Leonel Medina Ruíz
Expediente 1425/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Leonel Medina Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado informa ha quedado firme desechamiento de recurso Glósese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1425/2022. Asimismo informa que ha quedado firme el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la superioridad, mediante el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso. Notificación a las partes y anotaciones Lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples de actuaciones que obran en autos y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito desecha recurso. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual contiene inserto el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado en autos del amparo en revisión 553/2022, del índice del tribunal de su adscripción, donde desecha el recurso revisión interpuesto por el quejoso dentro del sumario 1425/2022 de la estadística de este recinto constitucional. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma de conocimiento de lo informado por la superioridad para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el folio de buzón .. que contiene escrito de revisión de amparo directo promovido por el quejoso en el presente sumario. Parte quejosa interpone recurso de revisión. En razón de lo anterior, agréguese a los autos el escrito firmado por L.. a través del cual interpone recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión. En mérito de lo anterior, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Remisión del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes. Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Quejoso cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por LEONEL MEDINA RUÍZ, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables. Ordenadora. Integrantes de la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Ejecutoras. Juez de Control del Único Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos. Tribunal de enjuiciamiento quien ante el que se radicó el juicio oral número JOC/54/2022. Precisión del acto reclamado. Resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 114/2022-CO-7, mediante la cual se modifica la resolución que excluyo diversos medios de prueba dictado en audiencia intermedia de fecha catorce de junio de dos mil veintidós. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V de la misma ley, este último interpretado en sentido contrario. En efecto el artículo 62 de la Ley de Amparo, ordena que el estudio de las causales de improcedencia es preferente al fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, ya por solicitud de cualquiera de las partes u oficiosamente. Lo anterior encuentra sustento en, en la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo VII, mayo de 1991, página 95, cuyo rubro y texto establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención a lo anterior, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso reclama, la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 114/2022-CO-7, mediante la cual se modifica la resolución que excluyo diversos medios de prueba dictado en audiencia intermedia de fecha catorce de junio de dos mil veintidós. Tomando en cuenta lo anterior, se considera entonces que el acto reclamado tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, el acto reclamado, no afecta derechos sustantivos del quejoso, ya que el efecto de la resolución reclamada únicamente incide en que en su momento puedan admitirse diversas pruebas que fueron excluidas en la audiencia celebrada en catorce de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal de origen JCC/487/2016, cuestión que no constituye un acto de imposible reparación, sino una violación a las leyes del procedimiento. Lo anterior se afirma así, pues en caso de que se dicte resolución en el juicio de origen que resulte favorable a los intereses del promovente del amparo, la afectación reclamada quedará sin efectos, sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, y en caso contrario, quedaran expeditos sus derechos para hacerlos valer los medios de impugnación que corresponda. Luego, será hasta que se dicte la sentencia, cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de la admisión o exclusión de las pruebas, y será hasta entonces cuando el quejoso, conforme a las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión. De ese modo, el acto reclamado constituye una posible violación procesal reclamable en el amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia si es que ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, que señala: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Asimismo sirve de sustento la tesis jurisprudencial 1a./J. 6/2021 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, cuyo rubro y texto señalan: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bie..0n ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." No se lo soslaya, como se desprende de las jurisprudencias antes transcritas, que puedan existir supuestos en los que la exclusión o admisión de pruebas dentro del proceso penal acusatorio, pueda conllevar la violación a derechos sustantivos de manera irreparable, cuando estas impliquen cargas injustificadas al imputado. Sin embargo, en el caso concreto, la resolución que se impugna, consiste en la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós dictada en el toca penal 114/2022-CO-7, mediante la cual se ordenó la admisión de la prueba testimonial a cargo de Damaris Jemima Ramírez Torres, para este órgano jurisdiccional, no constituye una violación irreparable a sus derechos humanos o una carga injustificada al aquí quejoso, sino que en su caso implicaría una vulneración meramente procesal, misma que podrá ser impugnada en amparo directo, en caso de que la sentencia que dirima la controversia de origen no le sea favorable. Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Juzgado Sexto de Distrito permite acceso a expediente. Por otro lado, se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual autoriza del expediente electrónico del juicio de amparo 1526/2019, del índice de su juzgado. Visto lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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