Leonel Gutiérrez Cruz y otros y Otros.
Expediente 271/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonel Gutiérrez Cruz y otros y Otros.
- Oficial Mayor de la Secretaria de Educación Pública, residente en México Distrito Federal
- Leonel Gutiérrez Cruz y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de abril de dos mil dieciséis. Por recibidos los autos que devuelve la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y la copia certificada de la ejecutoria pronunciada al resolver el recurso de queja interpuesto por el representante común de los quejosos Leonel Gutiérrez Cruz, contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, por el que se desechó su demanda de amparo; acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado en mención, en ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en la queja 125/2016, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el representante común de los quejosos Leonel Gutiérrez Cruz Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso 15238/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se remitió el juicio de amparo 271/2016 para resolver el recurso de queja interpuesto por Leonel Gutiérrez Cruz, representante común de los diversos quejoso, en el presente juicio de amparo, el cual comunica fue admitido y quedó radicado bajo el número 125/2016. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese una copia del escrito del representante común de los quejosos Leonel Gutiérrez Cruz, por el que interpone recurso de queja contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra el auto de diecisiete de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; proveído que fue notificado a la parte quejosa, el veinticuatro siguiente (foja 155). No pasa inadvertido que la parte recurrente no señaló constancias para el testimonio de revisión, como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo; sin embargo, en la especie tal aspecto deviene innecesario dado que el recurso interpuesto es contra el auto que desechó la demanda, supuesto en el cual deben remitirse al Tribunal de Alzada los autos originales. Así, dada la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de cuenta, la copia para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada y los autos del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso, una vez que obre la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Apareciendo de autos que en diligencias de diez, once, doce y quince de febrero del año en curso, los quejosos Leonel Gutiérrez Cruz, Rufina Garnica Díaz, Reyna López López, Sergio Fernando Escobar Enríquez, Yadira García López, Araceli García Vásquez, Verónica Estela Gutiérrez Herrera, Lucía Vásquez López, María Remedios Rodríguez Gómez, Aleydi Yescas Quero, Blanca Estela Ruiz Luis, Concepción Reyes Hilario, Fidel García López, Noé Gutiérrez Díaz, Leonardo Silva Olmedo, Evodio Rogelio Ojeda Torres, Esperanza Dorotea Pinacho García, Julio César Velásquez García, Edwin Lázaro Chávez, Marcela Ramírez Díaz, Edith Cruz Bautista, Manuel García Flores, Mayem Pilar Arellanes Cano, Alejo Castro Bolaños, Elizabeth Villalobos Meléndez, Rosa Pelaes Ruiz, Manuel Bravo Vicente, Jerónimo Martínez Ambrosio, Rubén Juárez Osorio, Verónica Pacheco Ruiz, Linda María López Ramírez, Ariadna Judith Díaz Barrita, Juan Patricio Andrade Carrera, Omar Coronel Cantón, María Celia Hernández Hernández, Alberto Martínez Aguilar, Deisy Ortiz López, Catalina Hernández Esteban, Cástulo Miguel Gómez y Carlos Arturo Canseco Dávila, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho del actual, ratificaron el escrito de demanda, en consecuencia se provee: Antes de admitir a trámite el juicio de amparo, es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se procede a analizar el libelo constitucional del que se conoce que los quejosos señalaron textualmente como actos reclamados los siguientes: La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento de conciliación de la nómina educativa o magisterial o procedimiento administrativo, por el cual se determina expulsarme de la nómina educativa sin motivo justificado. La baja sin motivo justificado de los quejosos de la nómina educativa registrada en la página del fondo de aportaciones para la nómina educativa y por consecuencia la ausencia del depósito quincenal por parte de las responsables a los hoy quejosos. La falta de requerimiento para ser informados que se determinara la cancelación de los quejosos de la nómina educativa y del fondo de aportaciones para la nómina educativa. La exclusión sin motivo justificado de la conciliación de la nómina magisterial o educativa, que señala la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 26 y 26-A, así como el cuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha: DOF: 25/02/2014, de Título: ACUERDO por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes. La falta de notificación de la terminación por la cual se resuelve suprimir a los quejosos de la nómina magisterial y fondo de aportaciones para la nómina educativa. La falta de notificación de la determinación administrativa por la cual se nos priva del derecho a figurar en la nómina educativa y la página del fondo de aportaciones para la nómina educativa. Ahora, como antecedentes de los actos reclamados, en lo que interesa, los quejosos precisan: a) que son trabajadores en el sector educativo; b) desde que se implementó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa siempre figuraron registrados en la página electrónica del FONE, razón por la cual recibían su salario vía nómina bancaria o cheque, respectivamente; c) que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis se presentaron en un cajero automático bancario y se percataron que su salario quincenal no había sido depositado, por lo que ocurrieron a la Oficina de Pagos de Nómina de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde les manifestaron que con motivo de un proceso de conciliación de nómina educativa se había determinado no conciliarlos en la nómina y que como consecuencia no efectuarían depósito en sus cuentas de nómina; d) que por su parte, el Director Jurídico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, les contestó que tenían "plazas irregulares y que la auditoría es permanente, porque no se puede cobrar en varios lados". Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda y tomando en consideración la causa de pedir contenida en ella, este juzgador estima que con independencia de las distintas denominaciones con las que nombraron los quejosos su reclamo, lo que en realidad impugnan es: su desincorporación de la Nómina Magisterial, que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca -en su carácter de patrón equiparado-, paga con recursos (participaciones federales) que le son suministrados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo cual ha generado la falta de pago de su salario respecto de la segunda quincena del mes de enero del año en curso. Y aducen que ello aconteció sin otorgarles garantía de audiencia, por lo que alagan ser terceros extraños por equiparación al procedimiento que dio origen a su baja en la Nómina Magisterial y del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Lo cual se corrobora, ya que en la demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitan tal medida cautelar con efectos restitutorios a fin de que sean reincorporados a la Nómina Magisterial y se les page su salario. Al respecto, se estima actualizada de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado (aunque denominado de viarias formas por los quejosos) no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de tal naturaleza. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es pertinente establecer, que en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que es administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisado por la Secretaría de Educación Pública, y mediante el cual se hace partícipe a los Estados en la recaudación federal, transfiriendo la Federación a las haciendas públicas Estatales, recursos económicos complementarios a fin de apoyarlos con para ejercer las atribuciones en materia de educación básica y normal, específicamente para cubrir el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas de trabajadores de la educación transferidas a los Estados y cubrir gastos de operación relacionados con la educación. Por tanto, la desincorporación de los quejosos de la Nómina Magisterial, que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en su carácter de patrón equiparado, paga con recursos (participaciones federales) que le son suministrados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo cual ha generado la falta de pago de su salario respecto de la segunda quincena del mes de enero del año en curso; tiene naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre los peticionarios del amparo como empleados y el Estado de Oaxaca, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que de constancias de autos, a las que se les confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Los quejosos se desempeñan como trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis no les fue depositado su salario correspondiente, pues aducen que fueron desincorporados (dados de baja, expulsados, excluidos, cancelado su registro) de la Nómina Magisterial y del Fondo Federal con cuyos recursos se paga el sueldo de los trabajadores de la educación, por lo que no se les depositó su salario quincenal el veintinueve de enero del año en curso. Que acudieron a diversas dependencias del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (patrón equiparado) y que no les informaron la causa de que no recibieran su salario quincenal como habitualmente lo hacían. Y que aducen o infieren, que sin notificarles el inicio del procedimiento, se les excluyó de la conciliación de la Nómina Magisterial que señalan los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y el Acuerdo del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, de veintiuno de febrero de dos mil catorce, por el que se dan a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes; por lo que se autodenominan terceros extraños a tal proceso y alegan violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. Es así, que sustancialmente los quejosos alegan que su patrón público (Estado representado por los funcionarios correspondientes) los excluyó de la Nómina Magisterial que se paga con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al efectuar una conciliación de la nómina y sin notifícales la causa de tal proceder, lo que generó que no se les pagara su salario correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de dos mil dieciséis. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que los promoventes sostiene con las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en su carácter de patrón equiparado; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Por lo anterior, no basta que los quejosos aleguen una violación constitucional o a un derecho humano (protección al salario) para hacer procedente el juicio de ampro, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que violen sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Lo anterior, no obstante los quejosos señalen como autoridades responsables, además de diversos funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para el cual trabajan directamente, al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que es un hecho notorio (artículos 25, 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal) que tales autoridades administran y supervisan el sistema de nómina magisterial, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales de los trabajadores de la Educación con recursos provenientes del Erario Público (que deben estar sujetos a fiscalización), específicamente de la participación federal depositada a los Estados mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por lo que se conciben también como parte integrante de la administración pagadora a cargo del patrón Estado. Y en todo caso, el patrón Estado, si la relación de trabajo continua vigente y devengaron la segunda quincena del mes de enero del año en curso, se encuentra obligado a pagar el salario correspondiente como contraprestación a la prestación de un servicio personal subordinado, con independencia del sistema de nómina implementado, y para hacer valer tal derecho, los trabajadores deben acudir ante la autoridad jurisdiccional en materia laboral competente a reclamar su sueldo o la dilación en su pago, pero en ningún caso directamente al juicio de amparo. Y respecto de la Institución Financiera Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Santander México, ya que sólo además de ser un ente particular, ya que sólo auxilia al patrón Estado en la distribución de la nómina bancaria. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
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