Leonel García Santana

Expediente 432/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
432/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Leonel García Santana

Actuaciones

  1. Principal

    ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de junio del año en curso, en el que se tuvo POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO. Por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto,... Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; ...NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que la Actuaria de la adscripción asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa LEONEL GARCÍA SANTANA el auto de veinticinco de junio del año en curso, por el motivo expuesto en la misma. Por lo tanto, conforme al artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa el proveído en comento; así como, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter de personal. NOTIFÍQUESE. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta secretarial que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo y anexos que presenta LEONEL GARCÍA SANTANA; fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 432/2018. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, Municipio de Mexicali, Baja California, Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, todas con residencia en esta ciudad, consistente en lo siguiente: ". IV.- ACTO RECLAMADO.- Bajo protesta de decir verdad, reclamo de las autoridades responsables lo siguiente: 1.- De las autoridades señaladas con los incisos a), b), c) y d), reclamo la omisión reiterada de dar cumplimiento al laudo dictado el 25 de Septiembre de 2015 por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en el expediente 774/2008-II acumulado al 476/2009-III, formado con motivo de la demanda presentada por el suscrito en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, así como la omisión de presupuestar en tiempo y forma la obligación legal derivada de dicho laudo, lo anterior conforme a las obligaciones que les impone la Ley del Servicio Civil en el artículo 51, fracciones III y IV, en correlación con la segunda parte del artículo 85, de la Constitución Política Local y 52 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 2.- De la autoridad señalada con el inciso e) reclamo la omisión reiterada para dar cumplimiento al laudo dictado el 01 de abril de 2016 por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en el expediente 774/2008-II, acumulado al 476/2009-III, formado con motivo de la demanda presentada por el suscrito en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, así como la omisión de presupuestar en tiempo y forma la obligación legal derivada de dicho laudo, lo anterior conforme a las obligaciones que le impone la Ley del Servicio Civil en el artículo 51 fracciones III y IV en correlación con el artículo 34 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y 52 del Reglamento de la Administración Pública Municipal." De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". Estos preceptos transcritos disponen que no es posible realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, se estima, que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que en el caso, la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, parte patronal en el juicio laboral 774/2008-II acumulado al 476/2009-III, señalada como responsable en el presente juicio de amparo y las diversas Municipio de Mexicali, Baja California, Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, todas de esta localidad, que se encuentran vinculadas para la ejecución del laudo dictado dentro del citado expediente laboral, no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo. Lo anterior, ya que la omisión reclamada a las citadas autoridades, de acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio burocrático, en materia del estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo de mérito, se constreñirá a determinar si existe o no contumacia o negativa a cumplir ese laudo firme y si éste contraviene o no los derechos fundamentales de pronta y expedita impartición de justicia consagradas en el artículo 17 Constitucional, sin que esto tenga el alcance de analizar cuestiones propias del procedimiento de ejecución en sí mismo, que es lo que reclama el quejoso en su demanda de amparo; de ahí que en la especie se afirme que no existe vinculación entre los actos propios de la ejecución del laudo. Ello, porque en el procedimiento de ejecución de los laudos establecido en el Título Octavo, Capítulo II de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, que es el ordenamiento legal aplicable, el Ayuntamiento de Mexicali, demandado en el juicio natural, así como las diversas autoridades que se encuentran vinculadas para la ejecución del laudo dictado dentro del citado expediente laboral, mantiene una relación de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues en ese caso el Municipio, se encuentra en su calidad de patrón con el quejoso -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de este Ayuntamiento de Mexicali puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del promovente -en su carácter de trabajador-, lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento de Mexicali, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo y ésta, así como las diversas autoridades deben cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En efecto, en el referido Título Octavo, Capítulos I y II, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, que trata sobre los medios de apremio y la ejecución de los laudos, los artículos 142, 143, 144 y 145 establecen: "TITULO OCTAVO DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCION DE LOS LAUDOS CAPITULO I ARTÍCULO 142.- El tribunal para hacer cumplir sus determinaciones podrá imponer multas hasta por el importe del equivalente a doce días de salarios mínimos. ARTÍCULO 143.- Las multas se harán efectivas por las oficinas recaudadoras del Estado para lo cual se girará el oficio correspondiente. Las oficinas de referencia informarán al tribunal de haber hecho efectiva la multa, especificando los datos que acrediten su cobro. CAPITULO II ARTÍCULO 144.- La ejecución de los laudos dictados por el tribunal de arbitraje, corresponde a su presidente a cuyo fin dictará y tomará todas las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. ARTÍCULO 145.- Cuando se solicite la ejecución de un laudo, el presidente del tribunal despachará el laudo de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para el cumplimiento, apercibiéndola que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior." De igual manera, el Título Noveno de la propia legislación, señala las correcciones disciplinarias y las sanciones con que cuenta el Tribunal de Arbitraje del Estado, cuando existan violaciones a las normas de trabajo; los artículos relativos son el 146, 147 y 148, los cuales textualmente disponen: "TITULO NOVENO DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y DE LAS SANCIONES CAPITULO UNICO ARTÍCULO 146.- Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por las autoridades públicas, o por los trabajadores se sancionaran de conformidad con las disposiciones de este título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones . ARTÍCULO 147.- El tribunal de arbitraje o el presidente impondrán correcciones disciplinarias. I.- A las partes y a los particulares que falten al respeto y al orden debidos, durante las actuaciones del tribunal. II.- A los empleados del propio tribunal, por faltas que cometan en el desempeño de sus funciones. ARTÍCULO 148.- Las correcciones a que aluden el artículo anterior serán: I.- Amonestación. II.- Multa hasta por el equivalente a seis días de salario mínimo. III.- Suspensión de empleo con privación de sueldo hasta por quince días. ARTÍCULO 149.- Las correcciones disciplinarias se impondrán oyendo al interesado y tomando en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la falta cometida. ARTÍCULO 150.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción, se castigarán con multa hasta el equivalente a seis días de salario mínimo.". En virtud de esos preceptos se establece la función trascendental, herramientas vinculatorias y una gama de instrumentos legales que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Gobierno del Estado de Baja California, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito:  El tribunal está constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita.  En caso de incumplimiento del laudo, el tribunal dictará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que asociado del actor, requiera de pago, así como ordenará los medios de apremio que procedan para su ejecución.  La diligencia de requerimiento de pago se practicará en el domicilio de la demandada, una vez que se haya citado al titular o representante legal, si éstos no aguardan en la fecha y hora señaladas, las diligencias se practicarán con el servidor público que se encuentre presente.  Para el cumplimiento del laudo se podrán decretar, en el siguiente orden, los medios de apremio consistentes en: 1. Amonestación. 2. Multa hasta por el equivalente a doce días de salarios mínimos. 3. Suspensión de empleo con privación de sueldo hasta por quince días.  Las diligencias de requerimiento de pago, con la prevención o aplicación de los medios de apremio señalados, se harán por conducto del actuario en el domicilio del demandado.  Las multas se harán efectivas por las oficinas recaudadoras del Estado y para lo cual se girará el oficio correspondiente. De lo expuesto se advierte que la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Arbitraje del Estado, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor del quejoso, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el Tribunal referido está en aptitud de requerir el pago del adeudo al Ayuntamiento de Mexicali, en su calidad de patrón obligado, en términos de lo previsto en el artículo 145 de la Ley del Servicio Civil aplicable, así como realizar todas las gestiones que se encuentren a su alcance para que las diversas autoridades que se encuentren vinculadas cumplan lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio, correcciones disciplinarias y sanciones establecidos en la propia ley. Luego, como ha quedado precisado, de acuerdo con los artículos 144 y 145 citados, el Tribunal de Arbitraje del Estado está legalmente facultado para aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo dictado. Por lo tanto, respecto de dicho acto resulta improcedente el juicio de amparo, por cuanto que, como se dijo, los actos reclamados provienen de un juicio laboral, en donde no se demandó a una institución o dependencia federal o estatal a la cual sea aplicable la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal o de las Entidades Federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo; sino que se demandó al Ayuntamiento de Mexicali y, como se anticipó, en la ley laboral aplicable sí se prevé que en contra de los demandados sea procedente decretar medidas para el cumplimiento del laudo que fue favorable al actor, aquí quejoso. Luego, como ha quedado precisado, la Ley del Servicio Civil aplicable, prevé el procedimiento de ejecución a seguir en contra del laudo dictado a favor del quejoso, en el cual sí se faculta al tribunal burocrático, para que dicte auto de ejecución y de ser necesario aplique las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo respectivo. En los términos señalados, de la demanda de amparo se aprecia que hasta el momento, en el procedimiento de ejecución ordinario, el Tribunal de Arbitraje del Estado, a petición de parte ha dictado varios autos de requerimiento de pago en cumplimiento al laudo, en términos de lo establecido en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en el que de ser necesario está facultado a aplicar las medidas necesarias en contra de la demandada en el juicio natural, para hacer cumplir forzosamente el laudo, desde luego que hasta en tanto no se substancie y culmine ese procedimiento de ejecución conforme a las formalidades legales establecidas y agotadas todas las herramientas vinculatorias que tiene a su alcance el citado tribunal, en dicho procedimiento -se insiste- la demandada mantienen una relación de igualdad procesal con el actor, no de supra a subordinación, al igual que las diversas autoridades responsables; razón por la cual en el caso, la demandada no actúa con el carácter de autoridad, sino sólo como un ente particular que, como cualquier otro, debe cumplir obligatoriamente el laudo dictado en su contra, que lo vincula a su cumplimiento forzoso. Para robustecer que en ese procedimiento de ejecución ordinario, el Ayuntamiento de Mexicali demandado y las diversas autoridades responsables, no actúan con el carácter de autoridad, sino que actúa frente a la quejosa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución. Norma lo determinado la Jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." [Lo subrayado no es de origen, es propio] No es óbice a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.) , emitida por el Pleno de este Decimoquinto Circuito, derivada de la contradicción de tesis 23/2016, sustentada por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, con rubro y texto siguiente: "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en favor de Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, en sus respectivos ámbitos de competencia, en el sentido de que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables, y como consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas las resoluciones por ejecución forzada, no significa que puedan incumplir un laudo o una sentencia contra de su patrimonio en un juicio en el que figuraron como demandados, sino que parte de la base de que la acatarán voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, pues el propio numeral señala que para cumplir los fallos condenatorios, éstos deberán incorporarse en el presupuesto de egresos correspondiente. Por tanto, la omisión de ese cumplimiento voluntario constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que se surten las condiciones establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar al ente municipal como autoridad, en virtud de que: a) Se colocó en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano de la administración pública municipal, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Esa prerrogativa deriva de la ley, pues responde al cumplimiento voluntario del órgano municipal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular, porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó el laudo o sentencia en su favor; y, d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión, ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que manda el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Toda vez que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, este Juzgador debe atender a la Jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes transcrita, dada su obligatoriedad. En consecuencia, es evidente que el presente juicio de amparo, en cuanto al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en lo atinente a esa autoridad responsables, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Boulevard Venustiano Carranza, 3508, Colonia Calles, entre Boulevard Lázaro Cárdenas y Calzada Independencia de esta ciudad; y, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado SANTIAGO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. De conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el -nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015 NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

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