Leonel Bertoldo Mendez Gallegos

Expediente 1904/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1904/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Leonel Bertoldo Mendez Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 190/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y otras autoridades. (...) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado Al rendir su informe con justificación, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por si y en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, aceptó la existencia de los actos reclamados. Existencia que se corrobora con la copia certificada que anexó el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública; documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno. (...) SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En el caso que se analiza se actualiza la causa de improcedencia que describe el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que la persona quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, previo a acudir a la instancia constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el medio idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre los entes del poder público (autoridades) y las personas. Dichos principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, están previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, limitando la procedencia del juicio únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues, como se precisó, el juicio constitucional se ideó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. El principio de definitividad para el caso de actos administrativos se desprende de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen la obligación de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos administrativos reclamados. Así, para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. II. Siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Ahora, de la interpretación de los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; 1º, 16, 23, 24, 25, 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, se obtiene que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es competente legalmente para conocer y resolver el juicio contencioso administrativo respecto de actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado. En ese sentido, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Con lo anterior, se tiene la posibilidad de instar un juicio en el que se nulifique el acto impugnado, pues el artículo 59 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establece que cuando se demande la nulidad de una resolución, las sentencias que declaren fundada la pretensión del actor dejarán sin efecto el acto impugnado y fijarán en su caso, el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho afectado. Ahora, sobre el segundo aspecto, en cuanto a si la suspensión en dicho medio de defensa se puede conceder en los términos que prevé la Ley de Amparo, sin establecer un mayor plazo para su resolución o mayores requisitos, se tiene que os artículos 16, 23 y 24 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán prevén la suspensión del acto administrativo, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de modo que se pueden establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. También prevé que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Razones por las que el suscrito considera que la parte quejosa no está exenta de observar el principio de definitividad. Además, no se está en presencia de una excepción al principio de definitividad. Lo anterior, porque la emisión de la infracción de tránsito y detención en el depósito de la Secretaría de Seguridad Pública del vehículo marca ********************, modelo ********************, línea ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de Yucatán, número de serie ********************, no carece de fundamentación, pues en el mismo se citan diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su Reglamento, así como de la Constitución Política del Estado de Yucatán y del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. Tampoco aparece de la lectura integral de la demanda que el quejoso solamente haya alegado violaciones directas a la Constitución; ni se demostró que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho referencia, se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia con registro 2012670, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. (...)." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada por lo que debe decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y otras autoridades, consistente en la detención de un vehículo y la imposición de alguna sanción administrativa, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTÍFIQUESE

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud de que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto, fecha que se señala fuera del plazo de treinta días al que se refiere el artículo 115 de la Ley de Amparo, atendiendo a las cargas laborales de este órgano jurisdiccional y a fin de evitar diferimientos innecesarios. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con el que da cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, y remite copia certificada de la boleta de infracción 786939 que le fue impuesta al conductor del vehículo cuya retención e infracción se reclama en el presente asunto. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese al expediente el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, la autoridad responsable informa que el vehículo marca ********************, línea ********************, modelo ********************, con número de serie ******************** y con placas de circulación ********************, del Estado de Yucatán, fue entregado de manera plena y definitiva al quejoso, previo pago a la tesorería de las infracciones que dieron lugar a la retención del vehículo, así como los gastos generados por el reguardo arrastre y salvamento correspondiente. Sin embargo, el quejoso en el presente asunto también reclama la sanción administrativa y económica con motivo de la retención del vehículo. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, informe qué infracciones o multas fueron impuestas con motivo de la retención del vehículo marca ********************, línea ********************, modelo ********************, con número de serie ******************** y con placas de circulación ********************, del Estado de Yucatán; así como para que remita la totalidad de las constancias relativas a la retención y sanciones impuestas al aludido automotor. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

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