Leonel Adán Ruiz Brito
Expediente 1003/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leonel Adán Ruiz Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y la sentencia emitida, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior, en la carátula del expediente. Notifíquese.
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R E S U L T A N D O... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leonel Adán Ruiz Brito, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos reseñados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Leonel Adán Ruiz Brito, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La resolución dictada por la H. Junta Especial No. 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral número 157/2014, de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, ya que dicho acto viola los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna, y por ende le afecta de manera directa su esfera jurídica al quejoso." SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 123, apartado "A", de la Constitución General de la República. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1003/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; ordenó notificar al tercero interesado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio laboral, la cual podría acarrear perjuicios de ejecución irreparable a la parte quejosa, atribuida a una autoridad que reside en el ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 86/2007 que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 930, del Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: INSUMISIÓN AL ARBITRAJE LABORAL. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN SU ETAPA ARBITRAL, POR LO QUE HACE A LAS PRESTACIONES QUE NO FUERON MATERIA DE LA LITIS INCIDENTAL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La interlocutoria que declara procedente el incidente de insumisión al arbitraje, exime al patrón de reinstalar al trabajador y condena al pago de las prestaciones inherentes a la reinstalación es reclamable en el amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque afecta el derecho sustantivo del quejoso a la estabilidad en el empleo y este aspecto ya no será materia de estudio en el laudo, por lo que aun cuando obtuviera un fallo favorable respecto de las restantes prestaciones materia de la litis en la etapa arbitral, no se le podría restituir en el goce de ese derecho sustantivo afectado, y porque, afecta al trabajador en grado predominante o superior, ya que al ordenar la tramitación de la etapa arbitral en el juicio laboral, cuyo laudo decidirá las prestaciones derivadas de la reinstalación que no fueron materia de la litis incidental pero que sí se rigen por el sentido de ésta, sujeta al afectado a un juicio que puede ser ocioso si en el correspondiente amparo se determina la inconstitucionalidad de la interlocutoria reclamada, pues su efecto sería la reposición del procedimiento para que la reinstalación se decida en la etapa arbitral." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que Leonel Adán Ruiz Brito, como parte actora en el juicio laboral 157/2014, reclama de la junta responsable, la resolución interlocutoria de diez de octubre de dos mil diecisiete, en la que se declaró procedente la insumisión al arbitraje del patrón (Instituto Mexicano del Seguro Social). TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que la Junta Especial número 43, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado lo aceptó; hecho que se corrobora además, con las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente laboral 157/2014, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129, 197 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Como las partes no invocaron expresamente la actualización de una causal de improcedencia, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada. En primer lugar, es importante a manera de exordio exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al pronunciamiento de la resolución interlocutoria que ahora constituye el acto de autoridad combatido, y así delimitar cuál es precisamente la conducta de autoridad objeto de este juicio, los cuales se obtienen de las copias certificadas del expediente laboral 157/2014 allegadas al juicio de amparo por la responsable, valoradas en el considerando que antecede. Así, se obtiene que: 1).- Leonel Adán Ruiz Brito, mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil catorce, demandó en la vía ordinaria laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cumplimiento del contrato individual de trabajo, la reinstalación en su empleo entre otras prestaciones. Asimismo, entre los hechos que narró se destacan: 1.1).- Que fue contratado por la persona que fungía como Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, habiendo ingresado desde el uno de febrero de dos mil doce. 1.2).- Que las actividades que desempeñaba eran las inherentes a un ejecutor fiscal. 1.3).- Que la parte demandada le condicionaba su permanencia en el empleo mediante la firma mensual de formatos de contratos de trabajo, de los que no le otorgaban copia alguna. 1.4).- Que fue despedido el diecisiete de febrero de dos mil catorce, a las doce horas, por quien se desempeña como Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2).- Por auto de veinticinco de febrero de dos mil catorce, se radicó la demanda con el número de juicio laboral 157/2014; la cual se admitió a trámite y se ordenó emplazar a la patronal demandada, lo que así aconteció. 3).- Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil catorce, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social promovió incidente de insumisión al arbitraje porque se trataba de un trabajador contratado bajo el régimen eventual por tiempo determinado, lo que el propio trabajador confesó al tenor de los aspectos desatacados en el inciso 1) que antecede. 4).- Por diverso escrito también presentado el veintiséis de mayo de dos mil catorce, la patronal ofreció como pruebas de su parte, las siguientes: 4.1).- La confesional con cargo al actor Leonel Adán Ruiz Brito. 4.2).- La documental consistente en el contrato individual de trabajo correspondiente al periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 4.3).- La documental atinente a la impresión de la consulta de cuenta individual de tres de abril de dos mil catorce, que contiene el salario registrado del actor durante la vigencia del último contrato celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.4).- La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. 5).- Por auto de veintiséis de mayo de dos mil catorce, la junta responsable tuvo a la patronal promoviendo incidente de insumisión al arbitraje, y señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia incidental, lo que tuvo lugar el cinco de septiembre siguiente en la que se tuvo a la parte actora ofreciendo como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto; y por objetando las que ofreció la demandada, particularmente por lo que ve al contrato individual, aduciendo que no se trataba de alguno de los que hubiera suscrito o celebrado con la patronal. Además a la patronal la tuvo por ofreciendo medios de perfeccionamiento de las documentales de referencia, la ratificación de contenido y firma así como la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, cuyo desahogo quedó supeditado al resultado de esta última. 6).- El cinco de noviembre de dos mil catorce tuvo verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la demandada con cargo al actor Leonel Adán Ruiz Brito, quien al efecto contestó en sentido negativo las seis posiciones que le formularon, consistentes en: 6.1).- Que reconoce que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social un contrato por tiempo determinado por el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 6.2).- Que reconoce el salario diario percibido por la suma de $293.85 (doscientos noventa y tres pesos 85/100 moneda nacional). 6.3).- Que reconoce que el contrato por tiempo determinado por el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social fue con la categoría de ejecutor. 6.4).- Que reconoce que sus actividades como ejecutor derivadas de la celebración del contrato por tiempo determinado por el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social, consistieron en requerir de pago y/o embargo a patrones morosos. 6.5).- Que el contrato por tiempo determinado por el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra vencido. 6.6).- Que el contrato por tiempo determinado que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social feneció el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 6.7).- En la misma diligencia se verificó la diligencia de ratificación de contenido y firma ofrecida por la demandada con cargo al actor, en el que al tener a la vista el contrato por tiempo determinado por el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece que exhibió el Instituto Mexicano del Seguro Social, refirió no reconocerlo, ni tampoco su firma, aduciendo como razón de su dicho porque no se los daban a leer cuando los firmaba. 7).- Derivado del resultado de la prueba de ratificación de contenido y firma del contrato en cuestión, se ordenó desahogar la prueba pericial ofrecida por la patronal, la cual se verificó al tenor de los dictámenes de los peritos de la parte actora y demandada, en los que ambos coincidieron en concluir que la firma dubitada sí provenía del puño y letra de Leonel Adán Ruiz Brito. 8).- El diez de octubre de dos mil diecisiete la junta responsable declaró procedente el incidente de insumisión al arbitraje al tenor de las siguientes consideraciones: 8.1).- Que la carga de la prueba le correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social, por corresponderle demostrar que el actor tenía el carácter de trabajador eventual, y que por lo tanto, dicha patronal no estaba obligada al sometimiento del arbitraje. 8.2).- Que la prueba confesional no le aportó a la patronal beneficio alguno porque el actor contestó las posiciones que se le formularon en sentido negativo. 8.3).- Que al contrato individual de trabajo correspondiente al periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece sí se le otorgaba eficacia demostrativa porque si bien el trabajador negó como de su autoría la firma que ahí aparecía, se ofreció la prueba pericial en la que ambos expertos concluyeron coincidentemente que dicha firma provenía de su puño y letra. 8.4).- Que lo anterior se robustecía con el dicho del propio actor en el escrito inicial de demanda en relación con el carácter de trabajador eventual, porque refirió que celebraba contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, por lo que se ubicaba en lo dispuesto por el artículo 49, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo. 8.5).- Que aunado a lo anterior, del contenido del contrato individual de trabajo se aprecia el pacto entre el "instituto" y el trabajador, para que labore por el periodo determinado del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, lo que revela la calidad de trabajador eventual que le reviste al actor. 8.6).- Que la documental descrita en el inciso 4.3) que antecede, consistente en la impresión de la hoja de consulta de cuenta individual contiene el salario registrado del actor durante la vigencia del último contrato celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 8.7).- Que a virtud de lo anterior, se declaraba procedente el incidente de insumisión al arbitraje por tratarse del derecho ejercido por el patrón previsto en el artículo 949, en relación con el artículo 49, fracción V, ambos de la Ley Federal del Trabajo, mediante el pago de una indemnización en términos de lo dispuesto por el diverso ordinal 50 de la legislación en cita. 8.8).- Consecuentemente, condenó a la patronal al pago de las cantidades que al efecto precisó. Expuestos los antecedentes del caso, procede ahora precisar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. En ese sentido, dicha parte procesal sostiene como motivos de disenso, que la resolución infringe en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la junta responsable: a).- Otorgó eficacia demostrativa a la documental descrita en el inciso 4.3) que antecede, soslayando que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de patrón, y que dicho documento era ineficaz por sí mismo para establecer con certeza el monto del salario del trabajador; por lo que debía observarse la obligación contenida en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de conservar determinados documentos como los recibos de pago da salarios, sin que haya manifestado aquella patronal tener algún impedimento para exhibirlos. Además, tampoco se consideró el hecho de que ese documento fue elaborado en forma unilateral y sin consentimiento del trabajador, por lo que debía adminicularse con otro medio de prueba, de ahí que fuera indebido otorgarle eficacia plena para acreditar el salario del trabajador. De igual modo, la valoración de dicho documento no fue debidamente fundada ni motivada, ya que en aquél sólo se refleja el monto del salario base de cotización para prestaciones de carácter de seguridad social, y en el mismo no se desglosan las prestaciones percibidas como trabajador ni las deducciones a efecto de revelar cuál es el salario neto percibido que sirve de base para calcular la indemnización b).- La autoridad responsable al resolver la incidencia de que se trata, incorporó a una persona distinta al quejoso, ya que en el segundo punto resolutivo se advierte el nombre de Antonio Valencia Covarrubias, cuando el quejoso responde al nombre de Leonel Adán Ruiz Brito, de ahí que la resolución interlocutoria sea incongruente y por ende, se aparte de lo establecido por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. c).- La responsable fijó la litis incidental en forma incongruente, con las pretensiones deducidas en el juicio y contrario a las constancias, porque las pruebas allegadas a los autos de ninguna manera acreditan la materialización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, aunado a que la indemnización a la que se condenó a la patronal no constituye una prestación reclamada por el actor, pues éste optó por la reinstalación en el empleo, y tampoco se observó la antigüedad al servicio de la patronal que data desde el uno de febrero de dos mil doce, es decir, que en la fecha en que fue despedido injustificadamente el quejoso tenía una antigüedad mayor a un año en forma ininterrumpida, por lo que al no demostrarse el carácter de trabajador eventual, resulta incongruente el resultado de la interlocutoria sujeta a examen. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o no de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Por su parte, los artículos 841 y 842, de la Ley Federal del Trabajo, en su orden disponen lo siguiente: "Artículo 841.- Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. "Artículo 842.- Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En los numerales 841 y 842 de la ley laboral encontramos los principios de congruencia y exhaustividad que todas las resoluciones del tribunal laboral deben observar, que consisten esencialmente en que se ocupen de todas y cada una de las objeciones que le fueron planteadas, existiendo un vínculo lógico entre lo pedido y lo resuelto con apoyo en lo dispuesto en la ley, sea que ésta lo disponga expresamente o se aplique en hipótesis semejantes, según lo establece el diverso artículo 17 del propio ordenamiento legal en cita; de modo que cuando no se hace así, la autoridad se apartan de las normas del debido proceso legal exigidas en los dispositivos constitucionales indicados con antelación. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número VI.2o. J/324, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se puede consultar a foja 87 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Octava Época, agosto de 1994, que textualmente dice: "LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales." Igualmente aplica la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, localizable en la página 383 del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "LAUDO INCONGRUENTE POR FIJAR LA LITIS EN FORMA INCORRECTA. Si las juntas al dictar sus laudos fijan la litis en forma distinta a la debida y así aprecian las pruebas rendidas, es claro que al no hacer una fijación correcta de los puntos cuestionados, se rompe con el principio de congruencia necesario en toda sentencia, cuando sus laudos no son claros, precisos y congruentes con la demanda y las prestaciones deducidas oportunamente en el negocio. Por tanto, obliga a otorgarse el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente su laudo impugnado, y previos los trámites de ley dicte otro en que estudie correctamente las excepciones con vista de las pruebas desahogadas en la especie. La congruencia a que se refieren los numerales en cita -se insiste-, exige de las autoridades que ejercen una función jurisdiccional que las resoluciones a través de las cuales deciden el sentido de una controversia tomen en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto por el demandante, como aquellos en que se sustenta la contestación de quien se exige, así como todas las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que al resolver el asunto, para tal efecto debe dar razones jurídicas y de facto suficientes por las que estima o desestima todo aquello que fue alegado y su influencia en el sentido de su determinación final, la violación a lo anterior puede traducirse en una inadecuada fundamentación y motivación, garantía que debe ser acatada por toda autoridad, con el fin de establecer, sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de sus actuaciones, lo que además, permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Por otro lado, tomando en consideración que la litis incidental tiene que ver con la figura de la insumisión al arbitraje, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 128/2003-SS, en la que se dilucidó si la figura jurídica de la insumisión al arbitraje prevista en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, sólo procede respecto de la acción de reinstalación derivada del despido injustificado, o si por el contrario puede referirse a otras prestaciones que no deriven de dicho despido, como serían las relativas a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tiempo extra, entre otras; lo que derivó en la integración de la jurisprudencia 2a./J. 61/2004, publicada en la página 559, del Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SÓLO PROCEDE, DE MANERA EXCEPCIONAL, RESPECTO DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, SIEMPRE QUE SE SURTA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y NO RESPECTO DE OTRAS ACCIONES. El artículo 123, apartado A, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la "insumisión al arbitraje", consistente en la negativa del patrón a someter sus diferencias al arbitraje de la Junta, y aunque en aquél no se especifican las acciones respecto de las que opera, las consecuencias que resultan de su ejercicio conducen a concluir que dicha institución sólo procede respecto de la reinstalación al demandarse el cumplimiento del contrato de trabajo, pues el legislador ordinario, en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, dispuso que ante su procedencia la Junta dará por terminado el contrato de trabajo y el patrón estará obligado a pagar al obrero, a título de indemnización, el importe de tres meses de salario y la responsabilidad que le resulte del conflicto, que se refiere al originado por el cumplimiento del contrato laboral y no del que pudiera surgir de las demás acciones que integren la litis natural, responsabilidad que se fija en atención al tiempo de duración de la relación laboral en términos de las fracciones I y II del artículo 50 de la ley citada, al que remite el referido artículo 947. En esa medida, es claro que las indemnizaciones que el patrón está obligado a cubrir al trabajador con motivo de la insumisión al arbitraje, no pueden ser aplicables a acciones diversas a la de reinstalación por despido injustificado, como son las relativas a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras, entre otras, puesto que aquéllas se fijaron como una retribución a la consecuente declaración de terminación del contrato de trabajo en lugar de su cumplimiento mediante la reinstalación demandada, tan es así que la finalidad primordial de las reformas a las fracciones XXI y XXII del artículo 123, apartado A, constitucional, fue impedir que el patrón opusiera su negativa a someter sus diferencias al arbitraje o a acatar el laudo pronunciado por la Junta, cuando el trabajador despedido injustificadamente hiciera uso del derecho a la permanencia en el empleo demandando el cumplimiento del contrato mediante su reinstalación, pero también se consideró la necesidad de establecer algunas excepciones a esa regla general al contemplar en la propia fracción XXII, la posibilidad de que el patrón quede eximido "de la obligación de cumplir el contrato" en los casos que determine la ley secundaria, lo que implica que sólo respecto de la reinstalación proceda la excepción de referencia, ya que si el trabajador opta por la indemnización constitucional ello denota su voluntad de dar por terminada la relación laboral. Por tanto, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la insumisión al arbitraje, ésta solamente procede, de manera excepcional, respecto de la acción de reinstalación por despido injustificado, cuando se actualiza alguno de los casos que limitativamente reglamenta la Ley Federal del Trabajo en su artículo 49, lo que por disposición del propio Constituyente Permanente se traduce en una excepción a la estabilidad en el empleo y, por lo mismo, no es oponible respecto de otras acciones aunque se ejerzan en la misma demanda." Y de los lineamientos que componen la aludida ejecutoria y jurisprudencia invocadas, destacan los siguientes: a).- Que la figura jurídica de la insumisión al arbitraje, es inherente a la acción de reinstalación exclusivamente, no así respecto de otras acciones. b).- Que la posibilidad del patrón de negarse a someter las diferencias al arbitraje o aceptar el laudo de la Junta no es aplicable en los casos de las acciones de cumplimiento del contrato de trabajo y la de indemnización constitucional originadas por el despido sin justa causa, pues en tales hipótesis la regla general es que el patrón no podrá negarse a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo; regla general que admite como excepción a la estabilidad en el empleo, cuando se elige dicha acción de cumplimiento del contrato de trabajo, la posibilidad de que el patrón quede eximido de reinstalar al trabajador, en los casos determinados en el artículo 49 la Ley Federal del Trabajo. c).- Que por tanto, el único supuesto que consideró el legislador para instituir la figura de la insumisión al arbitraje es la acción de reinstalación por despido injustificado, pues surgió como una excepción a la estabilidad en el empleo al otorgar al patrón la posibilidad de negarse a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo en los supuestos que limitativamente fija el aludido ordinal en que se dispuso que el atrón "quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador" mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes. Así, queda de relieve el hecho de que la consecuencia legal del ejercicio de la insumisión al arbitraje o de la negativa a acatar el laudo cuando resulta procedente, es inexorablemente la declaración de terminación del contrato de trabajo en lugar de su cumplimiento mediante la reinstalación demandada, siempre que se actualice alguno de los supuestos previstos por el aludido ordinal 49 de la Ley Federal del Trabajo que dispone: "ARTÍCULO 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales." En el caso sujeto a revisión, la junta responsable estimó que, como lo indicó la patronal, se trataba de un trabajador eventual; es decir, aquel que lo une al patrón por virtud de una relación laboral sujeta a un plazo especifico que se encuentra contenido en el contrato individual de trabajo por el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Ahora bien, para verificar si resultan fundados o no los conceptos de violación expuestos por el trabajador quejoso, se procede en primer término a verificar si la conclusión reseñada en el párrafo que antecede resulta acertada o no. En ese sentido debe ponderarse en primer término, que no se encuentra sujeto a debate el hecho de que Leonel Adán Ruiz Brito ingresó a prestar sus servicios desde el uno de febrero de dos mil doce; pues no existió alegación sobre el particular, como tampoco existió controversia en torno al hecho de que mensualmente signaba contratos individuales de trabajo, pues ese aspecto fue expuesto por el propio actor en el escrito de demanda, particularmente en la parte final del punto identificado con el número cinco del apartado denominado "CAPÍTULO DE HECHOS", ya que al efecto adujo: "Para los efectos legales que procedan hago del conocimiento de la esta Autoridad que los demandados cada mes condicionaban mi permanencia en el empleo mediante la firma de formatos de contratos de trabajo, sin que se me otorgara copia alguna de esos contratos, los cuales por necesidad los firmaba". De ese modo, como se destacó en el inciso 8.4), se estima acertada la determinación de la junta responsable de estimar que Leonel Adán Ruiz Brito tenía la calidad de trabajador eventual o por tiempo determinado, pues aquella manifestación da cuenta de que tal relación se encontraba consecutivamente sujeta a una duración específica; extremo que guarda congruencia con el contenido del contrato individual de trabajo que se allegó a los autos, que comprendía el periodo del dos al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, respecto del cual no se aprecia evidencia alguna que controvierta su autenticidad. En efecto, aun y cuando la parte quejosa en el juicio natural no reconoció haber suscrito el citado convenio, no puede soslayarse que no se allegó medio de prueba alguno para acreditar tal afirmación, habida cuenta que el resultado de los dictámenes periciales no fue controvertido ni demeritado en torno a la conclusión de que la firma que ahí aparece sí corresponde al puño y letra del trabajador. En ese mismo orden de ideas, no obstante que la parte quejosa sostuvo que la suscripción de diversos contratos individuales de trabajo consecutivos los realizaba por necesidad, lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo no proscribe las relaciones laborales sujetas a tiempo determinado, ni que la misma se prorrogue mediante la suscripción consecutiva de diversos contratos por tiempo determinado; de modo que la demostración de dicho extremo no demerita la conclusión alcanzada por la autoridad del trabajo al determinar que se actualizaba el supuesto contenido en la fracción V, del artículo 49 de la ley laboral. Mas aun, tampoco puede soslayarse que de la documental descrita en el inciso 4.3), consistente en la impresión de la consulta de cuenta individual de tres de abril de dos mil catorce, puede apreciarse que la relación laboral no fue de carácter ininterrumpido, ya que de su contenido se advierte que la relación laboral no se entabló en forma continúa, dada la fecha de inicio y conclusión que ahí aparece reflejada de cada uno de esos contratos. Es ilustrativa la tesis aislada I.13o.T.247 L que integró el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1348, del Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. SI EL TRABAJADOR PRESTA SERVICIOS POR VIRTUD DE CONTRATOS POR TIEMPO DETERMINADO, PARA SU CÓMPUTO NO DEBE INCLUIRSE EL TIEMPO EN EL QUE LA RELACIÓN QUEDÓ INTERRUMPIDA POR EL LAPSO QUE MEDIÓ ENTRE EL VENCIMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE CADA UNO DE ESOS PACTOS. La antigüedad de un trabajador es un derecho que se acredita y renueva todos los días; es decir, la antigüedad es un derecho de tracto sucesivo que se va acumulando; en consecuencia, si se reclama la prórroga de un contrato de trabajo porque debió ser por tiempo indefinido, y no por periodos determinados y la responsable condenó en el sentido demandado, no puede admitirse que el trabajador tenga, por el simple hecho de acreditar la existencia de dichos contratos por tiempo determinado, el derecho de que se le reconozca una antigüedad continua generada desde la firma del primero de esos pactos, pues la facultad de apreciar en conciencia las pruebas, que el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo otorga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, significa sopesar con justo criterio lógico el valor de las producidas en autos, sin que por esa facultad pueda llegarse al extremo de suponer hechos que carezcan de apoyo en algún elemento aportado durante la tramitación del conflicto, de tal suerte que cuando el trabajador señala en su demanda laboral determinada fecha como el inicio de la prestación de servicios y demuestra, mediante los documentos respectivos, que la relación laboral se interrumpió por determinados periodos debido a la conclusión de esos contratos por tiempo determinado, el reconocimiento de antigüedad no puede comprender un vínculo continuo, sin que sea óbice que la demandada no se excepcione pormenorizando los lapsos en que el lazo contractual se interrumpió, pues basta que reconozca la celebración de esos contratos eventuales y oponga defensa basada en que el obrero tenía el carácter de eventual para que, al momento de pronunciarse sobre el cómputo de la antigüedad genérica, la autoridad descuente el tiempo en que no se prestó servicios, es decir, el lapso en que se interrumpió el vínculo entre el vencimiento de un contrato y el inicio de la vigencia del siguiente, precisamente porque la potestad de resolver en conciencia conlleva a evaluar que por la naturaleza de los contratos, éstos contuvieron lapsos de interrupción, razón por la cual, al actuar de ese modo, la Junta no incurre en violación de ese precepto legal, ni de garantías individuales; amén de que sería un contrasentido que se reconociera una antigüedad continua, si precisamente la acción versa sobre el reclamo a que la contratación debió ser por tiempo indefinido y no determinado conforme a los compromisos pactados que el actor hubiere acreditado." Por tanto, no se advierte que la junta responsable haya fijado incorrectamente la litis incidental, habida cuenta que la patronal no hizo valer la causa de excepción prevista en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, relativa a la insumisión al arbitraje respecto de trabajadores con antigüedad menor a un año, sino -se insiste- la relativa a un trabajador eventual; y como en ese supuesto la consecuencia legal del ejercicio de la insumisión al arbitraje es inexorablemente la declaración de terminación del contrato de trabajo en lugar de su cumplimiento mediante la reinstalación demandada, de ello se sigue que tampoco asiste razón a la parte quejosa cuando sostiene que la condena a la patronal del pago de una indemnización resulta incongruente con la acción ejercida por el actor consistente en la reinstalación en el empleo; todo lo cual hace patente que el concepto de violación sintetizado en el inciso c) deviene infundado. Igual ponderación debe efectuarse en torno al diverso motivo de disenso reseñado en el inciso b) que antecede, ya que la cuestión ahí aducida de ninguna manera constituye la incorporación de una persona distinta a la parte quejosa o la infracción a los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 841 y 842, sino un mero error mecanográfico en la cita del nombre correcto del actor, pues basta imponerse del contenido de la parte considerativa para así advertirlo. Continuando con el análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, se estima infundado aquel que se esgrime con la pretensión de revelar que fue indebido el proceder de la autoridad del trabajo al otorgar eficacia demostrativa a la documental consistente en la impresión de la consulta de cuenta individual de tres de abril de dos mil catorce. Para arribar a dicha conclusión, debe tenerse presente que los artículos 776 y 784, fracción XII, ambos de la Ley Federal del Trabajo, inmersos en el capítulo XII, referente a las reglas generales de las pruebas, establecen lo siguiente: "Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: I. Confesional; II. Documental; III. Testimonial; IV. Pericial; V. Inspección; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y VIII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia". "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: (.). XII. Monto y pago del salario; (.)". La interpretación armónica y sistemática de los preceptos transcritos permite deducir que la Ley Federal del Trabajo genéricamente establece que son admisibles en el proceso laboral todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, asimismo, entre otras hipótesis, que la carga de la prueba cuando exista controversia sobre el monto y pago del salario, recae en el patrón. Por otra parte, debe destacarse que los artículos 804 y 805, del mismo ordenamiento legal, contenidos en la sección tercera del citado capítulo XII, relativa a las pruebas documentales, estatuyen: "Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social; y V. Los demás que señalen las leyes. Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las Leyes que los rijan". "Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario". Como se observa, el primero de los dispositivos reseñados enumera los documentos que el patrón está obligado a conservar y en su caso, exhibir en juicio; en tanto que el restante establece que si el patrón no exhibe los documentos que tiene la obligación de conservar, se tendrán presuntivamente ciertos los hechos que la parte trabajadora exprese en la demanda, relacionados con tales documentos, salvo la prueba en contrario. Luego, el análisis concatenado de las disposiciones legales a que se ha hecho referencia conduce a colegir que cuando se genere controversia en cuanto al monto y pago de salarios, en principio el patrón debe probarlo con los documentos que tiene la obligación de conservar, en términos del precepto 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, cuando no presente tales documentos, o cuando exhibidos en juicio, la Junta los considere ineficaces por algún vicio que los afecte, es posible para la patronal acreditar ese punto de controversia con los distintos medios de prueba establecidos en la ley, incluidos desde luego, otros documentos no previstos expresamente en el aludido dispositivo legal. Así pues, es claro que en caso de incumplimiento en la exhibición de los documentos que el patrón tiene obligación de conservar, la ley permite a éste aportar alguna otra prueba que sea eficaz, a fin de poder destruir la presunción que la conducta omisa generó en su perjuicio. Lo expuesto ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 19/96, de rubro y texto siguiente: "SALARIO, MONTO Y PAGO DEL. PUEDE ACREDITARSE CON CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 776 de la propia Ley dispone que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho; el artículo 804 detalla los documentos que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio entre los cuales se enumeraron el contrato de trabajo (fracción I), listas de raya, nóminas de personal o recibos de pago de salarios (fracción II); y el artículo 805, prevé que si el patrón no presenta en el juicio esos documentos, se tendrán presuntivamente ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con los propios documentos, salvo prueba en contrario. De lo anterior se desprende que el patrón, en principio, debe acreditar el monto y pago de salarios, con las documentales referidas, entre ellas el contrato, pero si no lo hace así, puede destruir la presunción generada en su contra, con cualquiera de los medios probatorios que la misma Ley establece, dado que los numerales invocados no disponen la exclusividad de la prueba documental para la demostración de los hechos relativos". Por ende, resulta incorrecto lo afirmado por el quejoso en el sentido de que el proceder de la autoridad laboral fue indebido al otorgar eficacia demostrativa a la documental descrita en el inciso 4.3) que antecede, si se parte del hecho de que conforme al artículo 4° del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de sus funcionarios correspondientes, está facultado para expedir certificaciones y documentación de la información que conserve en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados e inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. Así, es claro que constituyen documentos oficiales de control e información, y en esa guisa, son susceptibles de constituir prueba eficaz para acreditar los extremos en ellos contenidos, salvo prueba en contrario. Bajo esa óptica, es palmario que contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la consulta de la cuenta individual del actor Leonel Adan Ruiz Brito, de cuatro de abril de dos mil dieciséis, exhibida por el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, resultaba apta para acreditar el monto del salario, habida cuenta que no existen pruebas específicas que desvirtúen ese aspecto asentado en la referida documental, y sobre el alcance demostrativo de dicho documento, la junta responsable ponderó precisamente la carga probatoria de la patronal, de lo que se sigue que dicha determinación guarda congruencia con lo expuesto en líneas precedentes, aunado a que todos los demás elementos de convicción allegados al expediente laboral, así como los datos que de los mismos se derivan, permiten determinar objetivamente que dicha probanza, por sí sola, es susceptible de probar la certeza del monto del salario de la parte obrera, de conformidad con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, porque sostener lo contrario, implicaría arribar a una conclusión distinta basada en la mera especulación de que la impresión de la cuenta individual fue elaborada por la patronal a su conveniencia, soslayando aquellas disposiciones que rigen su actuar como instituto de seguridad social en las que se regula su facultad para expedir certificaciones y documentación de la información que conserve en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados e inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. Se asume así, pues la sola circunstancia de que la documental en comento no sea una de las previstas en el artículo 804, fracción II, del mismo ordenamiento, que como se dijo, son ideales para acreditar el extremo relativo al monto del salario, no conduce a desestimar el monto que ahí se encuentra contenido, y si bien, tampoco basta para que se le otorgue valor probatorio pleno el hecho de que no existan pruebas que lo desvirtúen, lo cierto es que tampoco se aprecia alguna circunstancia por virtud de la cual se pueda poner en duda el alcance y valor probatorio de la referida documental que hiciera necesario que la autoridad del trabajo se pronunciara sobre el particular para dilucidar sobre su eficacia probatoria. Al respecto, cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 202/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN. Los mencionados certificados, de conformidad con los artículos 3, 4 y 5, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, independientemente de ser resultado de información presentada vía formato impreso o de aquella presentada a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de sustituto de la firma autógrafa) tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (equivalente al artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación), en relación con el diverso 63 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando la parte patronal desconozca la relación laboral mediante su negativa lisa y llana. Por lo tanto, la certificación de los estados de cuenta individuales, es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, de manera que, no es necesario exigir el perfeccionamiento de ese tipo de constancias con la exhibición, por ejemplo, de los avisos de afiliación presentados por el patrón". Consecuentemente, este juzgado de Distrito estima que en el caso, la resolución interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete no transgredió en perjuicio de la parte quejosa, alguno de sus derechos fundamentales previstos en los artículos que invocó como trastocados, sin que tampoco se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que lo que procede es negar el amparo y protección que de la justicia federal solicitó Leonel Adán Ruiz Brito. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leonel Adán Ruiz Brito, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos reseñados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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