Leonel Antonio Gomez Orta
Expediente 1366/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Leonel Antonio Gomez Orta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos Visto el estado que guardan los autos, se advierte que Juan Enrique Torres Estrada, en favor de Leonel Antonio Gómez Orta, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan: Actos reclamados La orden de detención prolongada, incomunicación y actos de tortura. Autoridades responsables - Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en San Luis Potosí, Sala Sede San Luis Potosí. - Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. - Comisario de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura Así, de la lectura íntegra a los informes justificados rendidos por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estrado Sala Sede San Luis Potosí; la Vicefiscal Jurídica de la Fiscalía General del Estado y el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, se advierte que manifestaron que no son ciertos los actos que se les atribuyen consistentes en la incomunicación y tortura; sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. Lo anterior se corrobora con la razón que obra en autos, en la cual, en atención a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, el Actuario Judicial adscrito hizo constar que el cinco de octubre pasado, se constituyó en el área de locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social número 1 "La Pila", en donde se entrevistó con el directamente quejoso Leonel Antonio Gómez Orta, quien en lo conducente, manifestó lo siguiente: ".QUE SU ESTADO DE SALUD ES ADECUADO Y REFIERE NO SUFRIR DE MALTRATO FÍSICO NI PSICOLÓGICO; DEL MISMO MODO MANIFIESTA QUE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE ENCUENTRA SON ADECUADAS Y LIMPIAS." Lo resultado no es de origen. Por consiguiente, toda vez que los citados actos reclamados en la presente instancia constitucional, que la parte promovente hizo consistir en la incomunicación y tortura no existen, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Ello es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio efectuada por Juan Enrique Torres Estrada, en favor del directamente quejoso, fue por existir simple sospecha de la existencia de los actos reclamados, mismos que, como se dijo, no son ciertos. Acto reclamado consistente en el mandamiento de captura Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en la orden de captura, se desprende que el Juez de Control de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede San Luis Potosí, señaló que el quejoso actualmente tiene el carácter de imputado dentro de la causa penal RI/SLP/CP-1378/2023, derivada del expedientillo RI/SLP/CP-1410/2023, por haberse cumplimentado el cuatro de octubre del presente año, una orden de aprehensión librada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Además, en el oficio recibido por este juzgado el seis del mes y año actual, el citado Juez responsable informó que en audiencia inicial celebrada el nueve de octubre pasado, se dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio simple intencional por autoría indeterminada, cometido en agravio de la víctima Ángel Martínez López; en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Para acreditar lo anterior, exhibió un disco versátil DVD, el cual contiene copia certificada de las constancias que integran el expedientillo 1410/2023 y la causa penal 1378/2023; a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, según lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de aplicación supletoria 1 ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Causal de improcedencia En atención a lo anterior, se advierte que en este juicio respecto al acto reclamado en estudio, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Marco jurídico "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Interpretación del marco jurídico La norma transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento, ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, en que se verifique un cambio de situación jurídica que tenga por efecto considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la situación prevaleciente. Caso concreto En efecto, como se anunció en supra líneas, si bien es cierto que el cuatro de octubre del año que transcurre, dentro del causa penal de origen, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso; igualmente resulta cierto que el nueve del mismo mes y año, se dictó auto de vinculación en su contra, lo cual se corrobora con el oficio que remitió el Juez responsable y su anexo, consistente en un disco versátil digital (DVD). Por tanto, se arriba a la conclusión de que ha operado un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, esto es, no puede decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandamiento de captura reclamado, sin afectar el nuevo estado procesal que ahora rige, al haberse vinculado a proceso a la parte quejosa, cuya resolución cuenta con autonomía e independencia respecto de la orden de captura en cuestión, por lo que hacerlo equivaldría a modificar la situación procesal en el juicio de origen, de ahí que resulta jurídicamente imposible el análisis de la situación anterior regida por el mandamiento combatido. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a continuación se transcribe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, por identidad de razones, la jurisprudencia IX.1o. J/11, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1454, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL: La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional". Decisión En ese sentido, al actualizarse la causal de sobreseimiento y la diversa de improcedencia, en relación a los respectivos actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo2 . Es aplicable la tesis VI.1o.P.4 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 26, junio de 2023, tomo VII, página 6982, Undécima Época, registro digital 2026821, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE INFORMA QUE DICTÓ AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO AL IMPUTADO. Hechos: El quejoso, con la calidad de imputado, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como actos reclamados una orden de aprehensión y su ejecución. La Jueza Federal admitió la demanda y durante el trámite determinó sobreseer en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, al advertir actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que el Juez de Control señalado como autoridad responsable, le informó la ejecución de la orden de captura y desahogo de la audiencia inicial, al grado de quedar bajo los términos de un auto de vinculación a proceso e, incluso, de una medida cautelar. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito avala la determinación de la Jueza Federal de sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, porque en el caso concreto se actualizó un cambio de situación jurídica con la ejecución de la orden de captura 2 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. librada contra el quejoso, al grado de quedar bajo los términos de un auto de vinculación a proceso e, incluso, de una medida cautelar, emitidos por una autoridad judicial, lo cual actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Justificación: Cuando el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informa que se ejecutó, se celebró la audiencia inicial y se vinculó a proceso al imputado, necesariamente se genera un cambio en la situación personal que guardaba el quejoso antes de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, lo cual conlleva no poder resolver respecto a las violaciones que el solicitante de la tutela constitucional aduce entraña el dictado y ejecución de la orden de captura combatida, sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse el auto de vinculación a proceso en su contra, tomando en cuenta que se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas que, asevera, se cometieron al librarse la orden de captura impugnada y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica, lo cual hace procedente sobreseer en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque ningún objeto tendría continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas en la audiencia constitucional, si nada podría desvirtuar esa conclusión, pues la causa de improcedencia es manifiesta e indudable." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, dado que la ejecución no se reclama por vicios propios, sino que derivan del diverso emitido por la autoridad judicial ordenadora. Audiencia constitucional Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENDTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos Visto el estado que guardan los autos, se advierte que Juan Enrique Torres Estrada, en favor de Leonel Antonio Gómez Orta, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan: Actos reclamados La orden de detención prolongada, incomunicación y actos de tortura. Autoridades responsables - Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral en San Luis Potosí, Sala Sede San Luis Potosí. - Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. - Comisario de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura Así, de la lectura íntegra a los informes justificados rendidos por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estrado Sala Sede San Luis Potosí; la Vicefiscal Jurídica de la Fiscalía General del Estado y el Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación, se advierte que manifestaron que no son ciertos los actos que se les atribuyen consistentes en la incomunicación y tortura; sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. Lo anterior se corrobora con la razón que obra en autos, en la cual, en atención a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, el Actuario Judicial adscrito hizo constar que el cinco de octubre pasado, se constituyó en el área de locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social número 1 "La Pila", en donde se entrevistó con el directamente quejoso Leonel Antonio Gómez Orta, quien en lo conducente, manifestó lo siguiente: ".QUE SU ESTADO DE SALUD ES ADECUADO Y REFIERE NO SUFRIR DE MALTRATO FÍSICO NI PSICOLÓGICO; DEL MISMO MODO MANIFIESTA QUE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE ENCUENTRA SON ADECUADAS Y LIMPIAS." Lo resultado no es de origen. Por consiguiente, toda vez que los citados actos reclamados en la presente instancia constitucional, que la parte promovente hizo consistir en la incomunicación y tortura no existen, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Ello es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio efectuada por Juan Enrique Torres Estrada, en favor del directamente quejoso, fue por existir simple sospecha de la existencia de los actos reclamados, mismos que, como se dijo, no son ciertos. Acto reclamado consistente en el mandamiento de captura Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en la orden de captura, se desprende que el Juez de Control de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede San Luis Potosí, señaló que el quejoso actualmente tiene el carácter de imputado dentro de la causa penal RI/SLP/CP-1378/2023, derivada del expedientillo RI/SLP/CP-1410/2023, por haberse cumplimentado el cuatro de octubre del presente año, una orden de aprehensión librada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Además, en el oficio recibido por este juzgado el seis del mes y año actual, el citado Juez responsable informó que en audiencia inicial celebrada el nueve de octubre pasado, se dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio simple intencional por autoría indeterminada, cometido en agravio de la víctima Ángel Martínez López; en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Para acreditar lo anterior, exhibió un disco versátil DVD, el cual contiene copia certificada de las constancias que integran el expedientillo 1410/2023 y la causa penal 1378/2023; a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, según lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de aplicación supletoria 1 ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Causal de improcedencia En atención a lo anterior, se advierte que en este juicio respecto al acto reclamado en estudio, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Marco jurídico "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Interpretación del marco jurídico La norma transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento, ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, en que se verifique un cambio de situación jurídica que tenga por efecto considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la situación prevaleciente. Caso concreto En efecto, como se anunció en supra líneas, si bien es cierto que el cuatro de octubre del año que transcurre, dentro del causa penal de origen, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso; igualmente resulta cierto que el nueve del mismo mes y año, se dictó auto de vinculación en su contra, lo cual se corrobora con el oficio que remitió el Juez responsable y su anexo, consistente en un disco versátil digital (DVD). Por tanto, se arriba a la conclusión de que ha operado un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, esto es, no puede decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandamiento de captura reclamado, sin afectar el nuevo estado procesal que ahora rige, al haberse vinculado a proceso a la parte quejosa, cuya resolución cuenta con autonomía e independencia respecto de la orden de captura en cuestión, por lo que hacerlo equivaldría a modificar la situación procesal en el juicio de origen, de ahí que resulta jurídicamente imposible el análisis de la situación anterior regida por el mandamiento combatido. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a continuación se transcribe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, por identidad de razones, la jurisprudencia IX.1o. J/11, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1454, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL: La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional". Decisión En ese sentido, al actualizarse la causal de sobreseimiento y la diversa de improcedencia, en relación a los respectivos actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo2 . Es aplicable la tesis VI.1o.P.4 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 26, junio de 2023, tomo VII, página 6982, Undécima Época, registro digital 2026821, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE INFORMA QUE DICTÓ AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO AL IMPUTADO. Hechos: El quejoso, con la calidad de imputado, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como actos reclamados una orden de aprehensión y su ejecución. La Jueza Federal admitió la demanda y durante el trámite determinó sobreseer en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, al advertir actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que el Juez de Control señalado como autoridad responsable, le informó la ejecución de la orden de captura y desahogo de la audiencia inicial, al grado de quedar bajo los términos de un auto de vinculación a proceso e, incluso, de una medida cautelar. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito avala la determinación de la Jueza Federal de sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, porque en el caso concreto se actualizó un cambio de situación jurídica con la ejecución de la orden de captura 2 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. librada contra el quejoso, al grado de quedar bajo los términos de un auto de vinculación a proceso e, incluso, de una medida cautelar, emitidos por una autoridad judicial, lo cual actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Justificación: Cuando el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informa que se ejecutó, se celebró la audiencia inicial y se vinculó a proceso al imputado, necesariamente se genera un cambio en la situación personal que guardaba el quejoso antes de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, lo cual conlleva no poder resolver respecto a las violaciones que el solicitante de la tutela constitucional aduce entraña el dictado y ejecución de la orden de captura combatida, sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse el auto de vinculación a proceso en su contra, tomando en cuenta que se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas que, asevera, se cometieron al librarse la orden de captura impugnada y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica, lo cual hace procedente sobreseer en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque ningún objeto tendría continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas en la audiencia constitucional, si nada podría desvirtuar esa conclusión, pues la causa de improcedencia es manifiesta e indudable." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, dado que la ejecución no se reclama por vicios propios, sino que derivan del diverso emitido por la autoridad judicial ordenadora. Audiencia constitucional Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de escrito Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, se provee: Domicilio Se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, en atención a su solicitud, se revoca el domicilio anteriormente designado para oír y recibir notificaciones: lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documento Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado. Copias simples Como lo solicita, con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídasele a su costa copia simple de las constancias que menciona, y ténganse como autorizadas para recibirlas a las personas que indica, previa razón que de su recibo se deje en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que ello se podrá realizar una vez que sea materialmente posible atender dicha petición; pues en atención a los artículos 253 y 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del diverso acuerdo general que abroga los diversos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con la fecha específica de reapertura de dicho centro. Precisión No obstante lo anterior, se precisa a la parte compareciente que las copias de los documentos a que alude puede obtenerlas a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1 , una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto, e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas2 , de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
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