Leonel Eduardo Martínez Hernández

Expediente 138/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
138/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Leonel Eduardo Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que quedo firme el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia del presente juicio, y se ordenó el archivo en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado de los presentes cuadernos de antecedentes del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, conforme a los artículos 21, inciso c), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva en el presente asunto. Carátula. Se ordena que la carátula del expediente original contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro electrónico relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Finalmente, del propio estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que no existe promoción alguna pendiente de acordar, ni diligencia que desahogar; por tanto, así como fue ordenado en el juicio de amparo principal del que derivan los cuadernos de antecedes del incidente de suspensión en que se actúa, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/lega

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan, los oficios con anexos, rendidos por las autoridades responsables Administrador Judicial Zona Mexicali, del Poder Judicial del Estado de Baja Calorina y, Jueza de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, ambas con sede en esta ciudad, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento de veintiocho de marzo del año en curso. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte gestora del amparo Leonel Eduardo Martínez Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora: 1. JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI. Como ejecutora: 2. ADMINISTRADR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE BAJA CALIFORNIA CON SEDE EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. IV. ACTO RECLAMADO: Se reclaman y señalan como tales los siguientes: 1.- C. JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, la omisión de ordenar celebrar de la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causas penales 3325/2022, 3326/2022 y 3392/2022, por el delito de violencia familiar las dos primeras y la tercera por el delito de amenazas respectivamente. 2.- C. ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, la omisión de agendar la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causas penales 3325/2022, 3326/2022 y 3392/2022, por el delito de violencia familiar las dos primeras y la tercera por el delito de amenazas respectivamente." De lo anterior, se puede concluir que la parte quejosa se duele de la omisión de ordenar y agendar la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causa penal 3392/2022; sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el día treinta y uno de marzo del año en curso, el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, señaló las catorce horas del veinticinco de mayo del presente año, para el verificativo de la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Leonel Eduardo Martínez Hernández, por su probable intervención en la comisión del hecho que señala la Ley como delito de amenazas, dentro de la causa penal 3392/2022. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables Administrador Judicial Zona Mexicali, del Poder Judicial del Estado de Baja Calorina y Jueza de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, ambas con sede en esta ciudad, de emitir el auto en el que se provee respecto de la omisión de fijar fecha para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la causa penal 3392/2022, y esto ya aconteció, es, evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en su informe con justificación las autoridades responsables, informaron que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra las Personas y su Libertad, mediante escrito presentado en tres de marzo del año en curso, solicitó audiencia para formular imputación al quejoso ********************, pero que desconocía un domicilio donde pudiera ser localizado, precisando que el mismo sea citado en el domicilio que señale el quejoso por conducto de sus defensores particulares, pero que a la fecha el imputado (hoy quejoso) no había proporcionado un domicilio donde pueda ser citado a la audiencia inicial para formular imputación. Sin embargo, mediante escrito presentado por los defensores particulares del quejoso, ante este órgano jurisdiccional y acordado en proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se advierte que en catorce de marzo de dos mil veintitrés, presentaron escrito ante el Administrador del Centro de Justicia Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual señalaron domicilio para que el quejoso ********************, pueda ser citado a audiencia inicial dentro de la causa penal ********************. Requerimiento. Atento a lo anterior, y en virtud que no obran en autos la totalidad de constancias de las que derivó el acto reclamado; por ende, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado, copia certificada de las constancias concernientes al desahogo de la audiencia inicial para formular imputación a ********************, dentro de la causa penal ********************, toda vez que la misma ya se encuentra solicitada por la representación social y el imputado (hoy quejoso) ya señaló domicilio donde puede ser citado a dicha audiencia; constancias que se requieren toda vez que se estiman necesarias para la debida resolución del presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, de siguiente contenido: "Registro digital: 163292 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.31 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 1819 Tipo: Aislada PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABARLAS DE OFICIO CUANDO EN EL JUICIO HAYA DATOS DE LOS QUE SE DESPRENDA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE PRESUMIÓ CIERTO, ANTE LA FALTA DE INFORMES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, por regla general, si la autoridad responsable a quien se le atribuye la emisión del acto reclamado no rindió su informe justificado y dicho acto no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, éste se presumirá cierto, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, sin que la autoridad de amparo se encuentre obligada a recabar las constancias en que se apoyó su emisión. Ahora bien, cuando esa presunción se corrobore porque alguna de las partes o cualquier otra autoridad proporcione datos al sumario, de los que se desprenda su existencia, el Juez debe recabar oficiosamente no sólo la constancia en la que se contenga éste, sino también las pruebas en que se funda y estime necesarias para la resolución del asunto, al ubicarse, por esas circunstancias, en la hipótesis contenida en el artículo 78 de la referida ley, pues en esas condiciones ya no hay sólo una presunción del acto reclamado, sino la demostración fehaciente de su existencia; de suerte que el Juez de Distrito no puede negar el amparo bajo el argumento de que el quejoso no probó la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues estaría inobservando la obligación procesal oficiosa que le impone el último numeral invocado; y en ese supuesto, el tribunal revisor puede ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, para que subsane tal omisión." Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las doce horas del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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