Leonel Hermida Acevedo

Expediente 1035/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1035/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2015

Partes del expediente

  • Leonel Hermida Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil quince. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria General B de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngasele acusando recibo de las constancias relativas al juicio laboral D-4/541/2013 que le fueron remitidas mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil quince, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil quince. Vista la razón secretarial, en la que se hace constar que la parte quejosa no recurrió el auto de sobreseimiento de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado Y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el sobre que contiene el oficio número 136/2015, dirigido a los Agentes Ministeriales de la Primera Comandancia adscritos a Tehuacán, Puebla, devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla. Ahora bien, agregase a sus autos el sobre de mérito sin mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil quince (foja 53), se dejó de tener como autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo a la antes mencionada.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el presente juicio de amparo indirecto 168/2015 (antes 579/2015); y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, y remitida por razón de turno el mismo día al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, actualmente Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, Francisco Javier Pérez Merino demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Señalo al C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA, dentro de la causa penal 24/2014 con domicilio oficial bien conocido en el Municipio y Estado de Puebla, Puebla, lo anterior, por tratarse de autoridad. EJECUTORA: La autoridad antes citada tiene el doble carácter. IV.- ACTO RECLAMADO: a).- Reclamo de la autoridad responsable (JUEZ) el AUTO de fecha CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, dictado dentro de la causa penal 24/2014 sin que dicho mandato cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, violando flagrantemente mis garantías constitucionales específicamente lo establecido por los artículos 1, 14, 16, 19 y 21 de Nuestra Carta Magna". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiuno de abril de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual se registró en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente 579/2015; se solicitó a la responsable su respectivo informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, y finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. TERCERO. REASIGNACIÓN DE NÚMERO DE EXPEDIENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, el presente amparo indirecto 579/2015 causó egreso y se registró en el nuevo índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 168/2015, con efectos a partir del primero de junio de dos mil quince, razón por la cual se resuelve bajo el nuevo número de expediente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdo 8/2013 y 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a los Juzgados de Distrito y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, pues se reclama una resolución emitida por autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. Es necesario precisar que dicho Acuerdo General 23/2015, estableció el cambio de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, donde se especifica que conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los dispositivos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Por tanto, al haberse encontrado en trámite el presente asunto con anterioridad al uno de junio de dos mil quince, en que se realizó el aludido cambio de denominación y especialización, debe estimarse que este órgano de control constitucional es legalmente competente para resolver de un acto de naturaleza penal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De manera que de la demanda de amparo y constancias de autos se desprende que el peticionario de amparo reclama, lo siguiente: Del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla: El auto de catorce de abril de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 24/2014, por el que desecha por notoriamente improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de seis de abril de dos mil quince. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla al rendir su informe justificado (foja 17) aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Como apoyo a su dicho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, remitió copias certificadas de la causa penal 24/2014. Documentales que adquieren valor pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su arábigo 2º, de los cuales se desprende la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Acreditada la existencia de los actos reclamados se procede al análisis de las causales de improcedencia cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada, haría imposible el estudio de la litis en el presente juicio, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. No habiendo hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni que la suscrita advierta de oficio su actualización, procede entrar al estudio del concepto de violación. QUINTO. AUSENCIA DE TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de disconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El quejoso refiere, en esencia, en su capítulo de conceptos de violación, que se le priva de la libertad sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 14 constitucional, pues si bien existe un proceso en su contra, lo cierto es que el juez omitió valorar diversas pruebas ofrecidas que obran dentro del proceso y con las cuales acredita su inocencia. Indica que deviene violatorio de derechos el auto dictado el catorce de abril de dos mil quince, ya que no se acreditó el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, por lo que se le debe conceder el amparo y protección de la justicia federal. Alega que el auto de catorce de abril de dos mil catorce, carece de la debida fundamentación y motivación. Aduce que se viola en su perjuicio el artículo 5 constitucional, toda vez que en autos del proceso acreditó que realiza un trabajo lícito, en virtud de que se trata de un auto consumo de diesel de la ruta sesenta y ocho Xonacatepec- Centro que cuenta con las licencias de funcionamiento y, cumple con todas y cada una de las medidas de seguridad requeridas por las autoridades competentes. Los anteriores argumentos son infundados. En principio conviene señalar que de las constancias que remitió la autoridad responsable se observa lo siguiente: 1. Al aquí quejoso Francisco Javier Pérez Merino se le instruye la causa penal 24/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra el ambiente y la gestión ambiental en la modalidad de almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas y que causan un riesgo de daño a los recursos naturales, flor, fauna, ecosistemas, a la calidad de agua o ambiente, previsto y sancionado por el artículo 414, párrafo segundo, del Código Penal Federal. 2. Por auto de seis de abril de dos mil quince, se admitieron las pruebas documental consistente en un escrito presentado ante el Secretario de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla; la inspección ocular en el inmueble que se encuentra ubicado en la calle "Máximo Serdán", sin número, Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Municipio y Estado de Puebla y la documental consistente en una constancia suscrita por Juan Ramírez Aguilar, en su calidad de delegado de la "ruta sesenta y ocho Xonacatepec Centro" que ofreció el inculpado y se concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución, para lo cual se le fijó la cantidad de $28,414.00 (veintiocho mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), para que surtiera efectos dicha medida (foja 20). 3. Contra el proveído anterior, el aquí quejoso Francisco Javier Pérez Merino, interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por el juez de la causa, el catorce de abril de dos mil quince (determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo). Para ello, el juez responsable determinó que contra el auto de seis de abril de dos mil quince, a través del cual, se admitieron pruebas ofertadas por el procesado durante la pre-instrucción y se concedió al inculpado el derecho de la libertad provisional bajo caución, procedía la apelación en el efecto devolutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 367, fracciones IV y V del Código Federal de Procedimientos Penales. Ahora bien, el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece: "ARTÍCULO 367.- Son apelables en el efecto devolutivo: I.- Las sentencias definitivas que absuelven al acusado, excepto las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o con pena no privativa de libertad, en los términos del primer párrafo del artículo 152; II.- Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VI del artículo 298 y aquéllos en que se niegue el sobreseimiento. III.- Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; III bis.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; IV.- Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. V.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público. VII.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica; VIII.- Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a que se refiere el artículo 436, y IX.- Las demás resoluciones que señala la Ley." Conforme al citado artículo se advierte que en los procesos penales federales son apelables sólo en efecto devolutivo: las sentencias definitivas que absuelven al acusado, así como aquellas resoluciones relativas que versan sobre aspectos de sobreseimiento o suspensión del procedimiento judicial, acumulación y separación de autos, recusación; ratifiquen la constitucionalidad de una detención, auto de formal prisión; sujeción a proceso; falta de elementos para procesar; aquéllos que resuelven situaciones concernientes a la prueba, orden de aprehensión, citación para declarar en preparatoria, orden de cateo, medidas precautorias de carácter patrimonial, arraigo, incompetencia; autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado. De lo que se colige que contra el auto en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución, efectivamente, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. En esos términos, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues el juez responsable ajustó su actuar a lo dispuesto por el artículo 367 fracciones IV y V, del Código Federal de Procedimientos Penales, al desechar el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de seis de abril de dos mil quince, en el que se le admitieron pruebas y se concedió la libertad provisional bajo caución, pues efectivamente contra el citado proveído procedía la apelación en el efecto devolutivo y no el recurso de revocación como lo pretendía el quejoso. Ello es así, pues -se insiste- el artículo 367, fracciones IV y V, del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé que el medio ordinario para inconformarse contra un auto relativo a pruebas y que concede o niega la libertad provisional bajo caución es el recurso de apelación en el efecto devolutivo. De ahí que la resolución de catorce de abril de dos mil quince, contrario a lo expuesto por el recurrente, se encuentra debidamente fundada y motivada, puesto que fue correcto que el juez responsable desechara el recurso de revocación interpuesto por el quejoso Francisco Javier Pérez Merino, contra el auto de seis de abril de dos mil quince, en el que se le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución, ya que este proveído fue dictado con fundamento en el artículo 367 fracciones IV y V, del Código Federal de Procedimientos Penales, que señala que son apelables en el efecto devolutivo, los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución. Por tanto, carece de razón el inconforme, al manifestar que se le privó de la libertad sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no se valoraron las pruebas que ofreció con las que acredita que no cometió delito alguno, así como que se violó en su perjuicio el artículo 5 constitucional, ya que se dedica a una actividad lícita, en virtud de que se trata de un auto consumo de diesel de la ruta sesenta y ocho Xonacatepec- Centro, que cuenta con las licencias de funcionamiento y cumple con todas y cada una de las medidas de seguridad requeridas por las autoridades competentes, pues ello no fue motivo de análisis por la autoridad responsable para desechar el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que se admitieron pruebas y se le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución, pues tal beneficio es procedente en los procesos penales en casos de delito no graves, independientemente de que se encuentren o no acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, pues ello, será materia de análisis al dictar el auto de formal prisión o de libertad según proceda, momento en el que se valoraran las pruebas ofrecidas por el inculpado dentro de la ampliación del término constitucional, de ahí que tales aspectos son independientes y no fueron materia de análisis para el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por el quejoso. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, respecto del acto que reclamó del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, consistente en el auto de catorce de abril de dos mil quince, dictado en la causa penal 241/2014 de su índice. SÉPTIMO. PUBLICIDAD. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". OCTAVO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Javier Pérez Merino, respecto del acto que reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en términos del considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando séptimo, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado, ante Marcela Moreno Prado, Secretaria con quien actúa y da fe.

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