Leoncio Paisano Arias
Expediente 28/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leoncio Paisano Arias
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 28/2022-VIII . Puebla, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiera interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el citado acuerdo -en el que se tuvo no presentada la demanda- ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Luego, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se estima que el presente expediente constituye un asunto concluido. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. También, archívese este expediente como asunto concluido. Revisión del expediente. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 28/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de doce de enero del año en curso, transcurrió del diecisiete al veintiuno de enero de dos mil veintidós, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el proveído inicial, de doce de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en el lugar de su reclusión, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
---- JUICIO DE AMPARO 28/2022-VIII. Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos Fundamentales (en su versión digitalizada), que al parecer suscribe el quejoso +++, por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al promovente a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos combatidos y en las autoridades responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en el reclamo planteado y las autoridades responsables, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso puede generar una causa de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse al promovente -si el juicio fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se destaca que el promovente señaló como actos reclamados: 1. La orden de aprehensión dictada en su contra, así como su pretendida ejecución; y 2. La vinculación a proceso emitida en su contra. Ambos actos los reclama el quejoso, indistintamente a los Jueces de Control adscritos al Juzgado de Oralidad y Ejecución, del Sistema Penal Acusatorio, Regiones Judiciales Centro y Centro Poniente, ésta última con sede en Atlixco, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, así como los jueces Primero a Quinto, todos de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Esa determinación de vinculación a proceso es irregular frente a los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación, porque ninguno de estos revela 1) qué juez de control, en específico, emitió esa determinación; 2) bajo qué número de carpeta administrativa se le vinculó a proceso; 3) tampoco indica la fecha en la que tuvo verificativo la imputación realizada por la fiscalía ante el juez de control; 4) ni el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado a proceso Tales antecedentes resultan indispensables para proveer sobre la admisión de la demanda, pues la posibilidad de combatir una vinculación a proceso, sólo puede darse cuando el quejoso, en su carácter de imputado, interviene en la audiencia inicial donde se le haya formulado imputación, cuya comparecencia se haya realizado a través del control de detención, por haber sido detenido en flagrancia delictiva, citatorio para formulación de imputación al comparecer voluntariamente o con auxilio de la fuerza pública mediante una orden de comparecencia Así, en la misma audiencia de formulación de imputación o si el propio imputado así lo solicita, dentro del plazo de setenta y dos horas, es cuando se le dicta, en su caso, auto de vinculación a proceso y se fija el plazo para el cierre de investigación complementaria. Esto es, para que el quejoso se encuentre en aptitud de reclamar la resolución de vinculación a proceso, tuvo que haber participado en la audiencia inicial de formulación de imputación donde inclusive se debió haber otorgado el derecho a declarar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 307 y el diverso 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, en caso de que el quejoso insista en reclamar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra resulta necesario que señale: el nombre, en específico, del Juez de Control que emitió dicha determinación, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y si en la misma sobre la vinculación, o bien si se acogió al plazo de setenta y dos horas para que le fuera resuelta su situación jurídica y por tanto deberá indicar la fecha en que se le dictó auto de vinculación a proceso; además deberá indicar el número de carpeta administrativa donde se emitió dicho acto, así como el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado a proceso; lo anterior, con el objeto de que se tengan elementos suficientes para decidir sobre la admisión de la demanda, así como la procedencia de la suspensión provisional y requerir en específico al juez de oralidad en su carácter de juez de control, de su informe justificado. En segundo término, del apartado de autoridades responsables con carácter de ejecutoras, se aprecia que atribuyó la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, entre otras, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin embargo, la enunciada autoridad no posee facultades para cumplimentar la orden reclamada conforme a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, cabe señalar que si bien enuncia a los titulares de la Unidad de Apoyo Policial de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Cholula, lo cierto es que dichas áreas se encuentran bajo la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación; además de que de los antecedentes de la demanda no se desprende domicilio en el cuál pueda ejecutarse la orden reclamada o razón alguna por la que los titulares de las Unidades de Apoyo Policial de las demarcaciones territoriales que indica, son las que van a ejecutar la orden que reclama, ya sea en su extensión territorial donde se encuentran asignadas como lo es Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Cholula, o fuera de estas; máxime que de sus antecedentes se desprende que actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (San Miguel). En todo caso, para evitar la confusión de saber sobre qué titular, de qué demarcación territorial ejecutará la orden de aprehensión, ello para evitar dilaciones innecesarias al momento de requerir de sus informes previos y justificados, como ha sucedido en otros juicios de amparo de este órgano jurisdiccional (situación que se cita como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que, lo conducente sería tener únicamente como responsable ejecutora a la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación, ya que es la autoridad que conoce y administra a los titulares de las Unidades de Apoyo Policial de la Entidad, entre otras cosas, para la ejecución de órdenes de esa naturaleza (aprehensión). De ahí la necesidad de que se aclare la demanda respecto del acto reclamado relativo a la vinculación a proceso, así como por cuanto hace a las autoridades ejecutoras, por las razones expuestas en líneas previas. En el entendido de que el quejoso no puede variar los antecedentes manifestados en su escrito de tutela, pues ya otorgó la protesta de decir verdad. De modo que si en el escrito aclaratorio intentara mantener el señalamiento contra las dependencias transcritas, con antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al momento de presentar la demanda de protección. Cabe destacar que la aclaración debe realizarla el promovente, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de autoridades responsables, actos reclamados y menos el solicitante de la protección, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, y 114 fracciones IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. En caso de insistir en señalar como acto reclamado el auto de vinculación a proceso dictado en su contra indique cada uno de los siguientes elementos: el nombre, en específico, del Juez de Control que emitió dicha determinación, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y si en la misma sobre la vinculación, o bien si se acogió al plazo de setenta y dos horas para que le fuera resuelta su situación jurídica y por tanto deberá indicar la fecha en que se le dictó auto de vinculación a proceso; además deberá indicar el número de carpeta administrativa donde se emitió dicho acto, así como el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado a proceso; o en su caso 2. Refiera si desea limitar el acto reclamado a la orden de aprehensión dictada en su contra; 3. En caso de reclamar, exclusivamente la orden de aprehensión dictada en su contra, aclare si limita el señalamiento de las autoridades ejecutoras al Titular de la Agencia Estatal de Investigación o si persiste en el señalamiento de las autoridades ejecutoras a las que hizo referencia en su escrito de protección, deberá manifestarlo de forma textual, sin perjuicio que respecto a estas se pueda desechar la demanda de amparo. Al margen de lo anterior, se informa al promovente que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta- con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a requerirle su ratificación, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Copias del escrito aclaratorio. Se requiere al promovente que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si obtiene su firma electrónica y presenta con esta su escrito aclaratorio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el indicado en la demanda (ubicado en la zona conurbada de este órgano jurisdiccional, esto es, en el municipio de San Andrés Cholula), sin perjuicio que las notificaciones que le sean estrictamente personales, se realizarán en su lugar de reclusión. Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ++++++, porque aquél le otorgó esas facultades y se encontró el registro de la cédula profesional del nombrado, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. La demanda revela que el promovente ofreció una dirección de correo electrónico, para ser contactado. Entonces, se determina que el correo electrónico ++, podrá ser utilizado por cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, únicamente como medios de contacto, dado el estado actual de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pero deberá seguir el protocolo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, para la práctica de notificaciones personales, y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; personalmente al quejoso (tanto en su domicilio procesal ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, como en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, con las medidas de protección) y cúmplase
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