Leonel Diaz Grajales

Expediente 1953/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1953/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Leonel Diaz Grajales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo que antecede, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, con base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado, rendido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por lo que se refiere, al segundo de los oficios de cuenta, téngase a la citada autoridad anexando diversas documentales y comunicando que el demandado en el juicio de origen -aquí quejoso-, exhibió un convenio realizado con la ahora tercera interesada, el cual fue ratificado y elevado a sentencia ejecutoriada en los autos del juicio 544/2017-2 de su estadística, lo anterior, sin perjuicio de su relación que se haga en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por enunciadas las pruebas documentales que acompaña a sus oficios de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el juicio en que se actúa. Asimismo, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, para el mejor manejo administrativo de este expediente, se ordena mantener por separado las citadas constancias debiendo respetar el número de folio y entre sello, mismas que se denominara como anexo I y II en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente juicio.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con tres minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, con quien actúa y da fe, procede a celebrar sin asistencia de las partes, la audiencia señalada para el día de hoy en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1953/2017. Enseguida, la Secretaria hace relación de manera oral de las constancias que obran en autos. Asimismo, da cuenta con un escrito signado por el quejoso registrado con número de folio 34790. Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo, en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente incidente. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Enseguida, en el período probatorio en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Abierto que es el periodo de alegatos, se da cuenta con el escrito presentado por el quejoso con número de folio 34790. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente: V I S T O S para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1953/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Leonel Díaz Grajales, por propio derecho, reclama del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, sustancialmente en los proveídos de seis y siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictados dentro del cuaderno incidental 544/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en relación la pensión alimenticia provisional, así como los autos posteriores al seis de noviembre dictados en el expediente principal 544/2017, del índice de la citada autoridad SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se decretó sobre la suspensión provisional solicitada, se requirió a la autoridad responsable, su informe previo, asimismo, se señaló este día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad responsable Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptó en la existencia del acto que se le atribuye. En atención a ello, con fundamento en el artículo 138, fracción I de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva de los actos que reclama, en virtud de que se está en presencia de actos consumados, contra los que resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo, se darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el amparo se pronuncie. Al caso tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 64, publicada en la página 109 del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, años 1917-1988, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Máxime que al tratarse de actos realizados dentro del cuaderno incidental 544/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como los autos posteriores al seis de noviembre dictados en el expediente principal 544/2017; es improcedente conceder la medida suspensional solicitada, toda vez que no se reúnen los requisitos que al efecto establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el otorgamiento de dicha providencia cautelar ocasionaría la paralización del procedimiento en lo principal, ya que por ser de orden público es insuspendible, pues de concederse, se contravendría lo dispuesto por el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, produciendo con ello, un perjuicio al interés social y disposiciones de orden público. Al presente caso resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis visible a páginas 663 del informe de 1987 del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PROCEDIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO. NO PROCEDE LA. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". Aunado a lo anterior, al tratarse de una controversia familiar de alimentos en el cual se dilucidan cuestiones que tienen que ver sobre la pensión alimenticia, es de observarse la necesidad de proteger a la persona e intereses del acreedor alimentario, ya que de concederse la medida suspensional solicitada, se impediría al mismo, recibir la protección necesaria para su subsistencia; ello, en contravención de las disposiciones legales de orden público que las han establecido y por ende, se afectaría el interés social; de donde resulta que no se surte el requisito exigido por la fracción II del artículo 128, concatenado con el numeral 129, fracción VIII ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 39, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en el apéndice de 1995, Tomo IV, parte SCJN, correspondiente a la Sexta Época, que dice: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Así como la tesis XVIII.2o.18C, visible en la página 966, XXIII. Abril de 2006 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ALIMENTOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN SI SE TRATA DEL PAGO DE PENSIONES VENCIDAS CON POSTERIORIDAD A SU RECLAMO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Después de que la autoridad judicial decidió fijar una pensión alimenticia, es innecesario que la acreedora demuestre la necesidad de recibir las pensiones que se generaron con posterioridad a que se determinó ese derecho, dado que tal aspecto se encuentra ya valorado por aquélla. Lo que justifica la negativa de la suspensión en contra de su reclamo, porque la sociedad en general está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a que el acreedor perciba los alimentos a que tiene derecho; por el contrario, de concederse se contravendría la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que en contra de las razones que aduzca el deudor alimentista para dejar de pagar las pensiones vencidas, prevalece la necesidad inherente a la subsistencia de la acreedora alimentista, esto, cuando menos desde el momento en que fueron reclamadas ante la autoridad judicial; pero aún más, debe atenderse no sólo al estado de necesidad del acreedor, sino al riesgo en que se pone al dejar de cubrirle sus necesidades vitales, porque ante esa eventualidad tendrá que acudir a diversos medios, como lo sería un préstamo o crédito, entre otros, opciones que se irán limitando en la medida de su falta de solvencia, con la correspondiente carga económica que ello implica; de ahí, que es importante para la sociedad en general que los deudores alimentistas cubran oportunamente su obligación de pago, pues con su ministración contribuyen a atemperar las necesidades elementales del acreedor." SEGUNDO. Por otro lado, por lo que hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo aplicable, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva, para el único efecto de que la autoridad responsable Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Morelos; continúe con el procedimiento dentro del cuaderno incidental 544/2017; pero debe abstenerse de dictar la resolución; lo anterior, hasta en tanto se le comunique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse en el juicio principal de donde emana la presente pieza incidental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I.15o.A J/3, visible en la página 1626, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, correspondiente a la Novena Época sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, la cual dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124." En el entendido que esta medida cautelar no surtirá efecto legal o material alguno, si el acto reclamado ya fue ejecutado, o bien si proviene del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo. Por lo expuesto un fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Leonel Díaz Grajales, por las razones expuestas en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Leonel Díaz Grajales, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivsa, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el informe previo que rinde el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.

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