Leonel Herrera Redondo

Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
477/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Leonel Herrera Redondo

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veintidós. DESAHOGO Visto el escrito presentado por el quejoso *****, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos; en consecuencia, se tiene por cumplida dicha prevención y se da nuevamente cuenta con la demanda de garantías y escrito aclaratorio en los siguientes términos: PERSONALIDAD Se tiene a ****, por propio derecho. ACTO RECLAMADO De la lectura integral del escrito de demanda, así como del escrito de desahogo se advierte que los actos que reclama el quejoso son el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario ****, seguido por **** -hoy quejoso-, contra ****, tramitado ante el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en el que procedió a la admisión de pruebas, sin haber dictado auto alguno en el que ordenara la apertura del periodo probatorio en dicho juicio, así como el diverso auto de trece de mayo de dos mil veintidós, en el no admite la regularización del procedimiento vía revocación contra el citado auto de tres de mayo del año en curso. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad por el promovente en la demanda de amparo, se desprende que: ? El acto reclamado deriva del juicio especial hipotecario ****, seguido por **** -hoy quejoso-, contra ***, radicado ante el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, ordenando el emplazamiento de la demandada. ? En auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la demanda. ? Por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al actor desahogando la vista con el escrito de contestación de demanda, y en dicho auto se procedió a la admisión de las pruebas ofrecidas. ? En auto de trece de mayo de dos mil veintidós, el Juez responsable no admite el recurso de revocación contra el auto de tres de mayo del año en curso. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de amparo, con relación al numeral 107 fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento. Ahora bien, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este casos los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Pues al versar el acto reclamado en el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario ***, tramitado ante el Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en el que procedió a la admisión de pruebas, sin haber dictado auto alguno en el que ordenara la apertura del periodo probatorio en dicho juicio, así como el diverso auto de trece de mayo de dos mil veintidós, en el no admite la regularización del procedimiento vía revocación contra el citado auto de tres de mayo del año en curso, no lo deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, pues atendiendo a que incide sobre un aspecto adjetivo, como lo es emplazamiento mediante cédula de notificación e instructivo al demandado, no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no se causa un gravamen de imposible reparación, pues existe por ende la posibilidad de que pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J.94/2008 resuelta por contradicción de Tesis 23/2008-PS, visible en la página 256 del tomo XXIX, correspondiente al mes de febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Sirve de apoyo a lo anterior además la Jurisprudencia P./J. 38/92 derivada de la contradicción de tesis 29/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205601, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 59, Noviembre de 1992, Materias Común y Civil, visible a página 12, la cual establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J.23/2008 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con número de registro 170244, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Materia Común, página 593 de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Sirve de apoyo a lo anterior además la tesis aislada I.14º.C.15K(9a.) emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 160816, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, , Octubre de 2011, Materias Común, visible a página 1662, la cual establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial, registrada con el número 254989, visible en la página 201, Volumen 72, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Asimismo, se cita la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página ciento sesenta y cuatro, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que proceda el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Luego, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por Leonel Herrera Redondo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, notifíquese el presente proveído al quejoso por medio de lista. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese por lista al promovente.

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