precepto y, en vía de consecuencia, atendiendo a la estrecha vinculación que existe entre la norma reclamada y su acto de aplicación, debe hacerse extensiva la declaración de inconstitucionalidad al pago que se realizó el trece de enero de dos mil veintidós con sustento en esa norma, el cual fue registrado con el número de folio 7876 y asciende a la cantidad de un millón cincuenta y cinco mil pesos. Consecuentemente, el Ayuntamiento de San José Chiapa, Puebla, por conducto de la Tesorería Municipal, deberá ordenar que se le reintegre dicho monto a la sociedad quejosa. En el entendido que se deberá restituir a la sociedad quejosa dicho monto, sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria. Recurso de revisión. Mediante proveídos de treinta y uno de mayo y ocho de junio, ambos de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa y autoridad responsable Tesorero Municipal de San José Chiapa, Puebla interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número 388/2022 de su índice. Asimismo, en proveído de once de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable, Tesorero Municipal de San José Chiapa, Puebla, presentó oficio por el cual se desistió del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el cual se ordenó remitir al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a fin de que proveyera lo conducente Así, mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Tribunal de Alzada informando el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el amparo en revisión A.R. 388/2022 de su índice, del que se advierte que quedó firme el auto de veintisiete de julio del año en curso, en el que, a su vez, declaró firme la sentencia dictada en el sumario en que se actúa [información que es consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)]. En atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. La sentencia es de imposible cumplimiento. A efecto de emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la sentencia, en principio, resulta necesario tener presentes las consideraciones que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo el incidente de inejecución de sentencia 1/2021, en sesión del once de marzo de dos mil veintiuno, en las que determinó los elementos relativos a la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia de amparo y en los que, en la parte que interesa, expuso: a) La ejecutoria no está cumplida, porque no está total o correctamente cumplida debido a una abstención o contumacia de la autoridad responsable para acatar el fallo protector, b) La ejecutoria es de imposible cumplimiento. (.) Por otro lado, en el supuesto del inciso b), cuando el juez de amparo determina que la sentencia es de imposible cumplimiento, los presupuestos para la apertura del incidente de inejecución son: 1. El interés del quejoso de que, mediante el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le restituya en el goce de sus derechos humanos violados y, 2. La existencia de una situación material o jurídica que imposibilita a la autoridad responsable para actuar y dar el cumplimiento correspondiente. (.) Ahora, cuando estamos ante la imposibilidad que proviene de un cambio de situación jurídica derivado de un desistimiento de la acción laboral o un acuerdo de voluntades celebrado por las partes ante la autoridad responsable, con la consecuencia de poner fin al juicio natural, se presentan tres elementos: Un incumplimiento no atribuible a la responsable, Una reparación indirecta de los derechos humanos cuya violación se reclamó en la demanda de amparo y La falta de necesidad e interés del quejoso en que se cumpla la ejecutoria." Con base en lo anterior, válidamente se puede establecer que uno de los elementos relevantes a fin de determinar que existe imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo lo constituye la falta de interés de la parte quejosa, a fin de que se cumpla con la ejecutoria. En el caso en concreto, se advierte que el Ayuntamiento de San José Chiapa, Puebla, por conducto de la Tesorería Municipal, en cumplimiento a la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, debía ordenar que se reintegrara un determinado numerario a la sociedad quejosa. Sin embargo, mediante en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable a fin de informar las gestiones por las cuales no era dable dar cabal cumplimiento a la sentencia, remitió copia certificada del convenio de siete de julio de dos mil veintidós, celebrado por el Presidente, Síndico y Tesorero, todos del Municipio de San José Chiapa, Puebla y la moral ... En el punto 8 del convenio, se estableció lo siguiente: El Tesorero del Municipio de San José Chiapa, Estado de Puebla, y ..., se obligan recíprocamente a desistirse de los recursos de revisión que cada una de dichas partes interpuso contra la sentencia dictada y terminada de engrosar el 16 de mayo de 2022 en el juicio de amparo 128/2022 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Dichos recursos de revisión de los cuales las partes se comprometen a desistirse, se encuentran radicados actualmente en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con el número de expediente 388/2022. Al cumplirse con dichos desistimientos, quedará firme dicha sentencia de 16 de mayo de 2022 dictada en el referido juicio de amparo 128/2022 y ..., se compromete a no pedir la devolución de ... a la que tendría derecho por concepto de derechos por Dictamen de Uso de Suelo del ejercicio 2022, quedando facultada dicha empresa para compensar tal cantidad, hasta agotarla, contra pagos futuros que tenga que hacer tal empresa en materia de cualquier contribución municipal a excepción del impuesto predial de construcciones del JIS Park. De lo anterior, se advierte que no existe interés de la moral quejosa ..., en que se cumpla con la sentencia amparadora, esto es, que ya no haya instancia de parte agraviada, pues las partes celebraron un convenio, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica que va acompañado del resarcimiento [aunque obtenido por otra vía] de los derechos cuya violación reclamaba la parte quejosa y de su consecuente falta de interés en que se cumpla la referida sentencia. Lo anterior, incluso, fue reiterado por la parte quejosa ante este Juzgado Federal, porque, mediante proveído del siete de noviembre de dos mil veintidós, se le tuvo desahogando la vista otorgada por acuerdo del veintiséis de octubre de dos mil veintidós y, al efecto, manifestó su conformidad con el cumplimiento que la autoridad responsable realizó en el presente juicio de amparo. En esa tesitura, se estima que, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, existe imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo, dado que el Presidente, Síndico y Tesorero [autoridad responsable], todos del Municipio de San José Chiapa, Puebla y la moral ... [parte quejosa], celebraron el convenio de siete de julio de dos mil veintidós, en que la última nombrada se comprometió a no solicitar la devolución de ... Por tanto, en términos del artículo 196 párrafos segundo y último de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días que refiere el diverso 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, a fin de que determine si efectivamente se actualiza una imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector. Manifestaciones parte quejosa. Finalmente, como se precisó previamente, mediante proveído del siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a ..., autorizado en términos amplios de la parte quejosa, ..., desahogando la vista otorgada por acuerdo del veintiséis de octubre de dos mil veintidós y, al efecto manifestó, en esencia, lo siguiente: Que está de acuerdo con el cumplimiento que la autoridad responsable realizó en el presente juicio de amparo, a través del oficio ... al que anexó copia certificada del convenio celebrado el siete de julio de dos mil veintidós entre la parte quejosa y la autoridad responsable, en específico, en el punto 8. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto de las manifestaciones que realizó la parte quejosa, en el que expresó estar conforme con lo informado por la autoridad responsable; lo anterior, dado el sentido de la acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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