Leonel Pérez Bernal
Expediente 930/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leonel Pérez Bernal
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo Primero fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Asimismo, con fundamento en el Punto Décimo Primero y Vigésimo Quinto, del multicitado acuerdo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE DIECISÉIS DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ: Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso ****, por medio del cual en desahogo a la prevención formulada en proveído de siete de noviembre del año en curso y, en lo que interesa, refiere que el veinticuatro de octubre pasado, solicitó a la junta responsable dictara el cierre de instrucción en el juicio laboral ***** y, por ende, la elaboración del laudo respectivo, por lo que, bajo protesta de decir verdad aclara que el acto reclamado lo hace consistir en la omisión en dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral aludido, para efecto de que se dicte el laudo que en derecho corresponda. En ese sentido, téngase por desahogada la prevención formulada en autos, en los términos en que se contrae el ocurso que se provee, por lo que este órgano jurisdiccional considera satisfecha la obligación que impera la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Leonel Pérez Bernal, por derecho propio, contra el acto que reclama de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. De acuerdo con el citado numeral, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En ese contexto, el artículo 61, fracción XXIII , de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte, el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dicho precepto legal se advierte que el juicio de amparo será procedente cuando los actos que se reclamen dentro de un juicio tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Además, prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Así, de la interpretación sistemática de los citados numerales se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Además, que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este punto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , al interpretar el contenido del numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1) La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. 2) La diversa, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, determinó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la parte promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro 2011580, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión de dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral *****, que trae como consecuencia el retardo en la emisión del laudo que en derecho proceda. Como puede verse, dicha omisión al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos, pues sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por ello, al ser un acto de naturaleza omisiva el que se combate en esta vía constitucional, resulta ser notoriamente improcedente el juicio de amparo intentado por la parte quejosa. Incluso, a juicio de este Juzgado de Distrito, la omisión reclamada no encuadra dentro de la excepción a la regla de improcedencia en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha referida por el quejoso bajo protesta de decir verdad, esto es, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en que solicitó a la junta responsable dictara el cierre de instrucción en el juicio laboral ***** y, por ende, girar los autos para la elaboración del laudo respectivo, es posible inferir que aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, pues de la fecha que el quejoso considera quedaron integrados los autos para dictar el cierre de instrucción, hasta el día de la presentación de la demanda seis de noviembre del año en curso, sólo han transcurrido seis días hábiles y existe la posibilidad de que en un "plazo razonable" no mayor a cuatro meses -que se estima prudente para que el personal adscrito a la autoridad solvente sus circunstancias técnicas, jurídicas y materiales-, y se dicte el cierre de instrucción dentro del juicio laboral 246/2015. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página 1569, con registro 2013301, de rubro y texto: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por *****.
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