Leonel Nava Silverio
Expediente 887/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leonel Nava Silverio
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que en auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio sin que la parte quejosa haya promovido recurso de inconformidad en contra de dicho proveído; en consecuencia, y atendiendo la certificación de cuenta, se tiene por consentido dicho auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que las partes no hicieron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el treinta de octubre de dos mil quince (fojas 181 a 189), este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes (foja 187 y 187 vuelta): Deje insubsistente el acuerdo de catorce de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 883/2006; y Dicte otro, con libertad de jurisdicción, debidamente fundado y motivado, en el que resuelva lo que estime pertinente con relación a la solicitud efectuada por Leonel Nava Silverio, respecto al requerimiento de ejecución de laudo, sin reiterar lo que se estimó inconstitucional en la sentencia. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Mediante oficio 1499/2016 (foja 208), remitió copia con firmas autógrafas del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 883/2006, en el que primeramente dejó insubsistente el auto de catorce de agosto de dos mil quince, y dictó otro en atención a la solicitud de la parte actora realizada mediante escrito de cinco de agosto de dos mil quince, en el que despachó auto de ejecución del laudo de dieciséis de diciembre de dos mil trece, fundando y motivando dicha determinación, con lo que acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en autos. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, como se dijo anteriormente, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en el dejó insubsistente el auto de catorce de agosto de dos mil quince, y atendiendo la solicitud de la parte actora mediante escrito de cinco de agosto de dos mil quince, despachó auto de ejecución respecto del laudo de dieciséis de diciembre de dos mil trece, debidamente fundado y motivado, con la cual acreditó el cumplimiento respectivo. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO.
- Principal
Glósese a los autos el oficio enviado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas del auto de dieciséis de febrero de la presente anualidad, en el cual se aprecia que dejó insubsistente el diverso de catorce de agosto de dos mil quince, y en su lugar dictó otro proveyendo lo conducente con relación a la solicitud efectuada por la parte actora, aquí quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y constancia anexa al mismo, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta de octubre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE y AMPARA ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente esta ciudad, por conducto de su Titular, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: 1. Deje insubsistente el acuerdo de catorce de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio laboral ***/****. 2. Dicte otro, en donde con libertad de jurisdicción, debidamente fundado y motivado, en el que resuelva lo que estime pertinente con relación a la solicitud efectuada por Leonel Nava Silverio, respecto al requerimiento de ejecución de laudo, sin reiterar lo que se estimó inconstitucional en esta sentencia; y lo demuestre a este juzgado con las constancias correspondientes. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe al titular de la referida autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo, lo anterior con arreglo a los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 MN (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la unidad de Medida y Actualización de referencia es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal.
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