Leonel Robles Díaz

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Leonel Robles Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de la Materia, téngase por recibida la razón de imposibilidad de cuenta, signada por la Actuaria de la adscripción de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo de notificar a la parte quejosa, así como a sus autorizados, la resolución de veintitrés de marzo del año en curso, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de julio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, LEONEL ROBLES DÍAZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los acto siguientes: Autoridades responsables: ° Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. ° Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. ° Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".La omisión de dar trámite, gestionar y ordenar, la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria del quejoso en la modalidad de retención de los depósitos, a fin de que manifieste lo que a derecho convenga en términos del artículo 1179 del Código de Comercio. . La omisión de garantizar la debida notificación al quejoso de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de retención de los depósitos. .en consecuencia la emisión del acuerdo y/o resolución que ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria (retención de los depósitos bancarios); de la cual desconozco los motivos y fundamentos de derecho en que se apoya su emisión. .La omisión de practicar la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de retención de los depósitos.". SEGUNDO. El doce de julio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 903/2022, se realizó prevención a la demanda de amparo, y una vez desahogada el uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, requirió a la responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El dos de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, decretó la separación de juicios, esto en relación a los actos reclamados al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, debiendo continuar conociendo de los actos atribuidos al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que se ordenó girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que fuera remitido un turno más a este Juzgado Federal con motivo de la separación ordenado en autos; se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos: 1.- La omisión de dar trámite, gestionar, ordenar y garantizar la notificación de la retención de bienes dentro de la providencia cautelar con número de expediente ********************, que generó la inmovilización de la cuenta bancaria de la parte quejosa, en la modalidad de retención de los depósitos, conforme a lo previsto en el artículo 1179 del Código de Comercio. 2.- La emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, en el que se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias del quejoso hasta por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional) (retención de depósitos bancarios). Del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos: 3.- La omisión de practicar la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de retención de los depósitos. TERCERO. Oportunidad de la demanda de amparo. Tocante a la temporalidad en que se promovió la acción constitucional, cabe destacar que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintisiete de junio de dos mil veintidós, fue informado de forma verbal por su ejecutivo de cuenta bancaria sobre la inmovilización de su cuenta. De modo que, que conforme al ordinal 18 de la Ley de Amparo, que precisa que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma legislación, se computaran a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; atendiendo a ello, como se dijo la parte quejosa manifestó se hizo sabedor del acto reclamado, esto el veintisiete de junio de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de referencia, empezó a computarse el veintiocho de junio y feneció el dieciocho de julio, ambos de dos mil veintidós. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el ocho de julio de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el dieciocho de julio de dos mil veintidós. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado (3), que se atribuye a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de practicar la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de la retención de los depósitos. Lo anterior, ya que si bien, al momento de rendir su informe con justificación, dicha autoridad manifestó adherirse a lo rendido por el Titular del Juzgado de su adscripción, también lo es que esa manifestación quedó desvirtuada de las constancias del juicio de origen, de las que se advierte que tanto el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, por el que se ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de la parte quejosa; así como del diverso de veintinueve de junio de dos mil veintidós, donde se informó el cumplimiento del aseguramiento ordenado; no se ordenó la notificación personal a la parte quejosa de aquellos proveídos. Por tanto, el acto omisivo atribuido a la citada autoridad responsable resulta inexistente ante la falta de una orden que lo comisione a notificar los referidos autos; en esas condiciones, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. SEXTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado consistente en: 2.- La emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, en el que se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias del quejoso hasta por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional) (retención de depósitos bancarios). Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida. Al respecto conviene destacar que el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, no puede tener, en consecuencia, más excepciones que las que expresamente señale la propia ley o la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal de la República, por lo que deben de agotarse los recursos o medios de defensa que la propia ley determine, para estar entonces en facultad de hacer valer el medio extraordinario de defensa que en el caso resulta ser el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 37, del Tomo 12 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación, "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la causa de improcedencia en estudio se pone de manifiesto al tener en consideración que, entre otros actos, se reclama (2) la emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, en el que se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias del quejoso hasta por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional) (retención de depósitos bancarios). En ese sentido, la resolución que decreta las providencias precautorias de carácter mercantil, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción que contempla la ley, para la interposición de un recurso ordinario. Puesto que, si bien, de acuerdo con lo que dispone el numeral 1183 del Código de Comercio y la Jurisprudencia 40/2018, contra la resolución que decrete las citadas medidas procede el recurso de apelación. También lo es, que tal determinación igualmente es impugnable a través del recurso de revocación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, pues mediante dicho medio de impugnación el impetrante puede lograr la revocación, modificación o nulidad del acto de que se duele. Por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procede el mencionado recurso de revocación. En efecto, los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, legislación aplicable al juicio natural, establecen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De ahí que, como se vio, al ser el quejoso parte formal dentro de la providencia precautoria, se encuentra legitimado para promover ese medio de impugnación, y por ende debió interponer tal recurso antes de acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, ya que dicho recurso es idóneo, en tanto que el diverso precepto 1339 (vigente en el momento de que se dictó el acto reclamado), señala que las resoluciones dictadas en los asuntos mercantiles, serán irrecurribles mediante apelación cuando no superen la cuantía establecida para ello, hipótesis que se actualiza en el asunto, pues se trata de una providencia precautoria en que la que se asegura un monto por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional), según constancias del expediente de origen. En ese sentido debe decirse, que la misma causa de improcedencia resulta aplicable al acto reclamado (1) consistente en la omisión de dar trámite, gestionar, ordenar y garantizar la notificación de la retención de bienes dentro de la providencia cautelar con número de expediente ********************, que generó la inmovilización de la cuenta bancaria de la parte quejosa, en la modalidad de retención de los depósitos, conforme a lo previsto en el artículo 1179 del Código de Comercio. Es así, toda vez que la circunstancia de que dicho acto lo precise como un acto omisivo, no lo posibilita para acudir al presente juicio, en razón de que también puede controvertir esa cuestión a través del recurso de revocación que se interponga en contra de los autos de veintidós de junio de dos mil veintiuno -por el que se ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de la parte quejosa-, así como del diverso de veintinueve de junio de dos mil veintidós -donde se informó el cumplimiento del aseguramiento ordenado-, en los cuales la autoridad responsable, a decir de la parte quejosa, debió haber ordenado la notificación personal de aquella. Sin que sea óbice que, por virtud de la cuantía del asunto, no sea a través del recurso de apelación que deban impugnarse los actos reclamados (1 y 2), pues en ese caso en su contra procede el recurso de revocación, lo que no implica hacer una interpretación adicional que conlleve a determinar un supuesto de excepción al principio de definitividad, dado que al respecto existe criterio firme del más Alto Tribunal de Justicia del País. Tal citerio es la Jurisprudencia 70/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 401, con número de registro 2005047, de rubro y texto siguientes:"REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De igual forma, la diversa Jurisprudencia 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, novena época, con registro digital: 188092, de rubro y texto siguientes:"REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 86/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, Septiembre de 2018, tomo I, página 971, décima época, con registro digital: 2017808, de rubro y texto siguientes:"EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla.". Cabe precisar, que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, quedó demostrado en líneas precedentes, que al peticionario del amparo no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio, al ser parte formal dentro de la providencia precautoria. Cabe aclarar que el hecho de que el inconforme no haya sido llamado al expediente de origen y, por ende, no se haya integrado a la relación procesal existente en el procedimiento, no constituye una excepción al principio de definitividad, en tanto que las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición. Al respecto, se invoca la Jurisprudencia PC.I.C. J/23 C, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, página 4225, undécima época, registro digital: 2025814, que indica lo siguiente:"MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de observar el principio de definitividad, por cuyo motivo debe interponer el recurso ordinario de apelación, si la cuantía del negocio lo permite. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1168, 1177 y 1178 del Código de Comercio y las jurisprudencias y tesis reiteradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las medidas cautelares previas a juicio, la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de interponer el recurso ordinario de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, interpretados en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", si la cuantía del negocio lo permite, pues no se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, ya que carece de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicita la medida, y porque en torno a las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición." No es óbice, el hecho de que la determinación reclamada pueda ser considerada como un acto de imposible reparación. Es así, puesto que aun tratándose de esa clase de actos -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad; estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en una proveniencia precautoria, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que señala lo siguiente:"DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, si la parte quejosa no agotó el recurso de revocación antes citado, inobservó el principio de definitividad referido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción V del ordenamiento legal en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por su notoria improcedencia. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** contra los actos reclamados al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, debido a las consideraciones apuntadas en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa, tercero interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resuelve y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar que notifico la determinación de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, a la parte tercera interesada Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, por conducto de quien legalmente lo represente; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós: VISTO, para resolver el juicio de amparo 903/2022, promovido por LEONEL ROBLES DÍAZ, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de julio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, LEONEL ROBLES DÍAZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los acto siguientes: Autoridades responsables: ° Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. ° Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. ° Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".La omisión de dar trámite, gestionar y ordenar, la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria del quejoso en la modalidad de retención de los depósitos, a fin de que manifieste lo que a derecho convenga en términos del artículo 1179 del Código de Comercio. . La omisión de garantizar la debida notificación al quejoso de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de retención de los depósitos. .en consecuencia la emisión del acuerdo y/o resolución que ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria (retención de los depósitos bancarios); de la cual desconozco los motivos y fundamentos de derecho en que se apoya su emisión. .La omisión de practicar la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de retención de los depósitos.". SEGUNDO. El doce de julio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 903/2022, se realizó prevención a la demanda de amparo, y una vez desahogada el uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, requirió a la responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El dos de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, decretó la separación de juicios, esto en relación a los actos reclamados al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, debiendo continuar conociendo de los actos atribuidos al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que se ordenó girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que fuera remitido un turno más a este Juzgado Federal con motivo de la separación ordenado en autos; se señaló nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos: 1.- La omisión de dar trámite, gestionar, ordenar y garantizar la notificación de la retención de bienes dentro de la providencia cautelar con número de expediente ********************, que generó la inmovilización de la cuenta bancaria de la parte quejosa, en la modalidad de retención de los depósitos, conforme a lo previsto en el artículo 1179 del Código de Comercio. 2.- La emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, en el que se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias del quejoso hasta por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional) (retención de depósitos bancarios). Del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos: 3.- La omisión de practicar la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de retención de los depósitos. TERCERO. Oportunidad de la demanda de amparo. Tocante a la temporalidad en que se promovió la acción constitucional, cabe destacar que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintisiete de junio de dos mil veintidós, fue informado de forma verbal por su ejecutivo de cuenta bancaria sobre la inmovilización de su cuenta. De modo que, que conforme al ordinal 18 de la Ley de Amparo, que precisa que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma legislación, se computaran a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; atendiendo a ello, como se dijo la parte quejosa manifestó se hizo sabedor del acto reclamado, esto el veintisiete de junio de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de referencia, empezó a computarse el veintiocho de junio y feneció el dieciocho de julio, ambos de dos mil veintidós. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el ocho de julio de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el dieciocho de julio de dos mil veintidós. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado (3), que se atribuye a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de practicar la notificación de la retención de bienes ordenada en la providencia cautelar que generó la inmovilización de la cuenta bancaria en la modalidad de la retención de los depósitos. Lo anterior, ya que si bien, al momento de rendir su informe con justificación, dicha autoridad manifestó adherirse a lo rendido por el Titular del Juzgado de su adscripción, también lo es que esa manifestación quedó desvirtuada de las constancias del juicio de origen, de las que se advierte que tanto el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, por el que se ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de la parte quejosa; así como del diverso de veintinueve de junio de dos mil veintidós, donde se informó el cumplimiento del aseguramiento ordenado; no se ordenó la notificación personal a la parte quejosa de aquellos proveídos. Por tanto, el acto omisivo atribuido a la citada autoridad responsable resulta inexistente ante la falta de una orden que lo comisione a notificar los referidos autos; en esas condiciones, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. SEXTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado consistente en: 2.- La emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, en el que se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias del quejoso hasta por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional) (retención de depósitos bancarios). Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida. Al respecto conviene destacar que el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, no puede tener, en consecuencia, más excepciones que las que expresamente señale la propia ley o la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal de la República, por lo que deben de agotarse los recursos o medios de defensa que la propia ley determine, para estar entonces en facultad de hacer valer el medio extraordinario de defensa que en el caso resulta ser el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 37, del Tomo 12 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación, "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la causa de improcedencia en estudio se pone de manifiesto al tener en consideración que, entre otros actos, se reclama (2) la emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, en el que se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias del quejoso hasta por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional) (retención de depósitos bancarios). En ese sentido, la resolución que decreta las providencias precautorias de carácter mercantil, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción que contempla la ley, para la interposición de un recurso ordinario. Puesto que, si bien, de acuerdo con lo que dispone el numeral 1183 del Código de Comercio y la Jurisprudencia 40/2018, contra la resolución que decrete las citadas medidas procede el recurso de apelación. También lo es, que tal determinación igualmente es impugnable a través del recurso de revocación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, pues mediante dicho medio de impugnación el impetrante puede lograr la revocación, modificación o nulidad del acto de que se duele. Por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procede el mencionado recurso de revocación. En efecto, los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, legislación aplicable al juicio natural, establecen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De ahí que, como se vio, al ser el quejoso parte formal dentro de la providencia precautoria, se encuentra legitimado para promover ese medio de impugnación, y por ende debió interponer tal recurso antes de acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, ya que dicho recurso es idóneo, en tanto que el diverso precepto 1339 (vigente en el momento de que se dictó el acto reclamado), señala que las resoluciones dictadas en los asuntos mercantiles, serán irrecurribles mediante apelación cuando no superen la cuantía establecida para ello, hipótesis que se actualiza en el asunto, pues se trata de una providencia precautoria en que la que se asegura un monto por la cantidad de $300,123.74 (trescientos mil ciento veintitrés pesos 74/100 moneda nacional), según constancias del expediente de origen. En ese sentido debe decirse, que la misma causa de improcedencia resulta aplicable al acto reclamado (1) consistente en la omisión de dar trámite, gestionar, ordenar y garantizar la notificación de la retención de bienes dentro de la providencia cautelar con número de expediente ********************, que generó la inmovilización de la cuenta bancaria de la parte quejosa, en la modalidad de retención de los depósitos, conforme a lo previsto en el artículo 1179 del Código de Comercio. Es así, toda vez que la circunstancia de que dicho acto lo precise como un acto omisivo, no lo posibilita para acudir al presente juicio, en razón de que también puede controvertir esa cuestión a través del recurso de revocación que se interponga en contra de los autos de veintidós de junio de dos mil veintiuno -por el que se ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de la parte quejosa-, así como del diverso de veintinueve de junio de dos mil veintidós -donde se informó el cumplimiento del aseguramiento ordenado-, en los cuales la autoridad responsable, a decir de la parte quejosa, debió haber ordenado la notificación personal de aquella. Sin que sea óbice que, por virtud de la cuantía del asunto, no sea a través del recurso de apelación que deban impugnarse los actos reclamados (1 y 2), pues en ese caso en su contra procede el recurso de revocación, lo que no implica hacer una interpretación adicional que conlleve a determinar un supuesto de excepción al principio de definitividad, dado que al respecto existe criterio firme del más Alto Tribunal de Justicia del País. Tal citerio es la Jurisprudencia 70/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 401, con número de registro 2005047, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." De igual forma, la diversa Jurisprudencia 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, novena época, con registro digital: 188092, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 86/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, Septiembre de 2018, tomo I, página 971, décima época, con registro digital: 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla.". Cabe precisar, que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, quedó demostrado en líneas precedentes, que al peticionario del amparo no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio, al ser parte formal dentro de la providencia precautoria. Cabe aclarar que el hecho de que el inconforme no haya sido llamado al expediente de origen y, por ende, no se haya integrado a la relación procesal existente en el procedimiento, no constituye una excepción al principio de definitividad, en tanto que las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición. Al respecto, se invoca la Jurisprudencia PC.I.C. J/23 C, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, página 4225, undécima época, registro digital: 2025814, que indica lo siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de observar el principio de definitividad, por cuyo motivo debe interponer el recurso ordinario de apelación, si la cuantía del negocio lo permite. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1168, 1177 y 1178 del Código de Comercio y las jurisprudencias y tesis reiteradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las medidas cautelares previas a juicio, la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de interponer el recurso ordinario de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, interpretados en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", si la cuantía del negocio lo permite, pues no se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, ya que carece de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicita la medida, y porque en torno a las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición." No es óbice, el hecho de que la determinación reclamada pueda ser considerada como un acto de imposible reparación. Es así, puesto que aun tratándose de esa clase de actos -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad; estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en una proveniencia precautoria, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, si la parte quejosa no agotó el recurso de revocación antes citado, inobservó el principio de definitividad referido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción V del ordenamiento legal en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por su notoria improcedencia. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** contra los actos reclamados al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, debido a las consideraciones apuntadas en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa, tercero interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resuelve y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que, mediante proveído de dos de septiembre del año en curso, se ordenó notificar de manera personal la separación de juicios, sin que a la fecha obre constancia legal alguna de dicha diligencia. En tales condiciones, se comisiona a la Actuaria adscrita, que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que a la brevedad remita la constancia de notificación antes referida. Asimismo, registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dicha constancia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y se comisiona a la Actuaria para que remita la constancia de notificación. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que, mediante proveído uno de agosto del año en curso, este juzgado se reservó proveer sobre la parte tercero interesado, hasta en tanto obraran los informes justificados, circunstancia que ya aconteció. En tales condiciones, se levanta la reserva y con fundamento en lo previsto por el arábigo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, este órgano de control constitucional tiene como tercero interesado dentro del presente juicio de amparo a la Institución Financiera, Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, quien tiene su domicilio procesal sito el ubicado: Fray Bartolomé de las Casas, número 28, interior 4, colonia centro, código postal 62000, en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos. En consecuencia, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que emplace a los terceros interesados antes referidos, en los domicilios antes referidos, haciéndoles de su conocimiento el órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el número de expediente, la hora y el día en el que tendrá verificativo la audiencia constitucional (diez horas con cuatro minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós), y requiriéndole para que al momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes a dicha formalidad, señale domicilio en esta ciudad para los efectos de recibir notificaciones; apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, con practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; asimismo, le entregue copia de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, y 29, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y emplácese a la tercero interesada Institución Financiera, Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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