Leoncio Enciso Lozano
Expediente 3622/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3622/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2018
Partes del expediente
- Leoncio Enciso Lozano
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la resolución dictada el cinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 28 a 30), en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/jacobo
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a través del cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, allega documentales relativas al juicio de origen, las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, revisadas que fueron las documentales de mérito, es dable advertir que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que los efectos del acto reclamado han cesado y, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite de este juicio. Se afirma lo anterior, en virtud que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además, dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juzgador a esperar la data señalada para la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77 de la ley de la materia; como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud de que la quejosa promovió esta instancia constitucional, en razón de la falta de acordar los escritos de siete y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, así como de veintinueve de marzo, tres de julio, quince de agosto, veinticuatro de octubre y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, de las documentales exhibidas por la responsable junto con su informe de ley recibido en la primera parte de este acuerdo, se advierte que el tres de enero de este año, la autoridad responsable dictó auto en el que se pronunció respecto de los escritos de siete y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, así como de veintinueve de marzo, tres de julio, quince de agosto, veinticuatro de octubre y veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, presentados por el abogado patrono de la parte actora -aquí quejoso- ante dicha instancia; lo que resulta suficiente para tener por demostrado que los efectos del acto reclamado han cesado. Medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por ser documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, sin duda alguna es válido concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por el acto de autoridad. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por tanto, se insiste, ya no ocasiona agravio alguno al quejoso; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VI, Noviembre de 1997, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de todo lo expuesto, se sobresee en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley; déjese sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas del doce de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, quien autoriza y da fe.- Doy fe. LAPT/DANH/suly
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco; mediante el cual, en relación al requerimiento formulado por este juzgado en auto de dieciocho de diciembre del año pasado (foja 724), realiza manifestaciones en el sentido de que no cuenta con el numerario suficiente a fin de estar en posibilidad de devolver al quejoso la cantidad ordenada en este sumario toda vez que para ello necesita realizar diversas gestiones, motivo por el cual solicita que se le conceda una prórroga para ello. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, atendiendo a lo indicado por la oficiante, se otorga a la Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, una prórroga de tres días a efecto de que allegue fotocopias certificadas de las que se advierta que fue entregada a la parte quejosa la cantidad ordenada en este sumario o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo así, sin causa justificada, conforme dispone el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá multa de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/jacobo
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes
- Leonardo Josafath Medina Romero1501/2020
- Leonardo Mireles Escobedo3732/2017
- Leonardo Orozco López44/2023
- Leonardo Rafael Cuevas Vargas1535/2018
- Leonardo Ventura Luna1343/2020
- Leonardo Yañez Rangel3257/2017
- Leonel Adrián Romo Soltero1736/2018
- Leonel Barajas Saragoza2166/2023
- Leonel Barajas Zaragoza129/2022
- Leonel Guzmán Gaytán1985/2018
- Leonel Mondragón Castañeda2966/2016
- Leonel Mondragón Castañeda1159/2015