Leonel Eliezer Buenfil Godoy
Expediente 1049/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Leonel Eliezer Buenfil Godoy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio FGE/DJ/AMP/FISC/2001/2021, de veinticuatro de los corrientes, signado por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjunta, con el que, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, informa que se aperturó la carpeta de investigación número V1-G4/000114/2021, en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común de esa Fiscalía General del Estado, misma que se encuentra en integración; de lo anterior, se adquiere conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que por acuerdo de once de junio del año en curso, se reservó ordenar lo conducente al archivo del presente expediente, hasta en tanto el Ministerio Público de contestación a la vista respecto de la tortura que sufrió el directo quejoso, hecho que ya aconteció; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se tuvo por no presentada la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Agréguese a los presentes autos al oficio 28/2021, de dieciséis de los corrientes, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con el cual realiza manifestaciones respecto de la vista que se le diera en acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, e informa ha remitido al Fiscal General del Estado de Yucatán, copia certificada del presente expediente a fin de que realice la investigación correspondiente a los actos de tortura que manifestó LEONEL ELIEZER BUENFIL GODOY, sufrió al momento de la detención que dio origen al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, requiérase al Fiscal General del Estado con residencia en esta ciudad, para que informe a esta potestad judicial el estado procesal de la investigación realizada en relación a la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso antes citado. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada podrá rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe sobre la suspensión de plano rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; sin hacer pronunciamiento alguno respecto de su contendido, en virtud de que por acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se dejó sin efectos la audiencia constitucional respectiva.
- Principal
Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de ellos se advierte la constancia levantada el diez de junio del año en curso, por el Actuario de la adscripción en la cual informa que el directo quejoso LEONEL ELIEZER BUENFIL GODOY, no ratificó la demanda de amparo interpuesta por RODRIGO JAFET ZAPATA SULUB; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. Asimismo, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para el DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al existir solicitud expresa de la quejosa en el sentido de no ratificar la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. De igual forma, el Actuario de la adscripción hizo constar que el directo quejoso, sí presentó lesiones visibles en la rodilla derecha y en el codo derecho, así como diversos moretones, aunado que el propio LEONEL ELIEZER BUENFIL GODOY, manifestó que fue golpeado en las costillas, en la cabeza, en el codo y en la pierna derecha. En ese sentido, debe precisarse que la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante, son prácticas que se encuentran prohibidas de forma absoluta en el sistema normativo y constitucional; en ese sentido, el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe el tormento de cualquier especie, pues establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Asimismo, por reforma constitucional de dos mil once, se incluyó en el precepto 29 de la Ley Suprema del país, como uno de los principios constitucionales inderogables la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, pues en el párrafo segundo de dicho numeral, se dispuso: Artículo 29. [.] En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos... Así también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, establece explícitamente una protección internacional al derecho a la integridad personal y en el artículo 5.2 prescribe específicamente y de forma absoluta, la prohibición de la tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues al efecto señala: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano... Luego, si bien en dichos instrumentos internacionales no se define expresamente en qué consiste la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que a la fecha, esos conceptos han sido aclarados a través de las respectivas convenciones internacionales especializadas en la materia, a saber: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y siete y el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis. De las cuales derivó, en el ámbito legislativo nacional, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; en la que se establecieron diversas obligaciones a cargo de los órganos dependientes del Ejecutivo Federal en la procuración de justicia y el tipo penal de tortura, así como las penas aplicables. En cuanto a la definición del delito de "tortura", el artículo 3 establece: "Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad." De lo anterior, se obtiene que el núcleo, objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o bien degradantes, es en realidad la tutela de un derecho fundamental más general, a saber: la integridad personal (física y moral) y por ello, este derecho como género y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como especies de aquél, han recibido atención por la jurisprudencia constitucional e internacional, así como por la doctrina. En ese contexto, también es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado, que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta, además, que los elementos constitutivos de tortura ha considerado que son: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales; y, c) que se cometan con un propósito determinado. En atención a lo anterior, de conformidad con los artículos 1 y 22 de la Constitución, en relación con los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Y concretamente, entre otras obligaciones específicas que surgen a cargo del Estado frente al derecho humano a la integridad personal, está el deber de iniciar una investigación imparcial de forma inmediata, cuando una persona denuncie (entendida como cualquier manifestación) haber sido sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de oficio, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de esa naturaleza en el ámbito de su jurisdicción. Es por todo lo anteriormente expuesto, así como atento a lo asentado por el Actuario Judicial de la adscripción en su razón, y lo relevante que resulta para esta Juzgadora la acusación que el quejoso manifestó al momento de ser notificado, sin prejuzgar de forma alguna sobre la existencia de los hechos alegados por el fedatario de este Juzgado, se determina dar vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, con las constancias relativas, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda. Requiérase a la representante social que una vez hecho lo anterior, informe a este órgano a este órgano jurisdiccional las acciones tomadas para tal efecto. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, dadas la medida que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx; el cual fue proporcionado mediante oficio DEY/4458/20, por el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, quién designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el antes mencionado, lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y a la propia Agente del Ministerio Público, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, se reserva ordenar lo conducente al archivo del presente expediente, hasta en tanto el Ministerio Público de contestación a la vista que le fue realizada en líneas precedentes.
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