Leonel Parra Bernabé

Expediente 1137/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1137/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Leonel Parra Bernabé

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Leonel Parra Bernabé, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1137/2016-IV, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es posible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: ACTO RECLAMADO: "Lo constituye el auto de fecha 12 de septiembre del año 2016, dictado por la responsable en el incidente de ejecución de sentencia, promovido por la tercero perjudicada María Teresa Sánchez Sarabia, en el expediente número 229/2012-III" En la especie se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, en el caso el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en el auto de fecha doce de septiembre del año en curso, dictado por la responsable en el incidente de ejecución de sentencia, promovido por la tercero perjudicada María Teresa Sánchez Sarabia, en el expediente número 229/2012-III; con lo que se evidencia que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, además de que así lo manifiesta en el capítulo de antecedentes, como se advierte a continuación: "7. Resulta que mediante auto de fecha 12 de septiembre del año en cuso, la autoridad responsable deja sin efectos los embargos decretados a las rentas que exploto el suscrito, pero de forma infundada deja firme los embargos decretados al 50%, de los derechos del bien inmueble ubicado en la calle cerrada de Nicolás Bravo, fraccionamiento progreso ubicado en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero; sin tomar en cuenta que el suscrito acredité con el avaluó comercial emitidos por el ingeniero civil JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ NAVA, del que se desprende que dicho inmueble tiene un costo comercial en el mercado por la cantidad de $951,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), con el acreditó que la cantidad que se me reclama por concepto de pensión $86,060.30 (OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) es menor a la cantidad que corresponde al 50% de los derechos de dicho inmueble y más aún resulta infundado dicho auto porque en la especie también deja firme el embargo decretado al vehículo automotor marca NISSAN, tipo Tsuru, Color gris, con cuatro puertas, con placas de circulación HCH-78-92, del estado de Guerrero, con número de serie 3NIEB31572K448896, tipo estándar, el cual utilizo para moverme ya que el suscrito en la actualidad me encuentro enfermo, violando con ellos, mis garantías individuales establecidas en mi favor por la constitución política de los estados unidos Mexicanos." Por lo que, los actos que aquí pretende reclamar no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, toda vez que la responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia pronunciada dentro del expediente natural 229/2012-III, o que se hubiese pronunciado imposibilitado para cumplir la sentencia, de ahí que en la especie, esta juzgadora estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Sin que pueda tener trascendencia alguna la valoración de "irreparable" del acto que se reclama, toda vez que tal aspecto no puede incidir en el análisis de los actos actualizados en la fase de ejecución de una sentencia de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se cita. Tiene aplicación al caso por analogía la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En esa tesitura, se concluye que al estar el acto reclamado vinculado con la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, dado que de sus propias manifestaciones se advierte que el auto combatido fue con motivo de la sentencia definitiva de catorce de mayo del año en curso, en la que se condenó al pago de pensión alimenticia, por lo que, en diligencia de dos de febrero de la presente anualidad, se realizó el embargo respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble y vehículo antes citados y que fue confirmado en el auto combatido, es de estimarse que aun cuando pudiera afectar de manera directa derechos sustantivos, estos solo pueden reclamarse en la última resolución en la etapa de ejecución, dado que el acto está ligado a la cosa juzgada. Por ende, dicho acto no se ubica en el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, pues no constituye la última resolución de dicho procedimiento, toda vez que dicho numeral se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; Ante ello, al actualizarse en forma patente y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alberto Gallardo Pérez, toda vez que acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

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