Leonel Reyes López

Expediente 704/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
704/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Leonel Reyes López
  • Leonel Reyes López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental; al igual que el original del incidente, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, por ende glósese al presente. Finalmente, devuélvase las constancias a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual en respuesta al proveído de veinticinco de mayo del año en curso; remite un disco óptico con actuaciones efectuadas en el expediente 606/2018; por lo que se tiene por cumplido el mismo y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la que exhibe. Ahora, del estudio de autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto en cita se advierte que la acción constitucional es improcedente cuando, por virtud de cambio de situación jurídica, en un procedimiento judicial, las violaciones reclamadas en éste deben considerarse irreparablemente consumadas, o fueron sustituidas procesalmente, por lo cual no puede decidirse al respecto sin afectar el nuevo status jurídico. Ahora, el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la orden privativa de libertad y/o detención por parte de las responsables en contra del aquí quejoso Juan José Olivares Rebollar. Mientras que, del estudio de las constancias que remitió en esta fecha el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, las cuales tienen valor pleno, al ser documentos públicos; se desprende que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho calificó de legal la detención del aquí quejoso y el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se dictó en contra del quejoso AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, por su probable intervención en la comisión del delito antes citado. En razón de lo anterior, existe un cambio de situación jurídica, porque el acto reclamado en el presente juicio es la orden privativa de libertad y/o detención por parte de autoridades administrativas en contra del aquí quejoso Juan José Olivares Rebollar, empero, de las constancias que remitió el juez oficiante se observa que ya existió un pronunciamiento jurisdiccional que ratificó esa detención y, además que posteriormente se dictó auto de vinculación a proceso, lo cual conduce a establecer que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en este juicio, sin afectar el nuevo acto; por tanto, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra, en la orden de citación, quedaron irreparablemente consumadas, con motivo del auto de vinculación a proceso. Por tanto, al haber cambiado la situación jurídica del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63 por lo que procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, Materia Común, página 219, cuyos rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, resulta aplicable por las razones que informan y que este juzgador comparte la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Penal, Página 2199 del rubro y contenido siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, en virtud de no haber sido impugnado por vicio propio. Es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/7, consultable en la página 690 del Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Ahora, también del análisis de las constancias que obran en el presente amparante Fermín León Sánchez, se obtiene que no le recae el carácter de quejoso en el presente sumario por las siguientes consideraciones: En primer plano se tiene que delucidar el concepto de quejoso a saber: "El agraviado, también llamado "quejoso", es quien promueve el juicio de garantías, quien demanda la protección de la Justicia Federal, quien ejercita la acción constitucional, el que equivale, en un juicio ordinario, al actor; el Quejoso o agraviado es el que ataca un acto de autoridad que considera lesivo a sus derechos, ya sea porque estime que viola en su detrimento garantías individuales; o porque, proveniente de autoridad federal, considere que vulnera o restringe la soberanía de los Estados; o, por el contrario, porque haya sido emitido por las autoridades de éstos con invasión de la esfera que corresponde a las autoridades federales (artículo 103 constitucional, reproducido por el 1o. de la Ley de Amparo). De igual forma, la Ley de Amparo refiere que son parte en el Juicio de Amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) En atención a lo antes citado, se advierte que a Fermín León Sánchez no le resulta el carácter de quejoso ya que éste, tiene la calidad de víctima del delito que se les imputó a los diversos quejosos Leonel Reyes López y Juan José Olivares Rebollar; por tanto, desde ese momento deja de tener a aquel con ese carácter. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del uno de junio de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DETREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA: " Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual en respuesta al proveído de veinticinco de mayo del año en curso; remite un disco óptico con actuaciones efectuadas en el expediente 606/2018; por lo que se tiene por cumplido el mismo y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la que exhibe. Ahora, del estudio de autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto en cita se advierte que la acción constitucional es improcedente cuando, por virtud de cambio de situación jurídica, en un procedimiento judicial, las violaciones reclamadas en éste deben considerarse irreparablemente consumadas, o fueron sustituidas procesalmente, por lo cual no puede decidirse al respecto sin afectar el nuevo status jurídico. Ahora, el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la orden privativa de libertad y/o detención por parte de las responsables en contra del aquí quejoso Juan José Olivares Rebollar. Mientras que, del estudio de las constancias que remitió en esta fecha el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, las cuales tienen valor pleno, al ser documentos públicos; se desprende que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho calificó de legal la detención del aquí quejoso y el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se dictó en contra del quejoso AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, por su probable intervención en la comisión del delito antes citado. En razón de lo anterior, existe un cambio de situación jurídica, porque el acto reclamado en el presente juicio es la orden privativa de libertad y/o detención por parte de autoridades administrativas en contra del aquí quejoso Juan José Olivares Rebollar, empero, de las constancias que remitió el juez oficiante se observa que ya existió un pronunciamiento jurisdiccional que ratificó esa detención y, además que posteriormente se dictó auto de vinculación a proceso, lo cual conduce a establecer que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en este juicio, sin afectar el nuevo acto; por tanto, las violaciones que pudieran haberse cometido en su contra, en la orden de citación, quedaron irreparablemente consumadas, con motivo del auto de vinculación a proceso. Por tanto, al haber cambiado la situación jurídica del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63 por lo que procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, Materia Común, página 219, cuyos rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, resulta aplicable por las razones que informan y que este juzgador comparte la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Penal, Página 2199 del rubro y contenido siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, en virtud de no haber sido impugnado por vicio propio. Es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/7, consultable en la página 690 del Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Ahora, también del análisis de las constancias que obran en el presente amparante Fermín León Sánchez, se obtiene que no le recae el carácter de quejoso en el presente sumario por las siguientes consideraciones: En primer plano se tiene que delucidar el concepto de quejoso a saber: "El agraviado, también llamado "quejoso", es quien promueve el juicio de garantías, quien demanda la protección de la Justicia Federal, quien ejercita la acción constitucional, el que equivale, en un juicio ordinario, al actor; el Quejoso o agraviado es el que ataca un acto de autoridad que considera lesivo a sus derechos, ya sea porque estime que viola en su detrimento garantías individuales; o porque, proveniente de autoridad federal, considere que vulnera o restringe la soberanía de los Estados; o, por el contrario, porque haya sido emitido por las autoridades de éstos con invasión de la esfera que corresponde a las autoridades federales (artículo 103 constitucional, reproducido por el 1o. de la Ley de Amparo). De igual forma, la Ley de Amparo refiere que son parte en el Juicio de Amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) En atención a lo antes citado, se advierte que a Fermín León Sánchez no le resulta el carácter de quejoso ya que éste, tiene la calidad de víctima del delito que se les imputó a los diversos quejosos Leonel Reyes López y Juan José Olivares Rebollar; por tanto, desde ese momento deja de tener a aquel con ese carácter. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del uno de junio de dos mil dieciocho."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se le tienen como pruebas las que anexa; fórmese el anexo I. Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se advierte que el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso al quejoso Juan José Olivares Rebollar; por tanto, a fin de reunir los elementos necesarios para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad citada para que en el término de veinticuatro horas, remita a esta autoridad copia certificada de la carpeta de administrativa 606/2018 de su estadística. Con el apercibimiento que para el caso de ser omisa o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano