Leonel Ramos Córtez
Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonel Ramos Córtez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la promovente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó la demanda de amparo ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. III. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. IV. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se desechó la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DENTRO DE LOS DOS DÍAS SEÑALADOS PARA ELLOM, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 512/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. Igualmente, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que la demanda de amparo debe de analizarse en su integridad, como un todo, a efecto de desentrañar lo que el promovente del amparo solicita y con ello fijar la litis constitucional de acuerdo a la causa de pedir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.109 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299, Novena Época, con registro 162385, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para resolver el fondo del asunto." Atento a ello, de la lectura integral de la demanda se tiene como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: a) Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. b) Juez de Control del circuito judicial de Cuicatlán, Oaxaca. c) Juez de Control del circuito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Les reclama: La orden de aprehensión. a) Comandante de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones. b) Comisionado de la Policía Estatal. c) Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La ejecución del mandamiento de aprehensión. Ahora, del capítulo de antecedentes que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, se advierte que fue detenido el quince de mayo del año en curso, por la regidora de Policía de la población de Santa María Tecomavaca, en cumplimiento a un mandato dictado en la carpeta de investigación ***/***/***/***, la que se inició en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y posteriormente remitida a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Agrega que actualmente se encuentra recluido en los separos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el hecho que la ley señala como delito de resistencia de particulares por el que se le instruye la carpeta de investigación referida. Refiere el promovente que escuchó por parte de sus agentes aprehensores que esa detención es con la finalidad de integrar una diversa carpeta de investigación en la cual solicitaran la orden de aprehensión, por lo que tiene el temor de que se le esté integrando una nueva carpeta de investigación por hechos fabricados, pues dice que no ha cometido delito alguno, es por eso que acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal para que no se le integre la carpeta de investigación, no se libre orden de aprehensión en su contra y no se lleve a cabo la eventual detención en cumplimiento a ese mandato judicial. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. De la lectura del capítulo de acto reclamado así como de los antecedentes de este, quien esto provee determina que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1º, fracción I, 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo; los cuales dictan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los artículos invocados establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada. Acerca del segundo artículo transcrito, impone que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de manera que la naturaleza de los actos es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no le afecten de momento en forma real y efectivamente sus derechos amparados. En la especie, resulta evidente que los actos reclamados son futuros y de realización incierta; los cuales, no producen una afectación actual, real y directa a la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el mandamiento de captura que reclama de las autoridades judiciales que señala como responsables no es actual, pues como el propio quejoso lo manifiesta expresamente, tiene la sospecha de que se le está integrando una carpeta de investigación diversa a la que ya se instruye en su contra y por la que ya se encuentra detenido, es decir, claramente el acto destacado en este juicio no es la detención de la que ya es objeto, ni algún acto que derive de la carpeta de investigación *****/****/****/****, que se sigue por el delito de resistencia de particulares, sino la posible orden de aprehensión que se llegue a solicitar a la autoridad judicial derivado de una diversa investigación que supone se le está fabricando. Sin que pase inadvertido que el quejoso se encuentra detenido actualmente en los separos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; sin embargo, del análisis de la demanda no se advierte que ese sea el motivo de reclamo, aunado a que dicha detención no podría dar lugar a solicitar una orden de aprehensión, dado que ya está privado de su libertad, pues de ser el caso, una vez que fenezca el plazo de que dispone el Ministerio Público para resolver su situación jurídica, puede ocurrir que lo consigne ante la autoridad competente o bien que lo ponga en libertad. En el caso, se insiste, lo que el disidente pretende con la promoción de este juicio es evitar que una vez resuelta su situación jurídica en la carpeta de investigación que se le instruye, se le ejecute una orden de aprehensión librada en un procedimiento diferente y por diverso ilícito, de lo cual no hay indicio de la existencia del mandamiento de captura, pues solamente tiene la sospecha de que se le está investigando por diversos hechos y el temor de que se solicite orden de aprehensión en su contra, sin que con esa sola manifestación se establezca de manera indudable que, en primer lugar, se esté integrando una diversa carpeta de investigación en su contra, que esta llegue a una etapa de judicialización, que con posterioridad la representación social correspondiente solicite una orden de aprehensión en su contra y que ésta sea otorgada por el Juez de Control competente. Es decir, estamos ante actos cuya realización depende de otros acontecimientos futuros e inciertos; lo que anula la posibilidad que sean revisados en esta instancia constitucional precisamente porque ahora no suceden en la realidad, sino en hipótesis o supuestos. De esta manera, no se actualiza en perjuicio de la parte quejosa ninguna afectación actual, real y directa a su esfera jurídica, pues los actos que pretende sean analizados en este juicio aún no se materializan; por lo que, a fin de fincar la procedencia del juicio de amparo, debió establecer de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleven a cabo actos de autoridad que lesionen su ámbito jurídico de ninguna manera significa la afectación de los mismos, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en algún procedimiento en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento de los actos reclamados, que deben ser en forma personal y real y no por inducciones o dichos de terceros, tal y como acontece en el caso concreto. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo es improcedente, ya que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, al ser este el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, en el que precisamente se exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional. Pues solo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente, que se traduce en la afectación a que se refiere la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Por lo tanto, dichas circunstancias no pueden ser consideradas como actos reclamados, pues es evidente que se trata de meros supuestos, bajo premisas obtenidas de presunciones, contra los que no procede el juicio de amparo; además, de los hechos de su demanda no se desprende antecedente alguno de la posible ejecución de los actos reclamados. Al respecto, es aplicable la tesis aislada emitida por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, Tomo XXXVI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro digital 323618, de rubro y contenido: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Así como la tesis aislada XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro digital 209001, de rubro y contenido: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Por lo tanto, debe señalarse que los actos reclamados no constituyen una afectación real, actual y directa en contra del promovente del amparo; de ahí que deba tenerse por actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1º, fracción I, 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo. Máxime, que el hecho de que se le esté integrando una carpeta de investigación no constituye un acto que cause perjuicio alguno a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues las actuaciones realizadas para la integración de la carpeta de investigación son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXXXV/2004, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004, de la Novena época, registro número 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes precisada, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por las causas de improcedencia que han quedado establecidas. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en apoyo, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Forma de notificación y autorizados. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda. Por otro lado, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del normativo 12 de la Ley de la materia esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente.
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