Leonel Iturbide Bocanegra Tapia
Expediente 813/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Leonel Iturbide Bocanegra Tapia
Actuaciones
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; como de la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, representante común de Aleida Pérez Asencio, María del Carmen Aguilar Tiquet, Dalila de la Cruz Vera, Cinthya Selene Vidal Soto, Gregoria Guzmán Sánchez, Fredy del Carmen Montiel Rodríguez, Luciano Hernández Álvarez, Armando Luciano Esteban, Gabriela Jiménez Ramírez, Cristina Guzmán Cruz, Darvin Gamaliel Pérez Jiménez, Javier Palma Avalos, Karina Cordova Gutiérrez, Anataly de Jesús Chan Ramírez, Lorena Julisa Mayo Domínguez, Daniel Valencia Salvador, Gamaliel García Valencia, Jorge Alberto Muñoz Ríos, Kristell Cámara Gómez, Argelia Lorca Domínguez, Claudia Lázaro de la Cruz, Elsy Beatriz Vázquez Rodríguez, Jessica del Carmen Reyes García, Jackeline Aguilar García, Magali Calix De Dios, Eustreberto Cruz Jiménez, Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, Joana Arias García, Carlos Mario Vasconcelos Canul, Leticia del Carmen Hernández Madrigal, Andrés Rodiver Pérez Solís, Ernesto López López, Christi del Carmen García Gurria, José Francisco Cruz Reyes, Pablo Sánchez Jiménez, Jordan González Desales, María de Jesús Vidal Solís, Cristell Guadalupe García Gallegos, Norma Elizabeth Suarez Hernández, Karla Judith Santos León, Leticia Arias Pérez, Angélica Cornelio Urbina, Lucia García Ovando, Adriana Castillo Acosta, Thania Cristel Muñoz Arrellano, Griselda Osorio López, Jorge Manuel Gamboa Jiménez, Emma Castro Castro, Francisco Rafael Herrera Palma, Alberto Hernández Valencia, Virginia Alondra Madrigal Sánchez, Martha Isabel Landero Ovando, José Guadalupe May Osorio, Melida Pérez Leyva, Mayra Trujillo Ojeda, Rene de la Cruz de los Santos, Mirella Almeida Bocanegra, Pamela Guadalupe Pérez Rodríguez, Alejandra Javier Castillo, Catalino de Jesús Salas Ocaña, Beatriz Jiménez López, Miguel Alfonso Ovando Naranjo, Esbeidy Sirenia Vázquez Montejo, Luis Alberto Torres Hernández, María Elvia de la Cruz Rodríguez, Bianca García García, Yenny Castillo Domínguez, José del Carmen Díaz Peralta, Ellzabeth Salvador García, Gladis Frías Pérez, Ezlith Arias Ramírez, María del Carmen Quet Damian, Sergio Avalos Isidro, Ana Karen Martínez Aguilar, Miriam Adriana McGregor Jiménez, Concepción Torres Vázquez, Jesús Eduardo Madrazo Calva, Nidia Isel de Dios Jiménez, Nanci del Carmen Morales Jiménez, Albaro Torres Rodríguez, Liboria Ovando Torres, Beatriz de la Cruz Silvan, Diana Laura Marín Montejo, Esther Silva Montejo, Patricia de la Cruz Bravata, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
mesa 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de octubre de dos mil veinte, acredita la personalidad con que se ostenta como representante común de Aleida Pérez Asencio, María del Carmen Aguilar Tiquet, Dalila de la Cruz Vera, Cinthya Selene Vidal Soto, Gregoria Guzmán Sánchez, Fredy del Carmen Montiel Rodríguez, Luciano Hernández Álvarez, Armando Luciano Esteban, Gabriela Jiménez Ramírez, Cristina Guzmán Cruz, Darvin Gamaliel Pérez Jiménez, Javier Palma Avalos, Karina Cordova Gutiérrez, Anataly de Jesús Chan Ramírez, Lorena Julisa Mayo Domínguez, Daniel Valencia Salvador, Gamaliel García Valencia, Jorge Alberto Muñoz Ríos, Kristell Cámara Gómez, Argelia Lorca Domínguez, Claudia Lázaro de la Cruz, Elsy Beatriz Vázquez Rodríguez, Jessica del Carmen Reyes García, Jackeline Aguilar García, Magali Calix De Dios, Eustreberto Cruz Jiménez, Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, Joana Arias García, Carlos Mario Vasconcelos Canul, Leticia del Carmen Hernández Madrigal, Andrés Rodiver Pérez Solís, Ernesto López López, Christi del Carmen García Gurria, José Francisco Cruz Reyes, Pablo Sánchez Jiménez, Jordan González Desales, María de Jesús Vidal Solís, Cristell Guadalupe García Gallegos, Norma Elizabeth Suarez Hernández, Karla Judith Santos León, Leticia Arias Pérez, Angélica Cornelio Urbina, Lucia García Ovando, Adriana Castillo Acosta, Thania Cristel Muñoz Arrellano, Griselda Osorio López, Jorge Manuel Gamboa Jiménez, Emma Castro Castro, Francisco Rafael Herrera Palma, Alberto Hernández Valencia, Virginia Alondra Madrigal Sánchez, Martha Isabel Landero Ovando, José Guadalupe May Osorio, Melida Pérez Leyva, Mayra Trujillo Ojeda, Rene de la Cruz de los Santos, Mirella Almeida Bocanegra, Pamela Guadalupe Pérez Rodríguez, Alejandra Javier Castillo, Catalino de Jesús Salas Ocaña, Beatriz Jiménez López, Miguel Alfonso Ovando Naranjo, Esbeidy Sirenia Vázquez Montejo, Luis Alberto Torres Hernández, María Elvia de la Cruz Rodríguez, Bianca García García, Yenny Castillo Domínguez, José del Carmen Díaz Peralta, Ellzabeth Salvador García, Gladis Frías Pérez, Ezlith Arias Ramírez, María del Carmen Quet Damian, Sergio Avalos Isidro, Ana Karen Martínez Aguilar, Miriam Adriana McGregor Jiménez, Concepción Torres Vázquez, Jesús Eduardo Madrazo Calva, Nidia Isel de Dios Jiménez, Nanci del Carmen Morales Jiménez, Albaro Torres Rodríguez, Liboria Ovando Torres, Beatriz de la Cruz Silvan, Diana Laura Marín Montejo, Esther Silva Montejo, Patricia de la Cruz Bravata, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con los oficios originales SE/OIC/DQ/0603/2020 y SE/OIC/0604/2020. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la asignación de plazas de telesecundaria, realizada fuera del protocolo de asignación pública, realizada en el mes de julio de dos mil veinte por la Secretaría de Educación del Estado. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, esto únicamente respecto a Jackeline Aguilar García y Joana Arias García, los cuales son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De tales fracciones se desprende de manera destacada que para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el peticionario de amparo acredite resentir una afectación en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados. Así pues, se tiene que el interés jurídico es la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo con motivo de un acto de autoridad, de ahí que de acuerdo con los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad y sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada prerrogativa constitucional. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De igual forma, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582, Tomo VI, Parte TCC del Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Asimismo, se torna importante señalar, que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, es el principio de existencia de la afectación personal y directa, que prevén los numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, así como el 107 Constitucional, pues se ha mencionado que por agravio debe entenderse toda afectación, violación o menoscabo (personal y directo) ocasionado a la persona, física o moral, que aduce ser titular de un derecho subjetivo. Lo que trae como consecuencia que si un acto de autoridad no irroga agravios al promovente de esta instancia constitucional el juicio intentado deviene improcedente. Por lo tanto, la noción de afectación o agravio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Así es, pues para la procedencia del accionamiento del juicio de amparo debe existir un agravio o perjuicio personal y directo que pueda ser reparable mediante éste, pero si no existe tal perjuicio o agravio que restituir, el juicio no será procedente, pues en términos del artículo 77 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esa prerrogativa exige, lo que pone de manifiesto que la posible resolución amparadora se debe fincar en el agravio ilegal causado a la esfera jurídica del promovente con la emisión del acto reclamado. De ahí que, la intención del legislador plasmada en los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, revela que para que los tribunales federales puedan conocer de una demanda de amparo indirecto, es menester que quien aduzca ser titular de un derecho, se le cause a su esfera jurídica una afectación personal y directa que pueda ser legítimamente protegible, en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 347 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 371, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice 2011, que establece: PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. De igual manera se surte la tesis 120, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 100, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice 2000, que prescribe: PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas. En ese sentido, cuando una persona resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, deberá demostrar si tiene el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo; es decir, deberá acreditar la existencia real del daño o detrimento directo en alguno de sus derechos con motivo del acto autoritario que reclama. Ahora, en la especie Jackeline Aguilar García y Joana Arias García, pretenden combatir la asignación de plazas de telesecundaria, realizada fuera del protocolo de asignación pública, realizada en el mes de julio de dos mil veinte por la Secretaría de Educación del Estado; empero del oficio SE/OIC/DQ/0603/2020, derivado del Procedimiento de Investigación SE/OIC/DQ/PL/021/2020, a través del cual Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, acredita su personalidad, se aprecia que en el punto noveno, la Jefa del Departamento de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, tuvo por no presentado el escrito, en razón de que Jackeline Aguilar García y Joana Arias García no fueron reconocidas como quejosas en el auto de radicación de veintiuno de julio de dos mil veinte. Ello, pues a fin de que esta autoridad de amparo pueda abordar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente el interés jurídico, es decir, que el acto tildado de inconstitucional le irroga algún perjuicio a la parte promovente, lo que en el caso no acontece, por las razones asentadas. En esos términos, resulta claro que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado combatido, no afecta la esfera fundamental de las citadas promoventes, ya que -como se dijo- ellas no tienen el carácter de quejosas en el Procedimiento de Investigación SE/OIC/DQ/PL/021/2020, de ahí que las accionantes en modo alguno podría acreditar su interés jurídico. Sin que constituya obstáculo a esta decisión la jurisprudencia firme, obligatoria para esta autoridad en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, como lo es la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 39, Núm. 66, Junio de 1993, Materia Común. Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE INTERES JURÍDICO NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO. La causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se refiere a la falta de interés jurídico del quejoso, no puede considerarse como un motivo manifiesto o indudable de improcedencia del juicio constitucional, pues el quejoso puede acreditar su interés durante el curso del procedimiento del amparo, motivo por el cual debe admitirse la demanda de amparo, pues de lo contrario se dejaría al agraviado en estado de indefensión, al privársele de la oportunidad de allegar en la audiencia constitucional los elementos de convicción que lo justifiquen. En otro orden de ideas, este juzgador también advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo promovido por los diversos quejosos Leonel Iturbide Bocanegra Tapia , Aleida Pérez Asencio, María del Carmen Aguilar Tiquet, Dalila de la Cruz Vera, Cinthya Selene Vidal Soto, Gregoria Guzmán Sánchez, Fredy del Carmen Montiel Rodríguez, Luciano Hernández Álvarez, Armando Luciano Esteban, Gabriela Jiménez Ramírez, Cristina Guzmán Cruz, Darvin Gamaliel Pérez Jiménez, Javier Palma Avalos, Karina Cordova Gutiérrez, Anataly de Jesús Chan Ramírez, Lorena Julisa Mayo Domínguez, Daniel Valencia Salvador, Gamaliel García Valencia, Jorge Alberto Muñoz Ríos, Kristell Cámara Gómez, Argelia Lorca Domínguez, Claudia Lázaro de la Cruz, Elsy Beatriz Vázquez Rodríguez, Jessica del Carmen Reyes García, Magali Calix De Dios, Eustreberto Cruz Jiménez, Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, Carlos Mario Vasconcelos Canul, Leticia del Carmen Hernández Madrigal, Andrés Rodiver Pérez Solís, Ernesto López López, Christi del Carmen García Gurria, José Francisco Cruz Reyes, Pablo Sánchez Jiménez, Jordan González Desales, María de Jesús Vidal Solís, Cristell Guadalupe García Gallegos, Norma Elizabeth Suarez Hernández, Karla Judith Santos León, Leticia Arias Pérez, Angélica Cornelio Urbina, Lucia García Ovando, Adriana Castillo, Acosta, Thania Cristel Muñoz Arrellano, Griselda Osorio López, Jorge Manuel Gamboa Jiménez, Emma Castro Castro, Francisco Rafael Herrera Palma, Alberto Hernández Valencia, Virginia Alondra Madrigal Sánchez, Martha Isabel Landero Ovando, José Guadalupe May Osorio, Melida Pérez Leyva, Mayra Trujillo Ojeda, Rene de la Cruz de los Santos, Mirella Almeida Bocanegra, Pamela Guadalupe Pérez Rodríguez, Alejandra Javier Castillo, Catalino de Jesús Salas Ocaña, Beatriz Jiménez López, Miguel Alfonso Ovando Naranjo, Esbeidy Sirenia Vázquez Montejo, Luis Alberto Torres Hernández, María Elvia de la Cruz Rodríguez, Bianca García García, Yenny Castillo Domínguez, José del Carmen Díaz Peralta, Ellzabeth Salvador García, Gladis Frías Pérez, Ezlith Arias Ramírez, María del Carmen Quet Damian, Sergio Avalos Isidro, Ana Karen Martínez Aguilar, Miriam Adriana McGregor Jiménez, Concepción Torres Vázquez, Jesús Eduardo Madrazo Calva, Nidia Isel de Dios Jiménez, Nanci del Carmen Morales Jiménez, Albaro Torres Rodríguez, Liboria Ovando Torres, Beatriz de la Cruz Silvan, Diana Laura Marín Montejo, Esther Silva Montejo, Patricia de la Cruz Bravata, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 1° y 5, fracción II que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." - Lo resaltado es propio- De los numerales previstos se puede establecer que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama un acto realizado por un ente, público o privado, que por sus características no puede considerarse como autoridad responsable, por encontrarse desprovisto de obligatoriedad y coercitividad, elementos necesarios, para que sus resoluciones (actos u omisiones) puedan trascender a la esfera fundamental del justiciable. Luego, por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; o bien, omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas (de hecho o de derecho) que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales (o bien omitirlos) a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En principio, el concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, en esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, emitió la tesis P.XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones plasmadas en esa ejecutoria, estimó que una autoridad para efectos del amparo es la que, teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Concluyéndose que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: Que tenga características de órgano público, Que las normas Jurídicas le otorguen potestad para actuar, Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera Jurídica de los gobernados; y, Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Institución que se encuentra plasmada en la tesis 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que se transcribe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, se establece que las relaciones jurídicas se pueden clasificar, desde el punto en el que se encuentre el justiciable en referencia al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico, en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad. Es importante apuntar, con fines ilustrativos, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías constitucionales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales coercitividad. Así que, en términos de lo que importa al juicio de derechos fundamentales, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por última, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. Ahora bien, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En tal virtud, si la parte quejosa reclama la asignación de plazas de telesecundaria, realizada fuera del protocolo de asignación pública, realizada en el mes de julio de dos mil veinte, por la Secretaría de Educación del Estado, acto atribuido a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, es evidente que esta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Para tener una mejor compresión, de la causa de improcedencia que se analiza en el presente asunto, cabe mencionar los artículos 104 fracción I y 108 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, que disponen: "ARTÍCULO 104.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje radicará en la Capital del Estado y será competente para: I.- Resolver controversias que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores; ARTICULO 108.- El procedimiento para resolver las controversias que se someten al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes; y se pronunciará resolución; salvo cuando, a juicio del propio Tribunal, se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo. De los preceptos legales trascritos, se advierte que las controversias que existan entre el funcionario de una unidad burocrática con sus trabajadores serán dirimidas ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Tabasco, en atención a que la relación jurídica que une al Estado con sus trabajadores no lo hace con su potestad de autoridad sino como patrón. Efectivamente, el acto a combatir en el presente asunto tiene su origen en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de controversia ante un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En virtud de lo anteriormente expuesto, el acto consistente en asignación de plazas de telesecundaria, realizada fuera del protocolo de asignación pública, realizada en el mes de julio de dos mil veinte por la Secretaría de Educación del Estado, no es susceptible de reclamarse por esta vía de control constitucional al carecer de la potestad e imperio de los actos provenientes de las autoridades dentro de una relación de supra a subordinación, sino que sólo se trata de actos entre particulares, al devenir de una relación laboral, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente, ante la autoridad de esa misma naturaleza. Se corrobora la existencia de una relación laboral, con lo manifestado por la parte quejosa en el escrito presentado el ocho de octubre del año actual, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado al día siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, pues en lo que interesa el promovente de mérito manifestó lo siguiente En lo que refiere a lo solicitado en el punto SEGUNDO, hago del conocimiento de su Señoría, que la relación existente entre del suscrito y los CC. ALEIDA PÉREZ ASENCIO, MARÍA DEL CARMEN AGUILAR TIQUET [.] con la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, deriva de la existencia de una relación laboral., lo cual hace prueba plena de su confesión en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4389, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya transcripción dice: ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5 fracción II de la misma legislación, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, respecto de los quejosos citados con antelación. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J.54/2012, determinó que el auto inicial de trámite del juicio no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos de su promoción. Sin embargo, excepcionalmente dicho auto puede constituir la actuación ideal para analizar si los actos son de autoridad para efectos de la instancia constitucional cuando, a su vez, exista jurisprudencia en que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación haya definido criterio respecto de un acto determinado. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. Apoya también a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, quien se ostenta como representante común de Aleida Pérez Asencio, María del Carmen Aguilar Tiquet, Dalila de la Cruz Vera, Cinthya Selene Vidal Soto, Gregoria Guzmán Sánchez, Fredy del Carmen Montiel Rodríguez, Luciano Hernández Álvarez, Armando Luciano Esteban, Gabriela Jiménez Ramírez, Cristina Guzmán Cruz, Darvin Gamaliel Pérez Jiménez, Javier Palma Avalos, Karina Cordova Gutiérrez, Anataly de Jesús Chan Ramírez, Lorena Julisa Mayo Domínguez, Daniel Valencia Salvador, Gamaliel García Valencia, Jorge Alberto Muñoz Ríos, Kristell Cámara Gómez, Argelia Lorca Domínguez, Claudia Lázaro de la Cruz, Elsy Beatriz Vázquez Rodríguez, Jessica del Carmen Reyes García, Jackeline Aguilar García, Magali Calix de Dios, Eustreberto Cruz Jiménez, Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, Joana Arias García, Carlos Mario Vasconcelos Canul, Leticia del Carmen Hernández Madrigal, Andrés Rodiver Pérez Solís, Ernesto López López, Christi del Carmen García Gurria, José Francisco Cruz Reyes, Pablo Sánchez Jiménez, Jordan González Desales, María de Jesús Vidal Solís, Cristell Guadalupe García Gallegos, Norma Elizabeth Suarez Hernández, Karla Judith Santos León, Leticia Arias Pérez, Angélica Cornelio Urbina, Lucia García Ovando, Adriana Castillo Acosta, Thania Cristel Muñoz Arrellano, Griselda Osorio López, Jorge Manuel Gamboa Jiménez, Emma Castro Castro, Francisco Rafael Herrera Palma, Alberto Hernández Valencia, Virginia Alondra Madrigal Sánchez, Martha Isabel Landero Ovando, José Guadalupe May Osorio, Melida Pérez Leyva, Mayra Trujillo Ojeda, Rene de la Cruz de los Santos, Mirella Almeida Bocanegra, Pamela Guadalupe Pérez Rodríguez, Alejandra Javier Castillo, Catalino de Jesús Salas Ocaña, Beatriz Jiménez López, Miguel Alfonso Ovando Naranjo, Esbeidy Sirenia Vázquez Montejo, Luis Alberto Torres Hernández, María Elvia de la Cruz Rodríguez, Bianca García García, Yenny Castillo Domínguez, José del Carmen Díaz Peralta, Ellzabeth Salvador García, Gladis Frías Pérez, Ezlith Arias Ramírez, María del Carmen Quet Damian, Sergio Avalos Isidro, Ana Karen Martínez Aguilar, Miriam Adriana McGregor Jiménez, Concepción Torres Vázquez, Jesús Eduardo Madrazo Calva, Nidia Isel de Dios Jiménez, Nanci del Carmen Morales Jiménez, Albaro Torres Rodríguez, Liboria Ovando Torres, Beatriz de la Cruz Silvan, Diana Laura Marín Montejo, Esther Silva Montejo y Patricia de la Cruz Bravata, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, en el cual se le requirió para que acreditara la personalidad con la que se ostenta y para que manifestara la relación que existe entre los directos quejosos y la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco. En ese contexto, respecto al primer punto de la prevención efectuada, del escrito aclaratorio se aprecia que Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, no acredita con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, esto porque las documentales con las que pretende acreditar tal cuestión, se encuentran en copias simples, y no es suficiente para ello, pues no produce convicción sobre la veracidad de su contenido. Apoya lo requerido, la jurisprudencia 782, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 868, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de Amparo Indirecto, Novena Época, Materia Común, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" Así como la Jurisprudencia 527, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 582, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia Común, Novena Época del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.." Al igual que la Jurisprudencia número 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.- La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: 'COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada al solicitante del amparo. Ahora, debido a que el escrito aclaratorio fue presentado, el ocho de octubre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de esta ciudad, dígase a la parte promovente que tiene oportunidad para desahogar a cabalidad con la misma, dentro del plazo de tres días, el cual se interrumpió con la presentación del ocurso citado y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente.
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