Leonel Guerrero Felix
Expediente 469/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 54 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leonel Guerrero Felix
- Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, como justificación de su informe justificado; por tanto, remítanse las copias certificadas de los tocas números 72/2018 y 85/2018 que forman el tomo de documentales y remítanse a la autoridad de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictada en el Toca número 72/2018-C. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el tema analizado y que fuera motivo de esta concesión de amparo. c) Declare insubsistente la diversa resolución también reclamada de doce de julio de dos mil diecinueve, dictada en el diverso toca de apelación número 85/2018-C, que revoca el auto aprobatorio de remate dictado en los autos del juicio natural 170/1996, dado que el fundamento principal en que se sustentó dicho fallo fue la propia determinación o resolución que se declaró violatoria de derechos fundamentales en esta sentencia de amparo dictada en el diverso toca 72/2018-C., y precisada en el inciso a), antes asentado. d) En su momento dicte una nueva determinación con plenitud de jurisdicción debidamente fundada y motivada.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante oficios 172-SC-2022 y -174-SC-2022, anexó copia certificada de las resoluciones de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictadas en los tocas números 85/2018-C y 72/2018-C, donde en la primera, por los motivos y fundamentos expuestos, atendiendo a la sentencia ejecutoria de amparo, revoca el auto aprobatorio de remate veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente número 170/1996; asimismo, en la segunda, igualmente por los motivos y fundamentos expuestos, revocó el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, asimismo, expuso de manera clara del porqué en el caso a estudio resultaba aplicable el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de redacción anterior a las reformas del cuatro de agosto de dos mil ocho, y que entraron en vigor a partir del tres de octubre del mismo año; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha cumplido con el núcleo esencial de la sentencia de amparo protectora, por tanto, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Respecto del escrito del quejoso que fuera agregado en acuerdo de nueve de mayo del presente año, donde hace valer manifestaciones respecto del cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable que nos ocupa, dígasele que se esté a lo acordado precedentemente, pues basta imponerse con las resoluciones de cumplimiento para darse cuenta de manera muy clara y contundente que la autoridad responsable, en el toca número 72/2018-C, en su resolución expuso los argumentos y fundamentos para sostener que resultaba aplicable el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de redacción anterior a las reformas del cuatro de agosto de dos mil ocho, y que entraron en vigor a partir del tres de octubre del mismo año, por lo que procedió a revocar el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, que había negado la suspensión en el procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.82/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 137, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de octubre de 2004, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo."
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LEONEL GUERRERO FÉLIX, EL ACUERDO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Visto el estado que guardan los presentes autos, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictada en el Toca número 72/2018-C. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el tema analizado y que fuera motivo de esta concesión de amparo. c) Declare insubsistente la diversa resolución también reclamada de doce de julio de dos mil diecinueve, dictada en el diverso toca de apelación número 85/2018-C, que revoca el auto aprobatorio de remate dictado en los autos del juicio natural 170/1996, dado que el fundamento principal en que se sustentó dicho fallo fue la propia determinación o resolución que se declaró violatoria de derechos fundamentales en esta sentencia de amparo dictada en el diverso toca 72/2018-C., y precisada en el inciso a), antes asentado. d) En su momento dicte una nueva determinación con plenitud de jurisdicción debidamente fundada y motivada.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante oficios 172-SC2022 y -174-SC-2022, anexó copia certificada de las resoluciones de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictadas en los tocas números 85/2018-C y 72/2018-C, donde en la primera, por los motivos y fundamentos expuestos, atendiendo a la sentencia ejecutoria de amparo, revoca el auto aprobatorio de remate veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente número 170/1996; asimismo, en la segunda, igualmente por los motivos y fundamentos expuestos, revocó el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, asimismo, expuso de manera clara del porqué en el caso a estudio resultaba aplicable el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de redacción anterior a las reformas del cuatro de agosto de dos mil ocho, y que entraron en vigor a partir del tres de octubre del mismo año; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha cumplido con el núcleo esencial de la sentencia de amparo protectora, por tanto, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Respecto del escrito del quejoso que fuera agregado en acuerdo de nueve de mayo del presente año, donde hace valer manifestaciones respecto del cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable que nos ocupa, dígasele que se esté a lo acordado precedentemente, pues basta imponerse con las resoluciones de cumplimiento para darse cuenta de manera muy clara y contundente que la autoridad responsable, en el toca número 72/2018-C, en su resolución expuso los argumentos y fundamentos para sostener que resultaba aplicable el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de redacción anterior a las reformas del cuatro de agosto de dos mil ocho, y que entraron en vigor a partir del tres de octubre del mismo año, por lo que procedió a revocar el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, que había negado la suspensión en el procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.82/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 137, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de?????????????? octubre de 2004, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo."
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSÉ HUGO VILLAVERDE GARCÍA DE LEÓN, EL ACUERTDO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictada en el Toca número 72/2018-C. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el tema analizado y que fuera motivo de esta concesión de amparo. c) Declare insubsistente la diversa resolución también reclamada de doce de julio de dos mil diecinueve, dictada en el diverso toca de apelación número 85/2018-C, que revoca el auto aprobatorio de remate dictado en los?????????????? autos del juicio natural 170/1996, dado que el fundamento principal en que se sustentó dicho fallo fue la propia determinación o resolución que se declaró violatoria de derechos fundamentales en esta sentencia de amparo dictada en el diverso toca 72/2018-C., y precisada en el inciso a), antes asentado. d) En su momento dicte una nueva determinación con plenitud de jurisdicción debidamente fundada y motivada.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante oficios 172-SC2022 y -174-SC-2022, anexó copia certificada de las resoluciones de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictadas en los tocas números 85/2018-C y 72/2018-C, donde en la primera, por los motivos y fundamentos expuestos, atendiendo a la sentencia ejecutoria de amparo, revoca el auto aprobatorio de remate veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente número 170/1996; asimismo, en la segunda, igualmente por los motivos y fundamentos expuestos, revocó el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, asimismo, expuso de manera clara del porqué en el caso a estudio resultaba aplicable el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de redacción anterior a las reformas del cuatro de agosto de dos mil ocho, y que entraron en vigor a partir del tres de octubre del mismo año; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha cumplido con el núcleo esencial de la sentencia de amparo protectora, por tanto, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Respecto del escrito del quejoso que fuera agregado en acuerdo de nueve de mayo del presente año, donde hace valer manifestaciones respecto del cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable que nos ocupa, dígasele que se esté a lo acordado precedentemente, pues basta imponerse con las resoluciones de cumplimiento para darse cuenta de manera muy clara y contundente que la autoridad responsable, en el toca número 72/2018-C, en su resolución expuso los argumentos y fundamentos para sostener que resultaba aplicable el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de redacción anterior a las reformas del cuatro de agosto de dos mil ocho, y que entraron en vigor a partir del tres de octubre del mismo año, por lo que procedió a revocar el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, que había negado la suspensión en el procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.82/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 137, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de?????????????? octubre de 2004, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo."
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