Leoncio Manuel Salvador Garcia
Expediente 1247/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leoncio Manuel Salvador Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 535 signado por el Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvió los autos originales del toca penal JOTP/74/2018, de su índice, así como un disco DVD, y copia certificada de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, mediante la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acusa recibo del diverso 6172/2019 de este índice, con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 1247/2018 y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada en el juicio de amparo de que se trata, e informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación, quedando registrado con el número 142/2019 de esa estadística. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, firmado por el quejoso LEONCIO MANUEL SALVADOR GARCÍA, en atención a su contenido se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de revisión que hace valer la parte quejosa; para lo cual se ordena a la Secretaria vigilar el cumplimiento del mandato; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1247/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 2-10) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y el mismo día este juzgado por razón de turno, LEONCIO MANUEL SALVADOR GARCÍA, solicitó la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- En su carácter de autoridad ordenadora: Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. b).- En su carácter de autoridad ejecutora.- Al C. Juez de Control, en materia penal del distrito judicial de san juan bautista Tuxtepec Oaxaca, al resolver la causa penal: 287/2017. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, señalo: De la autoridad señalada como ordenadora. La resolución emitida por la Quinta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que revoca el auto de no vinculación emitida por el c. Juez de Control, en materia penal del distrito judicial de san juan bautista Tuxtepec Oaxaca, con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho., en donde se declaró la revocación del auto de no vinculación de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 287/2017 Determinación que fue emitida por el Tribunal de Alzada, en el toca JOTP/74/2018., en su resolutivo segundo y tercero. De la autoridad señalada como ejecutora señalo: El cumplimiento de la resolución emitida por la Quinta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca., por parte del c. Juez de Control, en materia penal del distrito judicial de san juan bautista Tuxtepec Oaxaca." Acto que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 2, 3, 14, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 11-13), este Juzgado admitió la demanda con el número 1247/2018, con incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la realización de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal 74/2018, que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en contra de Leoncio Manuel Salvador García, por el hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, y en su lugar, ordenó al juez penal que previa a las partes, en audiencia resolviera la situación jurídica del imputado, tomando en consideración lo precisado por esa Sala. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado (fojas 23 y 26). Para sustentar lo anterior, las autoridades responsables remitieron el toca penal 74/2018 y un DVD que contiene la audiencia de comunicación de la imputación y la causa penal 287/2017 en formato PDF, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al 2º numeral de este último ordenamiento legal. CUARTO. No se realizará el estudio del fondo de la controversia planteada, pues en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, en atención a lo establecido en el artículo 62 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los artículos transcritos se ve que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de donde se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. L/2015 (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Materias Constitucional y Común, pagina 1069, con el rubro y contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". En el presente caso, el quejoso reclama la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal 74/2018, que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en contra de Leoncio Manuel Salvador García, por el hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, y en su lugar, ordenó al juez penal, que previa a las partes, en audiencia resolviera la situación jurídica del imputado, tomando en consideración lo precisado por esa Sala. Tal determinación, como se anunció, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, las consecuencias de dicho acto no implican tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio del derecho involucrado; por lo que con su dictado solo produce lesiones de naturaleza formal. Es decir, para que para delimitar esa irreparabilidad, se necesitan dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Lo anterior, porque en este caso, la resolución dictada en el recurso de apelación que revocó el auto de no vinculación a proceso a favor de Leoncio Manuel Salvador García, tiene efectos procesales o adjetivos, porque la resolución reclamada en esta instancia no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, esto es, no se pronunció respecto si se acreditó o no el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, y tampoco sobre la probable autoría del imputado ahora quejoso; pues en esa determinación, únicamente se ordenó al Juez de Control responsable, que citara a las partes a una audiencia, y resolviera la situación jurídica de Leoncio Manuel Salvador García, tomando en consideración lo precisado por esa, que en esencia es lo siguiente: ".en el caso la víctima directa menor de edad con iniciales I.G.S.P., se encuentra en un doble estado de vulnerabilidad, ya que, por una parte, es mujer y, por otra, es una niña, a los que pueden sumarse otros estados de vulnerabilidad. [.] 29. El segundo párrafo del artículo primero de la Carta Magna, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia normativa constitucional y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de esos derechos a partir del principio pro persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de su suspensión extraordinaria. 30. Por su parte, el párrafo noveno del numeral 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. [.] 32. Por esa razón, es relevante en este tipo de casos de delitos en los que están involucradas las niñas y niños, cuyo agresor es su progenitor y esposo de su progenitora, aplicar la normativa relativa al interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. 37. el legislador lo que pretendió reconocer al adicionar el artículo 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca, es la importancia y sensibilidad de atender a la brevedad el tema de violencia familiar y la protección de los menores, primordialmente su subsistencia y calidad de vida. [.]. 39. El contenido del artículo anterior no contempla el nacimiento de la obligación de ministrar alimentos por algún medio o acto jurídico específico, sino que únicamente prevé como condición el incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria. 45. Por ello, en el asunto, son fundados los agravios del agente del Ministerio Público, ya que el juez de control inobservó que la obligación de proporcionar alimentos, a los hijos, surge desde que se tiene el carácter de acreedor alimentario, esto es, cuando se adquiere la calidad de padre e hijo, y no necesariamente por una sentencia en un juicio de controversias del orden familiar. 46. De ahí que, le asiste razón al inconforme al señalar que el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, es de omisión propia, por lo que se configura con la falta de cumplimiento de los deberes alimentarios, que derivan de las normas del derecho familiar y no de una declaración judicial sobre esa obligación y condena al pago de alimentos. [.] 54. Consecuentemente, la obligación de dar alimentos no encuentra su origen exclusivamente en un acto jurídico específico (como la sentencia civil), sino de la ubicación de una persona como acreedor alimentario en términos de la ley civil aplicable; en virtud de que las leyes penales sancionan a los deudores cuando incumplen, independientemente de que haya o no una resolución judicial de por medio, ya que basta considerar el bien jurídico tutelado por la ley penal, consistente en el derecho a la integridad de los miembros que conforman ciertas relaciones sociales, cuyo derecho puede comprimirse, independientemente de que exista o no un mandato judicial. [.] 61. Así, derivado de lo expuesto, se advierte que fue equivocada la argumentación del juzgador al establecer que para la configuración del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, es necesario que exista una determinación judicial y que esta sea una sentencia condenatoria y con incidente de ejecución. [.]". Como se ve, la Sala responsable no emitió pronunciamiento que impida en forma actual el ejercicio de derechos sustantivos de la quejosa como de la vida, patrimonio, libertad, posesión o propiedad, solo ocasiona que el Juez de Control responsable deje insubsistente el auto de no vinculación a proceso a favor del ahora quejoso, y en su lugar, cite a las partes a una audiencia y resuelva su situación jurídica en cuanto al hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y la probable autoría del imputado, con la obligación de tomar en cuenta lo expuesto por la Sala en la resolución reclamada, esto es, en esencia, que la víctima menor de edad se encuentra en un doble estado de vulnerabilidad al ser mujer y niña; la obligación constitucional la interpretación conforme a partir del principio pro persona, que es imperativo para el Estado velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez; el contenido del artículo 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca no contempla el nacimiento de la obligación de ministrar alimentos por una sentencia en un juicio de controversias del orden familiar, sino únicamente prevé como condición el incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria, por lo que no es necesario que exista una determinación judicial y que esta sea una sentencia condenatoria y con incidente de ejecución para la configuración del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Por lo tanto, será cuando el Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca resuelva la situación jurídica del quejoso cuando en su caso, resienta algún perjuicio en su esfera de derechos, pues hasta ahora, se desconoce el sentido en que se pronunciará. Por las razones que se contienen, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Así, al configurarse la aludida causa de improcedencia, prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior, no obstante que no se hubiera emplazado a la parte tercera interesada, pues al sobreseerse la instancia constitucional ningún agravio se le irroga y de aplazarse la realización de la audiencia constitucional se generaría una mayor dilación, al carecer de legitimación para impugnar el sobreseimiento al quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2013630 , Libro 39 febrero de 2017, Tomo I, página 556, del título y contenido: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". QUINTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por LEONCIO MANUEL SALVADOR GARCÍA. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEÓN, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa ante la Secretaria licenciada Viviana Alejandra Pinacho Jiménez, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
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