Leonela Retureta Reyes
Expediente 102/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Leonela Retureta Reyes
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de marzo de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, hecha por el Secretario de este juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de quince de febrero de la presente anualidad, por medio del cual se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa las documentales que allegara como pruebas en el presente controvertido, consistentes en copia certificada del acta de nacimiento número 00024, de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de Emiliano Zapata, Veracruz; y, constancia de dieciocho de enero de esta anualidad, expedida por el Agente Municipal de Miradores del Mar, Veracruz; y que obran agregadas en autos, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Al respecto, se le informa que de conformidad con lo dispuesto por el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo General que se cita, si transcurrido el plazo de noventa días, no se presenta ante este órgano judicial, a recoger tales constancias, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado, Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de febrero de dos mil dieciocho. De los autos del juicio de amparo número 102/2018/VI-A, promovido por Leonela Retureta Reyes, por propio derecho contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad capital y otras autoridades, por violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, y el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa desahogó en tiempo y forma la prevención que se le formuló en proveído de seis de febrero del año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo, origen del expediente en que se actúa, se advierte que la quejosa Leonela Retureta Reyes, señaló como actos reclamados en forma destacada la falta de llamamiento al juicio 819/2016/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad capital, y como consecuencia de ello, la orden de desalojo y/o lanzamiento, emitida dentro del citado expediente respecto del bien inmueble que tiene en posesión ubicado en la esquina de las calles Fernando Retureta López y Lauro Retureta López, de la Congregación Miradores del Mar, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que, por cuanto hace al acto reclamado en esta vía, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 819/2016/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, es improcedente el juicio de mérito, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia . Ello es así, toda vez que de los apartados del escrito de demanda relativos al "acto reclamado" y "antecedentes del acto reclamado", se desprende que la aquí impetrante de garantías se viene ostentando como tercera extraña a juicio; sin embargo, dicho carácter no le asiste porque ya fue oída y vencida en el juicio natural, al haber estado representada por su progenitora; ello, aun cuando argumente que en esa época era menor de edad. Se sostiene lo anterior, toda vez que de sus propias manifestaciones se advierte que fue representada en el juicio de origen desde el momento en que su progenitora Aurelia Reyes Sánchez, compareció en su nombre al juicio ordinario civil 819/2016/III, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra, sin que obste el hecho de que ni en el escrito de demanda que nos ocupa, ni en el escrito aclaratorio que se acuerda, precisó cuándo compareció su madre en el referido juicio ordinario civil a dar contestación en su representación, pues al citar en ambos escritos como acto reclamado la falta de llamamiento al referido juicio, permite concluir que no se le pueda considerar como tercero extraño por equiparación para la procedencia del juicio de amparo aquí intentado, dada la representación legal que ella misma dice tuvo en el juicio natural a través de su progenitora, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, por ser parte del mismo, y que una vez agotada la secuela procesal, fue condenada junto con otros, a ser privada de la posesión del bien inmueble ubicado en la esquina de las calles Fernando Retureta López y Lauro Retureta López, de la Congregación Miradores del Mar, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Consecuentemente, el sólo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio. Manifestaciones y hechos que constituyen una confesión expresa con pleno valor probatorio, pues es evidente que de las aseveraciones hechas tanto en la demanda de garantías, así como, en el escrito aclaratorio, prueban plenamente en su contra sobre la representación legal que tuvo desde el momento en que su progenitora dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en el juicio natural cuyo falta de audiencia ahora reclama, sin necesidad de ofrecerse como prueba; lo anterior con apoyo en los artículos preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º. Orienta lo anterior la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia 1ª./J 142/2012, visible en la página ochocientos setenta y cuatro, Tomo I, Libro XVIIII, Marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2012, con rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad." Asimismo, se cita la tesis VIII.5°.5 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, visible a página 2795, cuyo rubro enuncia: "MENOR TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO NATURAL. NO PUEDE ARGUMENTAR EN EL AMPARO TENER ESE CARÁCTER SI COMPARECIÓ A AQUÉL A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGÍTIMO." Por tanto, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, todos de la Ley de Amparo vigente, se desecha la demanda de garantías respecto del acto reclamado consistente en la falta de llamamiento al juicio 819/2016/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Luego, tocante al diverso acto reclamado que la aquí impetrante de garantías hace consistir en la orden de desalojo y/o lanzamiento dictada dentro del juicio ordinario civil 819/2016/III del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, la suscrita de oficio procede al estudio de la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , segundo párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido que el acto que en la especie reclama la quejosa no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio natural, acorde a lo dispuesto por citado el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, momento procesal en que podrán reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo referido, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquélla en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordenan el archivo del asunto, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo ejecución de una dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, se cita la tesis I.3o.C.765 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, visible a página 1345, cuyo rubro enuncia: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO." Con base en lo anterior y dado lo establecido en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de amparo vigente, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese orden de ideas, se colige que la orden de desalojo y/o lanzamiento reclamada, fue emitida en la etapa de ejecución del juicio ordinario civil 819/2016/III del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro del cual, la aquí quejosa es parte demandada, misma que no es una determinación judicial que reconozca la cumplimentación de la sentencia que se emitió, o declare la imposibilidad para hacerlo, sino que ésta únicamente está encaminada a dar cabal cumplimiento con lo sentenciado. Por tanto, resulta evidente que, en la especie, se hace patente un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo del diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, analizados junto con el diverso 113 de la misma ley, relativo a que cuando se trate de violaciones cometidas en el periodo de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, momento procesal donde podrán reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, en consecuencia, lo que procede respecto del acto reclamado consistente en la orden de desalojo y/o lanzamiento dictada dentro del juicio ordinario civil 819/2016/III del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, es desechar la demanda de garantías origen de este asunto, por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe...
- Principal
... el oficio signado por el Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual manifiesta la imposibilidad que tiene por el momento para notificar al perito Carlos Moreno Ortiz, adscrito a esa Dirección General de Servicios Periciales... mediante oficio que al efecto se libre solicítese al Director General de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, que una vez que se reincorpore el citado perito oficial Carlos Moreno Ortiz, esto es, el seis de febrero de la presente anualidad, como se advierte del ocurso de cuenta, requiera al perito propuesto para que comparezca, dentro del lapso citado, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo conferido, como perito oficial...
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