Leonel de la Rosa Juarez

Expediente 1309/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1309/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Leonel de la Rosa Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo******************** Guerrero******************** a seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos******************** así como la certificación secretarial que antecede******************** de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo******************** sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de septiembre del año en curso; en consecuencia******************** con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356******************** fracción II******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles******************** de aplicación supletoria******************** en términos del numeral 2º de la ley de la materia******************** se declara que dicho proveído que desechó la demanda******************** ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno******************** así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes******************** y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo******************** archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces******************** de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal******************** que establece las disposiciones en materia de valoración******************** depuración******************** destrucción******************** digitalización******************** transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales******************** publicado en el Diario Oficial de la Federación******************** el siete de junio de dos mil veintitrés******************** específicamente en el artículo 20******************** fracción IV******************** del capítulo sexto******************** relativo a la destrucción de expedientes judiciales******************** se determina que este expediente es susceptible de destrucción******************** una vez transcurridos tres años******************** contados a partir de la emisión de este proveído******************** dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por Leonel de la Rosa Juárez, por propio derecho, contra actos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1309/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C", encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, registro digital 193379, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional, esto implica que se advierta de forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata sea operante en el caso concreto. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, así como del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a través de esta instancia constitucional, lo siguiente: "A).- La negativa, omisión y abstención de las responsables de proveer respecto a mi escrito de solitud de pago de SALARIOS RETENIDOS DEL PERIODO 16 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, presentado ante las autoridades responsables el 17 de mayo del 2023." En efecto, respecto de los actos reclamados por el impetrante del amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De los numerales citados, se observa que el juicio de amparo es improcedente dado que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. También, de la lectura de los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se obtiene la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional, lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; y vulnere el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo, de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, los actos reclamados no encuadran en dicho supuesto, puesto que éstos se han dado entre el patrón y trabajadora, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que las responsables, comparten una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asumen las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen el Gobierno del Estado de Guerrero, y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones también se someten a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 10/90, publicada en la página 92, tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 193612, del rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE", equiparó la relación Estado- empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes, también se precisó que corresponde a un tribunal laboral dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. Es aplicable por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 370, tomo X, Julio de 1999, Novena Época, con registro digital: 193612 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." De ahí que, si en el caso que se analiza el quejoso reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a su petición de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, por el que solicitó le sean pagados los salarios retenidos a partir del dieciséis de enero al treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional. Aserto que encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Registro digital 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Atento a lo expuesto, se procede a desechar la demanda planteada, de conformidad con el artículo 63, fracción V, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda, como sus autorizados para los mismos efectos, así como para imponerse de los autos a las personas que refiere, toda vez que no cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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