Leonel Soto Téllez

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Leonel Soto Téllez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que laspartes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días aque se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, confundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 delCódigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Leonel Sotelo Téllez, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes.Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo,captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio en que se actúa; y por lo que hace a los cuadernos incidentales, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 482/2021-VI, en audiencia pública, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes que así lo hicieron durante la tramitación del presente asunto. El Juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por las partes que así lo hicieron y tómense en consideración al momento en que se dicte la resolución que en derecho corresponda. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario da cuenta con los alegatos formulados por el quejoso, asimismo, hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló alegato ministerial. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la parte quejosa, y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Con lo anterior, se tienen por efectuadas las etapas procedentes en la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede el estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho corresponda, con lo que culminará esta audiencia constitucional. Doy Fe. primero de septiembre de dos mil veintiuno catorce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 482/2021-VI, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo en Coacalco. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las siguientes autoridades y actos: "NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON SEDE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD EJECUTORIA: AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON SEDE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL ACTO RECLAMADO: Acto que consiste en la negativa de otórgame cita para poder acreditar que tengo la propiedad del vehículo y la negativa de cancelar en el sistema REPUVE (Reporte De Robo De Vehículos) que obran a cargo del vehículo de mi propiedad de la marca VOLSKWAGEN, TIPO GOL, COLOR ROJO, MODELO 2012, NUMERO DE SERIE ***, PLACA ** SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Ese escrito fue recibido en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, como ampliación de la demanda en el juicio 976/2019-V del índice de este órgano jurisdiccional, sin embargo, en virtud de que los actos reclamados no guardaban estrecha relación con aquellos por los que se ventilaba el juicio de amparo, se ordenó remitir ese escrito a la Oficina de Correspondencia Común, para que se le diera registro como una nueva demanda y volviera a turnar al órgano jurisdiccional. Posteriormente, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en este órgano jurisdiccional la papeleta por medio de la cual se turnó el escrito de mérito, como una nueva demanda de amparo, por lo que se radicó el asunto bajo el número 482/2021-VI, y se formuló una prevención a la parte quejosa. Una vez desahogada la prevención, en auto de siete de julio de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 53/2018, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado carece de ejecución material, aunado a que la demanda de amparo fue radicada por este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda y de los escritos de desahogo de prevención, así como de las demás constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: De la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada del Delito de Robo de Vehículo con sede en Coacalco de Berriozábal, la negativa verbal de recibir un escrito, por medio del cual el quejoso, ***, solicitó una cita para comparecer a la carpeta de investigación NUC: TLA/CAI/EMV/104/109236/19/04, a fin de acreditar la propiedad de un vehículo y solicitar que se cancelara el reporte de robo ante el REPUVE (Registro Público Vehicular). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Se estima que en el presente asunto no se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, es decir, de la negativa de recibir el escrito mencionado en el considerando anterior, en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, es importante aclarar que si bien, en principio, cuando se reclama un acto de carácter negativo, si la autoridad responsable niega su existencia, a ésta le corresponderá probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, lo cierto es que antes de emitir un pronunciamiento al respecto, es preciso identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine y en caso de que se actualicen los requisitos previos que justifiquen la existencia de la obligación (por ejemplo, que se haya presentado el escrito de petición ante la autoridad responsable).1 En ese sentido, la carga de la prueba en este tipo de asuntos, es dinámica, la cual, atiende a los principios lógico y ontológico, que periten conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a 1 En el caso resulta aplicable por analogía la tesis: (V Región)2o. J/2 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pag. 2351, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." las aseveraciones que formulan durante el juicio; en ese sentido, es posible identificar ciertas reglas para determinar quién tiene la carga de probar cada una de las afirmaciones en las que basan sus pretensiones, tomando en cuenta cuál de las partes tiene a su disposición mayor facilidad para su demostración, siendo relevantes las siguientes:2 Cuando se afirmen hechos negativos, debe considerarse si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar"), en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, lo cual traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad;  Por otro lado, cuando se trata de una negación indefinida la 2Es aplicable la tesis 1a. CCCXCVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro y texto: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza." dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto que en todo caso es un hecho positivo, acreditable mediante pruebas directas o indirectas;  Por otro lado, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, ante la indefinición que representan, lo cierto es que en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro hecho que no admite prueba directa. En esos términos, a fin de poder pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la negativa verbal de recibir el escrito del quejoso, es preciso partir de las afirmaciones que sustentan la postura de cada una de las partes, a fin de determinar las cargas probatorias en el presente caso. Así, por un lado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que, acudió el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a las instalaciones del Ministerio Público responsable, en donde expuso que iba a acreditar la propiedad de su vehículo, sin embargo, en ese momento de forma verbal le dijeron que no le iban a dar cita para acreditar esas cuestiones; asimismo explica que fue a imprimir su petición de forma escrita, que fue a presentarle de nuevo el escrito, la agente del Ministerio Público lo leyó y no de forma verbal le dijo que no se lo iba a recibir. Y para acreditar su dicho aportó un documento privado del escrito que aduce fue presentado ante la agente del Ministerio Público responsable, el cual no contiene sellos de recepción. Por su parte, al momento de rendir su informa justificado, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación del delito de Robo de vehículo en Coacalco, negó el acto reclamado aduciendo que hasta ese momento ** En ese sentido, se advierte que la postura de la quejosa se sustenta en un hecho negativo: que la responsable se negó a recibirle un escrito, pero de ésta se advierten ciertos elementos positivos, susceptible de probarse: (i) que acudió a la agencia del Ministerio Público el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno; (ii) que fue a imprimir el escrito de mérito en las inmediaciones del local de la responsable; y que en esa fecha, regresó a la agencia del Ministerio Público a entregar el referido escrito. Por su parte, la autoridad responsable se sostiene su negativa -que no se negó a recibir el escrito- en dos hechos negativos indeterminados: (i) el quejoso no acudió a dicha institución; y (ii) esa persona nunca le presentó el escrito de mérito. Por lo tanto, en atención a las reglas antes expuestas se debe estimar que sería imposible que la responsable probara que no se negó a recibir un escrito, ya que ese hecho no puede ser acreditado a través de alguna prueba directa o indirecta, debido a que deriva de la negación indefinida de que el quejoso no acudió a dicha institución a presentar el escrito referido. Por lo tanto, en este caso, a quien correspondía acreditar su dicho es al quejoso, pues los hechos en los que basa su postura, se tratan de hechos positivos: (i) que acudió a la agencia del ministerio público el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno; (ii) que fue a imprimir el escrito de mérito en las inmediaciones del local de la responsable, y luego regresó a entregarlo -momento en el cual no le fue recibido-. De esa forma, para poder estimar que la autoridad responsable agente del Ministerio Público se encontraba obligada a recibir el escrito que ***, aduce, presentó el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, era preciso que éste aportara algún elemento de convicción que justificara que en esa fecha sí acudió a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público y que trató de presentar el escrito descrito anteriormente; de otra forma, resulta una carga imposible de cumplir para la autoridad responsable acreditar que no se negó a recibir el escrito referido. Lo cual resulta consistente con la tesis XXI.2o.P.A.11 A (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, página 1386, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular." Ahora bien, en el presente expediente, el quejoso únicamente aportó un documento privado, consistente en un escrito dirigido a la autoridad responsable en carpeta de investigación de origen, en el cual no aparece algún sello u algún otro dato que permitiera probar que el quejoso haya acudió a las instalaciones de la autoridad, que lo haya impreso en la fecha que lo refiere, o que lo haya tratado de presentar ante la autoridad responsable. En ese sentido, ni las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso ni la documental privada antes referida, son suficientes para tener como acreditados aun de forma indiciaria que el quejoso acudió el día que refiere en su demanda de amparo a las instalaciones de la responsable, ni que éste presentó el escrito de mérito. Para ese fin, el quejoso pudo haber aportado, por ejemplo, la copia del libro de registro de acceso a las instalaciones de la responsable de donde se desprendiera que efectivamente se presentó el día y hora que refirió en su demanda de amparo, o la prueba testimonial para corroborar que alguien presenció cuando se constituyó en ese lugar con el escrito de mérito o que presenciara que la responsable se negó a recibirlo. En síntesis, atendiendo a las reglas de la carga dinámica de la prueba, era menester de la parte quejosa aportara elementos que pudieran acreditar de manera directa o indirecta que se constituyó ante la autoridad responsable a presentar el escrito referido; sin embargo, al no haberlo hecho así, la responsable se encuentra impedida para probar que en efecto no se negó a recibirlo, y consecuentemente, debe concluirse que no está acreditado el presupuesto para considerar que la responsable tenía obligación de recibir el escrito de mérito, lo que lleva a considerar que la negativa verbal reclamada resulta INEXISTENTE. Es importante precisar que la anterior conclusión es consistente con la jurisprudencia I.1o.P. J/19, invocada por el quejoso, de rubro: "PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD",3 ya que en ésta se explica que para poder inferir un hecho a partir de indicios, es preciso que éstos se encuentren acreditados ya que "no pueden puede construirse certeza sobre las bases de meras probabilidades", además de conformidad con esa tesis, para poder inferir un hecho desconocido, es necesario que exista una pluralidad y variedad de hechos demostrados, cuestión que no se actualiza en el presente asunto. De esa forma, si el quejoso no aportó alguna prueba idónea que pudiera acreditar su versión de que se presentó en las instalaciones de la agente del Ministerio Público responsable, a fin de presentar un escrito para solicitar una cita a comparecer dentro de una carpeta de investigación, entonces no puede tenerse por acreditado que la responsable se haya negado recibirle ese escrito. Así, al no haberse aportado durante el trámite del juicio o durante la audiencia constitucional algún elemento, que permitiera acreditar el dicho de la parte quejosa, entonces lo procedente es tener por INEXISTENTE el acto reclamado, precisado en el considerando SEGUNDO, y consecuentemente con fundamento 3 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 2982, de texto: "Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como "prueba presuncional", derivada de igual intelección del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, más que prueba por sí, constituye propiamente una vía de demostración indirecta, pues se parte de la base de que no hay prueba directa de un hecho que precisa ser acreditado -pues si la hubiera sería innecesario transitar por la indirecta-, pero sí los hay de otros hechos que entrelazados a través de un razonamiento inferencial, regido por la lógica del rompecabezas -conforme a la cual ninguna pieza por sí proporciona la imagen completa, pero sí resulta del debido acomodo de todas ellas- llevan a su demostración, de manera que su operatividad consiste en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos. De ahí que la indiciaria presupone: 1) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, 2) que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos. Y satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su operatividad." en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutoria, "Agentes de la Policía de Investigación adscrito a la Agencia Especializada del Delito de Robo de Vehículo con sede en Coacalco de Berriozábal, Estado de México", ya que, aun cuando fuera omisa en rendir su informe justificado, a la misma no le fue reclamado ningún acto por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO, por las razones sostenidas en el ÚLTIMO considerando de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez,

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Leonel Soto Tellez, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos en relación a la vista otorgada mediante auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellos en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, respecto del contenido de las constancias ahí referidas; de ahí que, a efecto de dar margen a lo anterior, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil veintiuno, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano