Leonel Rodrigo Pérez Ávila

Expediente 302/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
302/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
26/04/2019

Partes del expediente

  • Leonel Rodrigo Pérez Ávila
  • Leonel Alfredo Pérez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Juez Penal de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 111/2019-V (orden 111/2019) del índice de este Juzgado; atento a lo anterior, este órgano constitucional toma conocimiento de tal circunstancia para los efectos legales conducentes. En otro orden, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las precisiones siguientes 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora bien, se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán la determinación emitida en esta fecha. Finalmente, devuélvase los discos certificados en formato DVD al Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, a través del cual rinde su informe justificado y remite como complemento al mismo, dos discos certificados en formato DVD, elativas a la carpeta administrativa 424/2018, asimismo, copias certificadas de lo actuado en dicha carpeta. Respecto a los discos remitidos, resguárdense en la Secretaría V, de este juzgado, por tanto, no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Cabe precisar, que la demanda de amparo y constancias remitidas por la responsable a su informe, se advierte que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en los autos de la carpeta administrativa 424/2018 De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal y fracción, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos trasgredidos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. Ciertamente, de las constancias remitidas por el Juez de Control señalado como autoridad responsable, consistentes en copia certificada de la carpeta administrativa 424/2018, y dos DVD de la videograbación de la audiencia celebrada el ocho y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; las que merecen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo y conforme la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De las cuales destacan los siguientes antecedentes, que en lo que interesa son: El ocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa 424/2018, el Agente del Ministerio Público, solicitó audiencia de formulación en cumplimiento a la orden de aprehensión decretada en contra de los quejosos **. El Juez responsable señaló las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve, para la audiencia de formulación de imputación, en la cual se formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos por los hechos delictivos de lesiones con las modificativas agravantes de producirse con alguna de las armas consideradas como prohibidas, dejar cicatriz en la cara y produzcan disminuciones en las funciones, cometido en agravio de**, y lesiones con las modificativas agravantes de producirse con alguna de las armas consideradas como prohibidas en agravio de **, asimismo se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en audiencia para resolver peticiones diversas a la acusación, las partes arribaron a un acuerdo reparatorio; autorizándose el mismo por el Juez de Control, declarándose extinguida la pretensión punitiva y decretando el sobreseimiento de la carpeta administrativa a favor de los quejosos **, por el hecho delictuoso; por lo cual se ordenó la inmediata libertad de los imputados. Los destacados antecedentes, revelan objetivamente que como se adelantó, en el caso el juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que cesó en sus efectos medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en los autos de la carpeta administrativa 424/2018, dicha situación impide a este resolutor de amparo abordar el estudio del citado acto reclamado, pues ningún caso práctico tendría el analizarlo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio a las diez horas con veinte minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar a los quejosos en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 83/2019-V (orden 83/2019), del índice de este Juzgado, por el que se le solicitó emplazar a los terceros interesados **por las razones que ahí expone. En ese sentido, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto a la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en los inmuebles ubicados en **, en busca de los terceros interesados, y con copia de la demanda, escrito aclaratorio, acuerdo de diecinueve de marzo pasado, así como de esta determinación, los emplace al presente juicio en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo, y de igual modo, los requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se les practicarán por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Asimismo, se habilita a dicho Juzgado exhortado, para que en el caso de que el domicilio que se proporciona no sea correcto, pero le fuese informado al funcionario de su adscripción, que es uno distinto, practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre y cuando se encuentre dentro de su jurisdicción. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México a través del cual, rinde su informe justificado, lo anterior toda vez que en acuerdo de veintiséis de marzo pasado se proveyó lo conducente. Notifíquese, y por exhorto a los terceros interesados.

  4. Incidental

    MESA V Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por medio del cual rinde su informe previo, sin perjuicio de dar cuenta del informe de mérito en la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese.

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